Document - Croacia: Homicidios impunes tras la Operacion Tormenta

CROATIA Croacia: Homicidios impunes tras la Operacion Tormenta

[NO PUBLICAR ANTES DEL 4 DE AGOSTO DE 1998] Público

Amnistía Internacional

CROACIA
Homicidios impunes tras la Operación Tormenta

Agosto de 1998 RESUMEN ÍNDICE AI: EUR 64/04/98/s

DISTR: SC/PO/CO/GR (30/98)

En 1995, las fuerzas de seguridad croatas emprendieron sendas ofensivas denominadas Operación Centella y Operación Tormenta, con las que sometieron al control del gobierno croata la región de la Krajina. Durante esas operaciones, y después de ellas, se cometieron violaciones de derechos humanos que, tres años después, las autoridades croatas no han investigado adecuadamente, especialmente centenares de homicidios cometidos por soldados del Ejército Croata o por agentes de policía, entre ellos ejecuciones extrajudiciales bien documentadas. Asimismo, las autoridades croatas tampoco han adoptado las medidas oportunas para procesar debidamente a los responsables. En aquel entonces se dio notable publicidad a estas y otras violaciones de derechos humanos, como «desapariciones», torturas (violación de mujeres incluida), un ingente programa de destrucción sistemática de viviendas, intentos de expulsión masiva de población, y malos tratos generalizados. Sin embargo, y a pesar las exigencias de la comunidad internacional para que las autoridades croatas tomasen las medidas oportunas, sigue sin reconocerse la comisión de los crímenes, que continúan sin ser investigados, y los perpetradores permanecen impunes. El caso más notorio del que las autoridades de Croacia han hecho caso omiso es el homicidio en la aldea de Grubori, situada en el valle de Plavno, de al menos cinco serbios de Croacia (posiblemente seis), en su mayoría ancianos. En todo caso, hay todavía centenares de casos más en los que a las víctimas no se les ha proporcionado la justicia ni reintegrado la dignidad que merecen.

Las autoridades croatas han intentado convencer a Amnistía Internacional y a la comunidad internacional en su conjunto de que sí han tomado las medidas que eran precisas en respuesta a las violaciones de derechos humanos cometidas tras las ofensivas de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ante los tribunales han prestado declaración ex agentes de policía que han asegurado que su órdenes no consistían en proteger a la población civil, como han informado las autoridades a la comunidad internacional, sino en proteger bienes culturales o en disparar contra todo lo que se moviera.

En ningún momento han proporcionado las autoridades información pormenorizada sobre los casos específicos que se les han presentado. Por el contrario, han respondido a los motivos de preocupación planteados señalando que se encontraba en curso una enorme cantidad de investigaciones y procesamientos. De las 2.849 causas que en junio de 1996 las autoridades aseguraban encontrarse en fase procesal, menos del dos por ciento se referían a sucesos de homicidios, ello a pesar de que, conforme a los propios datos estadísticos revelados por las autoridades en noviembre de 1995, más de 450 de los 900 cadáveres que habían inhumado hasta entonces eran de civiles. Aunque en enero de 1998 las autoridades croatas aseguraron que ante los tribunales había 5.580 causas, esta cifra, más que reflejar que se estaban procesando casos adicionales referidos a las Operaciones Centella y Tormenta, lo que en realidad ponía de manifiesto era que había aumentado el número de actos delictivos comunes cometidos entre 1996 y 1998. Aunque las autoridades prometieron prioridad para el reducido número de causas originadas a raíz de las Operaciones Centella y Tormenta que en 1996 finalmente se concretaron en procesamientos, varias de ellas aún no han llegado a la fase de juicio oral a pesar de haberse dictado órdenes de procesamiento en 1995 o 1996.

Las investigaciones emprendidas sobre los homicidios han sido inadecuadas. Las autoridades no preservaron pruebas, no protegieron lugares en los que habían ocurrido los sucesos, y no está del todo claro si se realizó autopsia alguna a las personas que razonablemente se sospechaba que no habían muerto por causas naturales. Ahora las autoridades aseguran, además, que no hay información relativa a varios casos de homicidios que se sabe con certeza que ya habían documentado anteriormente.

El hecho de que persista la impunidad por estos crímenes es un factor que contribuye enormemente a la continuada falta de confianza en las autoridades croatas por parte de los serbios de Croacia. Si bien por un lado esa impunidad se debe a que muchos testigos tienen aún demasiado miedo para denunciar los crímenes, ello no exime a las autoridades croatas de su deber de investigar y procesar a los responsables. En los procesamientos que emprendan los tribunales nacionales de Croacia deben incluirse las pruebas y la documentación aportada por las organizaciones internacionales en 1995.

Para acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de las Operaciones Centella y Tormenta en 1995, y para poner remedio a los que entonces fueron inapropiados procedimientos de investigación y procesamiento, Amnistía Internacional recomienda que las autoridades emprendan investigaciones y procesamientos sin dilación, de forma independiente, imparcial y exhaustiva. La organización recomienda también que proporcionen reparación a las víctimas y que adopten, para evitar nuevas violaciones en el futuro, medidas que cumplan estrictamente la legislación y las normas internacionales. Amnistía Internacional ha recomendado medidas concretas que deben adoptar las autoridades para cumplir plenamente esas obligaciones. La organización también ha recomendado que el gobierno tome medidas con las que se averigüe si hubo algún intento de encubrir los crímenes cometidos durante y después de las Operaciones Centella y Tormenta.

Que las víctimas y sus familiares recuperen la dignidad ha de ser cuestión prioritaria. Para los familiares de los «desaparecidos», ya lo fueran a manos de fuerzas gubernamentales o de entidades no gubernamentales, esto significa una tumba sobre la que poder llorar. Para los familiares de las víctimas enterradas en «fosas de jardín», esto significa una tumba debidamente identificada ante la que los descendientes puedan acudir y recordar a sus seres queridos muertos. Para los familiares de aquellos cuyos restos han sido inhumados bajo un hacinamiento de ristras de cruces de madera en cementerios municipales, esto significa un funeral en el panteón familiar con una lápida como es debido.

Nadie ha olvidado lo más mínimo las violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de la Operación Tormenta. Si no se actúa ya, la inmensa mayoría de sus perpetradores no tendrán nunca que hacer frente a las atrocidades que cometieron, las víctimas posiblemente queden sin justicia por los actos que se perpetraron contra ellas, y se corre el peligro de que los hechos se pierdan para la historia. Existe un riesgo grave y cierto de que las autoridades croatas al final logren sentar el precedente de que, si uno deja pasar las cosas y hace oídos sordos a las críticas y a las denuncias, al final la comunidad internacional pierda el interés y siga su camino.

PALABRAS CLAVE: EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1/ IMPUNIDAD1 / MILITARES / POLICÍA / AVANZADA EDAD / MUJERES / REFUGIADOS / DELEGACIONES DE AI / DESTRUCCIÓN DE ALDEAS / DESAPARICIONES / AGRESIÓN SEXUAL / AI Y LOS GOBIERNOS

Este texto resume el documento Croacia: Homicidios impunes tras la Operación Tormenta (Índice AI: EUR 64/04/98/s), publicado por Amnistía Internacional en agosto de 1998. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deben consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Agosto de 1998
Índice AI: EUR 64/04/98/s
Distr: SC/PO/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[NO PUBLICAR ANTES DEL 4 DE AGOSTO DE 1998] Público

Amnistía Internacional

CROACIA
Homicidios impunes tras la Operación Tormenta

Arriba: Cadáver de Miloš Grubor, abatido a tiros el 25 de agosto de 1995, filmado por periodistas de la United Nations Television. Derecha: Manchas de sangre en el suelo del dormitorio de Miloš Grubor, mayo de 1998.

CROACIA
Homicidios impunes tras la Operación Tormenta

Mirada retrospectiva a 1995 sobre la recién tomada región de la Krajina, Croacia.

Stoliƒi parecía casi un pueblo fantasma cuando a él llegaron los integrantes de una delegación de Amnistía Internacional que visitaba la región de la Krajina en septiembre de 1995, poco después de habérsela arrebatado las fuerzas croatas a los rebeldes serbios mediante la Operación Tormenta, emprendida al amanecer del 4 de agosto de 1995. Pocos eran los que quedaban en el pueblo. Ante el avance de las fuerzas gubernamentales croatas la mayoría de la población había huido a Serbia o a otras zonas de Bosnia y Herzegovina controladas por los serbios. Durante una semana había yacido una anciana de 81 años en su casa, postrada por las heridas y la conmoción que la explosión de un lanzagranadas abandonado por los serbios de Croacia le había ocasionado y que un soldado del Ejército Croata había hecho estallar en su jardín estando ella sentada en un tosco asiento labrado en el tronco de un árbol. Ningún médico la había atendido. Los soldados croatas habían saqueado y dejado en ruinas la casa de uno de sus vecinos, que había huido a ocultarse a los bosques de las cercanías durante los primeros días de la operación. El vecino pudo después mostrar a los delegados los restos de su hogar: camas volcadas, ropa sacada de los armarios y tirada por el suelo, el cristal de una ventana hecho añicos por las balas, la pared de su dormitorio acribillada por esas mismas balas.

A poca distancia detrás de esa casa, camino ya de las montañas, vivía un anciano casi ciego, casi sordo y solo. Nada sabía de su esposa desde que comenzó la operación del gobierno croata. Confiaba en que se las habría arreglado para marchar con los otros refugiados del pueblo en una gran huida que orientó sus pasos hacia el norte de Bosnia y hacia Serbia. En la planta baja de la vivienda no quedaba una sola ventana intacta. El 12 de septiembre, una semana antes de la visita de la delegación, dos soldados del Ejército Croata habían llegado al lugar y le habían preguntado si tenía algún arma de fuego. Al marcharse arrojaron al interior de la casa tres granadas de mano. En las paredes del cuarto de aseo había extensas salpicaduras de sangre, con toda probabilidad de sus heridas. El suelo estaba cubierto con los cascotes de los azulejos. Sus vecinos habían cuidado de él lo mejor que habían podido. «Le dimos un poco de pan, un poco de agua» )dijeron). No lejos de allí se pudría en un jardín un burro muerto. Ninguno de los ancianos que había en el pueblo, los únicos que habían quedado, tenía la energía suficiente para enterrarlo o llevarlo a otro sitio.

Estas gentes se consideraban afortunadas por seguir vivas. Dos días antes de llegar al lugar la delegación de Amnistía Internacional, uno de ellos había ido a visitar a una anciana de 74 años que vivía no lejos de allí y a quien la última vez que vio, la semana anterior, gozaba de buena salud. No la encontró. Habían pegado fuego a su casa y lo que no había ardido estaba en ruinas. Los ancianos hablaron temerosos y en voz baja de tres personas a las que habían matado y enterrado en secreto en un pueblo próximo. Al preguntárseles si iban a informar de ello a la policía civil croata dijeron que sí, que lo harían, pero sin convicción alguna.

Pero incluso aunque realmente lo hubieran deseado, habrían tenido dificultades para ello. A pesar de que a sólo unos cuantos kilómetros los automóviles de la policía circulaban por la carretera principal en una y otra dirección, en el momento de la visita de los delegados de Amnistía Internacional )39 días después de la Operación Tormenta) la policía únicamente había visitado el pueblo en dos ocasiones, la última de ellas hacía 12 días. Los habitantes del pueblo contaban que la policía, cuando aparecía por el lugar, se comportaba correctamente, pero que era incapaz de ofrecer ningún tipo de protección adecuada. Los soldados, dijeron, sí pasaban por el pueblo casi todos los días.

Estos no fueron ejemplos aislados. Informes similares sobre abusos le fueron proporcionados a Amnistía Internacional una y otra vez en los pocos pueblos en que quedaban serbios de Croacia. La mayoría de los pueblos estaban deshabitados: incendiados, saqueados y reducidos a ruinas. Lo que los saqueadores desechaban había quedado, sencillamente, tirado por las calles o apilado para hacer hogueras. Por carreteras y caminos había esparcidos montones de ropas, juguetes, libros escolares, álbumes de fotografías familiares. Cerdos, ovejas, caballos y burros erraban por doquier sin nadie que se ocupara de ellos; otros yacían muertos y descomponiéndose.

Dado el ambiente de inseguridad en que vivían los serbios que habían quedado, muchos eran reacios a informar sobre incidentes. De hecho, la ausencia de toda vigilancia policial y de comunicaciones en los pueblos significaba que informar sobre esos sucesos fuese muy difícil y que las garantías de protección posterior fueran raras y no consideradas fiables. En uno de los pueblos visitados, en torno a un kilómetro de distancia de la carretera principal, los delegados de Amnistía Internacional hallaron los cuerpos en descomposición de dos hombres vestidos con ropas civiles. A uno le habían pegado un tiro en la cabeza y, según parecía, había sido víctima de ejecución extrajudicial. Al parecer, los que vivían en la zona estaban demasiado asustados como para informar sobre la existencia de los cadáveres a los miembros de las fuerzas para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (ONU), y, ni que decir tiene, a las autoridades croatas. Los delegados visitaron también las tumbas en las que los residentes de la región habían enterrado a otras víctimas en secreto, igualmente por miedo a informar sobre su muerte a la ONU o a las autoridades croatas.

La región de la Krajina, tres años después

Al viajar por la región de la Krajina tres años después aún se aprecia en el aire de los campos un ambiente enrarecido. La mayoría de las casas permanecen completamente destruidas por el fuego o los saqueos, y en los campos las hierbas han crecido sin medida. Aquí y allá, ocasionalmente, algún campo cosechado o una colada de ropa puesta a secar al aire indican que hay vida. Pero lo habitual es que entre las ropas puestas a secar haya uniformes militares, o que los automóviles estacionados ante las casas tengan matrícula de Bosnia y Herzegovina. Aparte de propiedades devastadas, no queda ni rastro de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los cementerios municipales están repletos de ristras interminables de cruces de madera marcadas sólo con números y las iniciales «NN» (sin identificar).

Cementerio de Knin, mayo de 1998.
La actitud de la mayoría de las organizaciones que ahora trabajan en Croacia es mantener la mirada en el futuro. Las autoridades y opinión pública de Croacia en general a lo que aspiran es a la integración europea. Aunque las autoridades croatas no regatean esfuerzos para facilitar la resolución de casos de «desaparición» cuando las víctimas son de nacionalidad croata, por más que persiguen con firmeza a los serbios de Croacia y a otras personas acusadas de haber cometido crímenes de guerra contra víctimas croatas, y a pesar de que facilitan el retorno de croatas desplazados a sus lugares de origen en Croacia, poco ha sido lo que verdaderamente han hecho para ocuparse de las violaciones cometidas por los de su propio bando. La autoridades croatas han obligado a permanecer en el exilio a los serbios de Croacia que huyeron en 1995, poniéndoles obstáculos, administrativos y físicos (como la violencia), para impedir el regreso a su país de origen. Por su parte, mucho ha sido lo que la comunidad internacional ha clamado inflexiblemente para que las autoridades croatas ayuden a sus ciudadanos de facto a regresar a Croacia. A pesar de todo ello, no se ha prestado atención alguna a la persistencia de la impunidad por las violaciones de derechos humanos que sufrieron los serbios de Croacia que no se marcharon en 1995. Sigue sin reconocerse la comisión de los crímenes, que continúan sin ser investigados, y los perpetradores permanecen impunes.

Información general

Las exigencias de independencia de la República Socialista Federal de Yugoslavia proclamadas por los políticos nacionalistas croatas vencedores de las elecciones multipartidistas de 1990 se encontraron con la enérgica oposición de muchos serbios de Croacia, que por entonces constituían aproximadamente el 11,5 por ciento de la población de esa república yugoslava de 4,5 millones de habitantes. Los dirigentes de los enclaves serbios de Croacia hicieron saber en aquel entonces que si la República Croata optaba finalmente por la independencia exigirían la redefinición de las fronteras internas entre las repúblicas de lo que entonces era Yugoslavia para que las zonas croatas con población predominantemente serbia pudieran escindirse de Croacia e incorporarse a la República de Serbia. Esta reivindicación contó con el apoyo de los líderes serbios de Belgrado (la capital de la antigua Yugoslavia), que adujeron que el derecho a la autodeterminación no podía limitarse a los croatas.(1)

Al concluir 1990, fuerzas paramilitares serbias habían establecido su control de hecho sobre ciertas áreas de Croacia y empezaron a proclamarlas «distritos serbios autónomos». Para separar a las partes en los frecuentes enfrentamientos que se producían entre fuerzas paramilitares locales y serbias, de un lado, y fuerzas de seguridad croatas, por otro, se procedió a desplegar el Ejército Nacional Yugoslavo. Las autoridades croatas no tardaron en cuestionar la imparcialidad del Ejército Nacional, al que acusaron de proteger a los serbios de Croacia en su campaña por ganar territorio. Tras la declaración de independencia de Croacia el 25 de junio de 1991 se intensificaron los combates y, en enero de 1992, cuando entró en vigor el primer cese de hostilidades efectivo, más de un tercio de Croacia se encontraba ya bajo el control de los rebeldes serbios, territorio que los líderes serbios de Croacia proclamaron como «República Srpska de la Krajina».

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha abierto un proceso al menos por una de las graves violaciones de derechos humanos que se perpetraron durante el conflicto de 1991: La ejecución, en noviembre de 1991, de 200 pacientes del hospital de Vukovar a manos del Ejército Nacional Yugoslavo. Todos los sospechosos de aquel acto contra los que el Tribunal Penal Internacional dictó acta pública de procesamiento continúan disfrutando de libertad en la actual República Federativa de Yugoslavia. Sin embargo, fueron muchas más las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado, como ejecuciones extrajudiciales, homicidios arbitrarios y deliberados, tortura (incluida la violación de mujeres) y malos tratos infligidos tanto a civiles como a detenidos. Los serbios de Croacia también expulsaron en masa de sus hogares a muchos croatas. Para más información sobre algunos de los más graves abusos contra los derechos humanos cometidos por las distintas fuerzas implicadas en el conflicto de 1991, véanse los documentos de Amnistía Internacional Yugoslavia: Tortura y homicidios deliberados y arbitrarios en zonas de guerra (Índice AI: EUR 48/26/91/s), de noviembre de 1991, y Nuevos informes de tortura y homicidios deliberados y arbitrarios en zonas de guerra (Índice AI: EUR 48/13/92/s), de febrero de 1992.

Croacia en abril de 1995

Gracias a los esfuerzos diplomáticos internacionales que acompañaron el último cese de hostilidades se estableció una fuerza para el mantenimiento de la paz, la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNPROFOR), que se desplegó por determinadas partes de Croacia, denominadas «Zonas Protegidas por las Naciones Unidas» (UNPA). Estas áreas se dividieron a su vez en cuatro: los Sectores Norte, Sur, Este y Oeste. La mayor parte de las Zonas Protegidas estaba en manos de los serbios de Croacia. Sólo dos, los Sectores Norte y Sur, eran territorios contiguos, que comprendían la zona del «codo» interior de Croacia. El Sector Oeste quedaba separado de los anteriores hacia el norte de la frontera con Bosnia y Herzegovina junto a la carretera principal procedente de Banja Luka, ciudad situada en lo que hoy es la República Srpska de Bosnia y Herzegovina. El Sector Este estaba constituido por una estrecha franja que discurría a lo largo de la frontera oriental de lo que hoy es la República Federativa de Yugoslavia, y en ella estaba incluida la ciudad de Vukovar.

La línea de confrontación permaneció inalterada desde su establecimiento con el cese de hostilidades de 1992, si se exceptúan ciertas áreas del Sector Sur, recuperadas en las ofensivas croatas de enero y septiembre de 1993. Esta línea pasó a convertirse en una frontera internacional de hecho con Croacia, bajo administración de la UNPROFOR, y por la que únicamente transitaban representantes de organizaciones intergubernamentales, de agencias humanitarias internacionales y periodistas.

En las zonas controladas por los serbios de Croacia permaneció un número relativamente pequeño de población croata o no serbia. Esta población se redujo gradualmente a medida que huían o se marchaban, en parte a consecuencia de los abusos que contra los derechos humanos cometían las autoridades serbias de facto, como actos de violencia o intimidación por parte de soldados o de civiles armados incontrolados.

En enero de 1995, Croacia, frustrada ante el fracaso de la operación para el mantenimiento de la paz en sus esfuerzos por reintegrar las áreas que habían quedado bajo el control de los serbios, anunció que no renovaría el mandato de la UNPROFOR. Se acordó un nuevo mandato y se cambió de nombre a la operación (Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia - ONURC), pero no se logró su plena aplicación antes de que las fuerzas croatas lanzasen una ofensiva, denominada Operación Centella (Bljesak), con la que se recuperó el control del Sector Oeste el 1 de mayo de 1995.

A fines de julio de 1995, fuerzas militares croatas de Bosnia y fuerzas militares del gobierno de Bosnia, aliadas con el Ejército Croata, consiguieron varias victorias militares en Bosnia y Herzegovina hacia el sureste del Sector Sur. Aprovechando esta ventaja militar, el 4 de agosto de 1995 el Ejército Croata emprendió una operación militar mucho más ambiciosa contra los Sectores Sur y Norte, denominada Operación Tormenta (Oluja). Al igual que sucedió en la Operación Centella, la resistencia que ofreció el ejército de la «República Srpska de la Krajina» fue mínima y, de hecho, la mayoría de las fuerzas serbias de Croacia huyeron a las zonas de Bosnia y Herzegovina que controlaban los serbios antes de que las propias fuerzas croatas llegaran a tomar el territorio en que se encontraban. Con ellos huyó también buena parte de la población serbia de Croacia que vivía en la región de la Krajina, aproximadamente 180.000 personas. El 5 de agosto, las fuerzas croatas se hicieron con el control de Knin, principal ciudad de la zona y capital de la «República Srpska de la Krajina», y pocos días después cesó toda resistencia serbia significativa.

Tras las Operación Tormenta permanecieron en los Sectores Norte y Sur aproximadamente 9.000 personas, la mayoría de ellas ancianos que vivían en zonas aisladas, y que no estaban dispuestas a abandonar las casas en que había pasado toda su vida. Muchos vivían completamente aislados y no era extraño encontrar aldeas en las que no habían quedado más de diez habitantes, y otras que habían quedado totalmente abandonadas.

Durante la Operación Tormenta, y poco después de concluida, se cometieron gran variedad de violaciones de derechos humanos. Entre ellas caben destacar graves abusos como ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones», torturas (violación de mujeres incluida), un ingente programa de destrucción sistemática de viviendas, intentos de expulsión masiva de población, y malos tratos generalizados.(2) Aunque, según los informes, la mayoría de los hechos indicados se cometió en los días y semanas inmediatamente posteriores a la operación,

Tumbas en el cementerio de Zadar. La cruz marcada con el número 813 tiene sólo la palabra «mujer».
estas violaciones de los derechos humanos siguieron perpetrándose durante varios meses; por su parte, Amnistía Internacional ha documentado homicidios, actos de violencia e intimidación hasta bien avanzado 1996, prácticas que, cumplido el año 1998, aún no habían sido erradicadas. Queda aún por conocerse la verdadera la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales, otros homicidios ilegítimos y «desapariciones». Fuentes oficiales croatas manifestaron haber inhumado 903 cadáveres hasta fines de noviembre de 1995, de los cuales aseguraron que 456 eran de civiles, 402 de soldados, y que los 45 restantes «habían sido hallados en condiciones que no permitían determinar la filiación de los fallecidos.»(3) Amnistía Internacional teme que en esas cifras esté incluido un elevado porcentaje de personas ejecutadas extrajudicialmente o a las que se mató de forma ilegítima. El número de muertos es incluso probablemente muy superior al recopilado en las estadísticas oficiales. En ciertos casos, vecinos o familiares enterraron a los fallecidos sin informar de nada a las autoridades ni al personal de la ONU, al tener miedo por su propia seguridad. Temían especialmente la posibilidad de que los autores de los homicidios estuvieran aún por la zona y pudieran regresar y tomar represalias. De hecho, todavía muchos temen que, si informan sobre los crímenes, serán ellos quienes sufran las consecuencias.

El mandato de la ONURC concluyó el 15 de enero de 1996. A medida que los componentes militares y civiles de la misión se retiraban de territorio croata se reducía simultáneamente la capacidad de la comunidad internacional de vigilar la situación humanitaria y de los derechos humanos. Los croatas defensores de los derechos humanos fueron entonces muy activos en la documentación de las violaciones y en manifestar su preocupación por la vulnerable población serbia de Croacia. Algunos, de hecho, fueron agredidos e insultados por su actividad en favor de los derechos humanos de ese sector de la población.

Durante 1996, las violaciones cometidas estaban aún muy recientes en la memoria de la comunidad internacional como para que ésta exigiera de las autoridades croatas que actuaran, investigasen, y procesasen a los responsables. Sin embargo, cuando la atención internacional se desplazó hacia el ingente proceso de aplicación de la paz en la vecina Bosnia y Herzegovina, la comunidad internacional dejó de insistir a las autoridades croatas que cumplieran sus promesas. La actual misión internacional en Croacia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se constituyó en 1997, y su cometido primordial consiste en el regreso de los serbios de Croacia a sus hogares de antes de la guerra.

Nadie ha olvidado lo más mínimo las violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de la Operación Tormenta. Si no se actúa ya, la inmensa mayoría de sus perpetradores no tendrán nunca que hacer frente a las atrocidades que cometieron, las víctimas posiblemente queden sin justicia por los actos que se perpetraron contra ellas, y se corre el peligro de que los hechos se pierdan para la historia. Existe un riesgo grave y cierto de que las autoridades croatas al final logren sentar el precedente de que, si uno deja pasar las cosas y hace oídos sordos a las críticas y a las denuncias, al final la comunidad internacional pierda el interés y siga su camino.

Ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos

Grubori: Un crimen olvidado

Uno de los casos mejor documentados que ocurrieron en 1995 fue el homicidio de al menos cinco serbios de Croacia, posiblemente seis, cometido el 25 de agosto en la aldea de Grubori, situada en el valle de Plavno, al norte de Knin. Aquel día los habitantes del pueblo se habían congregado en una escuela local próxima en la que esperaban reunirse con representantes de la ONU. Algunos de ellos dijeron haber visto de camino a la escuela soldados vestidos con uniformes de camuflaje verde oscuro dirigiéndose hacia las colinas camino de Grubori, situada en la altura y sólo accesible por un camino pedregoso. Seis de los 13 habitantes de la aldea de Grubori no asistieron a la reunión, varios de ellos porque eran demasiado viejos o estaban demasiado enfermos como para descender con facilidad hasta el lugar de la reunión.

El personal de la ONU, integrado por representantes de varias agencias, además de periodistas, celebró primero una reunión en otra localidad al otro extremo del valle. Las imágenes tomadas por los periodistas se incorporaron después en un breve documental para la Televisión de la ONU. Cuando se dirigían a esta otra reunión, poco antes del mediodía, el personal de la ONU observó la presencia de varios jeeps azules de la policía croata y aproximadamente tres furgonetas más grandes de color blanco estacionadas en línea en uno de los lados de la carretera que discurre por el centro del valle; los distintivos de la policía y las matrículas de Zagreb en los vehículos se aprecian perfectamente en las imágenes tomadas de algunos de esos vehículos. Poco después del mediodía, el personal de la ONU vio columnas de humo sobre algunos de los pueblos situados al otro lado del valle y pudo oir disparos que procedían de esa dirección. El personal de la ONU se dirigió a la aldea de Grubori para investigar y llegó poco antes de las dos de la tarde. Encontraron multitud de edificios que en esos momentos eran devorados por las llamas (a pesar de la fuerte lluvia) y regresaron a Knin, donde solicitaron la actuación de las autoridades civiles y policiales croatas. Posteriormente, ese mismo día, personal de la ONU y periodistas extranjeros regresaron a la aldea, donde los habitantes habían hallado el cadáver de Miloš Grubor, de 80 años de edad, tirado junto a su cama. Vestía pijama y yacía en un charco de sangre. En las imágenes que se filmaron de esos momentos se aprecian claros signos que indican que le pegaron un tiro en la cabeza a muy corta distancia. Según la información disponible, Jovo Grubor, de 65 años de edad, fue hallado muerto en un terreno próximo: lo habían degollado. La muerte de otras dos personas, Milica (Mika) Grubor (de 51 años) y Djuro Karanoviƒ (de 41, y sobrino de Jovo Grubor) se comunicó al personal de la ONU cuando volvió al lugar al día siguiente; los integrantes de la delegación apreciaron heridas de bala en la cabeza de los cadáveres. Los restos de una quinta víctima, Marija Grubor, de 90 años de edad, madre de Jovo Grubor, y abuela de Djuro Karanoviƒ, fueron hallados en las ruinas de su casa, que había sido incendiada. Sigue sin conocerse la suerte que corrió otro hombre, Jovan Grubor (de 73 años e hijo de Damjan), aunque los familiares aseguran haberlo visto en su casa poco antes de partir para la reunión y creen que pudo morir en el incendio de su vivienda y que quedó enterrado entre los escombros.

Imágenes de casas ardiendo en Grubori, el 25 de agosto de 1995, filmadas por United Nations Television.
El 26 de agosto, el equipo de la Televisión de las Naciones Unidas entrevistó al teniente general Ivan „ermak, gobernador militar croata de Knin. Las respuestas que ese día dio a las preguntas de los periodistas indicaban que las fuerzas antiterroristas de la policía civil se encontraban en esos momentos en plena operación de «barrido» del valle de Plavno. Sin embargo, el 27 de agosto, el teniente general „ermak concedió una entrevista a la televisión croata en la que calificó a la aldea de Grubori como «baluarte „etnik»(4), y aseguró que «habían encontrado aproximadamente a 10 personas que ofrecieron resistencia y que el pueblo había ardido. Tres miembros del grupo „etnik y dos civiles resultaron muertos en la operación». Después añadió: «He ido personalmente a la aldea de Grubor para ver lo que ocurrió y les he llevado a ustedes conmigo para comprobar los hechos y la verdad de lo sucedido, para evitar más imputaciones contra Croacia de que se están dando casos de incendios deliberados y de asesinatos.»(5)

El 31 de agosto de 1995, el teniente general „ermak remitió un escrito a la ONURC en el que de nuevo explicaba que los homicidios de Grubori habían sido la respuesta de las unidades de la Policía Especial Croata al ataque de unos ocho o diez miembros de «tropas enemigas», uno de los cuales al parecer era Djuro Karanoviƒ, presuntamente de 45 años de edad y procedente de Belgrado (los familiares han confirmado que, efectivamente, no vivía en Grubori, sino que estaba allí temporalmente con sus padres gracias a una visita organizada por la Cruz Roja). Al parecer los demás soldados habían huido internándose en las montañas hacia Strmica y la frontera con Bosnia y Herzegovina. El incendio de las casas se atribuía al uso de bazokas y a los enfrentamientos armados, y las muertes a tiros de Miloš Grubor, Jovo Grubor, y de «dos mujeres no identificadas» se atribuyeron a «heridas de trayectoria».

Amnistía Internacional escribió manifestando su preocupación por los homicidios de la aldea de Grubori en septiembre de 1995. La organización no ha recibido jamás respuesta alguna de las autoridades croatas sobre este caso en concreto. Es más, los homicidios de Grubori se mencionaron prácticamente en cada uno de los informes que las organizaciones internacionales publicaron en 1995 y 1996. En un informe remitido a la comunidad internacional en enero de 1996 (véase infra), las autoridades croatas indicaban que la policía había emprendido una investigación sobre los homicidios de Grubori justo el mismo día en que el personal de la ONU había estado allí (el 25 de agosto). Sin embargo, los observadores internacionales no pudieron apreciar ningún signo de que la policía hubiera iniciado investigación alguna cuando regresaron a la aldea el 26 de agosto y, además, los habitantes que quedaban les informaron que allí no había ido ningún policía. Sí dijeron los aldeanos que la policía se había pasado a recoger los cadáveres el 26 de agosto y que se los habían llevado a Knin para enterrarlos, contra el deseo de los familiares, que deseaban que fueran inhumados en el panteón familiar en Grubori, pero que en absoluto se había realizado una investigación pormenorizada. A pesar de que las organizaciones internacionales siguieron recordando en sus posteriores informes que no se había emprendido actuación alguna en relación con los sucesos de Grubori, las autoridades croatas en ningún momento aportaron ninguna aclaración adicional sobre las posibles medidas que pudieran haber adoptado para investigar el crimen, como tampoco copias de informes de autopsias o de otro tipo. En mayo de 1998, los fiscales pertinentes de las comarcas de Zadar y Šibenik informaron a los delegados de Amnistía Internacional que no tenían noticia de que se hubiera realizado alguna investigación o instrucción penal sobre los homicidios de la aldea de Grubori.

En mayo de 1998, los delegados de Amnistía Internacional visitaron Grubori. La aldea está completamente abandonada. Aún son visibles las manchas de sangre en el suelo de la casa en que mataron a Miloš Grubor. Los delegados hallaron en la habitación casquillos de bala y les pareció apreciar como si, infructuosamente, se hubiera intentado prender fuego en concreto a esa casa. Los escombros seguían amontonándose en lo que quedaba de la incendiada casa de Jovan Grubor (hijo de Damjan), y es muy posible que sus restos siguieran enterrados bajo ellos.

Centenares más de homicidios

A la mayoría de los homicidios cometidos en la Krajina durante 1995 no se les dio tanta publicidad como a los de Grubori, y la mayoría de ellos, igualmente, siguen si ser investigados. A fines de noviembre de 1995 el personal de la ONU había documentado la muerte de más de 200 personas, la mayoría de las cuales parecían ser civiles serbios de Croacia.(6) En la mayoría de estos casos, los cadáveres fueron vistos o descubiertos por personal de la ONU, quienes informaron de su existencia a las autoridades croatas, y sobre algunos las autoridades tardaron semanas en responder. En otros casos, personal de la ONU o de otras organizaciones internacionales constataron pruebas de homicidios, si bien por entonces se había eliminado todo rastro de cadáveres. Muchos de los cuerpos sin vida que vieron los observadores internacionales mostraban signos de haber sido muertos de forma ilegítima, como heridas de bala en la cabeza.

La documentación de la ONU, sin embargo, no incluye otros casos en que las muertes ni fueron descubiertas por personal internacional ni les fueron comunicadas, o en que los cadáveres u otras pruebas fueron descubiertas primero, o destruidas, por las autoridades croatas. Amnistía Internacional teme que el número de homicidios arbitrarios y deliberados sea muy superior a las cifras de muertos documentados por las organizaciones internacionales. Por ejemplo, las hermanas Andja y Draginja Dragaš, de avanzada edad, a quienes presuntamente se dio muerte a principios de septiembre de 1995, no estaban incluidas entre los 180 cadáveres documentados por el personal de la ONU en el Sector Sur durante esas fechas. Estas dos ancianas, una de las cuales estaba incapacitada y no podía levantarse de la cama, vivían solas en la aldea de Dronjci, próxima a Strmica, en las afueras de Knin. Tras el incendio de su casa, la policía croata halló en las ruinas de la vivienda los restos calcinados de los cuerpos. Un agente de la policía croata que había estado destinado por aquellas fechas en Strmica, y que en la actualidad está adscrito a otra localidad de la Krajina, está siendo procesado por la muerte a tiros de las dos mujeres y el incendio premeditado de la vivienda y dependencias colindantes (véase infra).

En los días inmediatamente posteriores al establecimiento del control croata sobre la zona se perpetraron multitud de ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, Predrag Simiƒ (nacido en 1965), quien según los informes cumplía una pena de cárcel que le habían impuesto las autoridades de facto serbias de Croacia porque se había negado a incorporarse a su ejército, fue liberado en torno a la fecha en que se llevó a cabo la Operación Tormenta. Regresó a su casa en la localidad de Orliƒ (al sur de Knin) y allí se encontró con que su familia ya había huido. Según los informes, plantó una bandera blanca frente a la casa para indicar que no ofrecería resistencia a las fuerzas gubernamentales croatas. El 6 de agosto de 1995, aproximadamente a las cuatro de la tarde, las fuerzas croatas entraron en Orliƒ. Un grupo de soldados se detuvo frente a la casa de la familia Simiƒ, sacaron a Predrag a la calle y lo mataron a tiros allí mismo. Varios días después los vecinos enterraron el cadáver en el jardín de la casa. Después, cuando los padres de Predag regresaron, trasladaron sus restos al camposanto de la iglesia de Orliƒ. Su madre sigue queriendo que se haga justicia por la muerte de su hijo pues asegura que, cuando trató de que el fiscal del tribunal de Knin emprendiera actuaciones judiciales por el homicidio, el magistrado presidente de la sala desestimó su denuncia.

Se cree que muchas de las víctimas eran ancianos o personas incapacitadas. El 8 de agosto, por ejemplo, dos soldados croatas mataron a tiros en Strmica a Joka Mizdrak, nacida aproximadamente en 1945; parece que no andaba todo lo deprisa que los soldados le habían urgido. El 2 de octubre, Dušan Šujica, nacido en 1927, fue hallado muerto en su casa, situada en las afueras de la aldea de Gudjara, en el valle de Zrmanje: lo habían degollado. La policía croata no permitió a su hermano ver el cadáver. El hermano vivía en otro lugar de Croacia pero se presentó en Gudjara en cuanto le informaron del homicidio. Tres días antes se había dado muerte a otro hombre de la aldea: Milan Mar…etiƒ, nacido en 1948. Estaba enfermo en la cama. Unos hombres que vestían uniforme militar le pegaron cuatro tiros delante de su propia madre, quien posteriormente falleció en abril de 1998. Los vecinos vieron a los hombres uniformados salir de la casa de los Mar…etiƒ y dirigirse a la de Dušan Šujica.

Donji Skrad, aldea del municipio de Bariloviƒ, próximo a Karlovac, se encuentra próxima a la anterior línea de confrontación del Sector Norte. La familia Dmitroviƒ tenía allí un complejo de varios edificios dispuestos en torno a un patio, y en uno de ellos, la casa más grande, vivían Nikola Dmitroviƒ (nacida en 1930) y Danica Dmitroviƒ (nacida en 1931). Allí había ido también la madre de Danica (Zorka Gazibara, nacida en 1910) en busca de refugio en las fechas en que se produjo la ofensiva del ejército croata. La madre de Nikola, Kata Dmitroviƒ (nacida en 1914), vivía en una casa más pequeña aneja también al patio, y, según los informes, sus familiares Stanka Kon…aloviƒ (nacido en 1905) y Smiljana Kon…aloviƒ (nacida en 1942) se encontraban también en su casa en las fechas de la ofensiva. Desde entonces nadie ha vuelto a verlos. Pruebas muy convincentes indican que los mataron y los enterraron en una fosa común al otro lado de la carretera que pasa frente a la casa. Varios días después de la Operación Tormenta, una familiar que reside en otro lugar de la misma aldea, preocupada por sus parientes, se dirigió a la casa. Al entrar en la vivienda notó que pisaba una sustancia pegajosa; cuando salió pudo comprobar que se trataba de sangre, pero en la habitación en que la había encontrado no había ni rastro de restos humanos. En el suelo quedaban marcas como de haber sacado cuerpos a la rastra hasta el otro lado de la carretera, donde la familiar advirtió un rodal en el que se había removido recientemente la tierra. En enero de 1996, un familiar que había ido a visitar la casa advirtió que del pozo del patio salía un olor extraño y llamó a la policía. A los familiares no les permitieron estar presentes cuando sacaron un cadáver del pozo y tampoco los llamaron para identificarlo. En cualquier caso, el cadáver acabó siendo identificado como el de Danica Dmitroviƒ y fue enterrado en un cementerio local. A los familiares jamás les entregaron copia alguna de informes de autopsia ni tampoco les dijeron cuál había sido la causa de la muerte. Los familiares tienen motivos convincentes para creer el relato de un testigo que ahora se encuentra fuera de Croacia y que asegura que estuvo oculto en los bosques próximos a la casa cuando se produjeron los homicidios. Según esta fuente, Nikola y Danica Dmitroviƒ, junto con Zorka Gazibara, se habían ocultado también en el bosque cuando llegó un grupo de soldados a la casa. Los soldados se llevaron a las tres a la habitación que Kata Dmitroviƒ utilizaba como dormitorio. Las mataron a todas salvo a Danica Dmitroviƒ, a quien el testigo asegura que los soldados violaron repetidamente y mataron al día siguiente arrojando después el cadáver al pozo. Los testigos han pedido la exhumación del misterioso lugar situado frente a la casa en que ellos creen que están enterrados en una fosa común los cadáveres de las víctimas no halladas. Los familiares, de todos modos, consideran y honran ya este lugar

Lugar que los familiares creen que es una fosa común, Donji Skrad.
como una tumba, pero aún así quieren que a sus seres queridos se los entierre adecuadamente en un cementerio bajo una lápida. Recurrieron a Amnistía Internacional en busca de ayuda para lograr la exhumación del lugar y el traslado de los cuerpos, dado que afirman que la policía les ha dicho que «no lo harán hasta que todas las víctimas croatas hayan sido exhumadas en Vukovar».

En los muros de la casa de Kata Dmitroviƒ todavía se aprecian claramente manchas rojizas, muy posiblemente de sangre. Aproximadamente a 200 metros de la casa de los Dmitroviƒ se ha erigido un monumento conmemorativo de tres oficiales del Ejército Croata en el que figuran sus nombres y la fecha del 5 de agosto de 1995.

«Desapariciones»

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a principios de 1998 todavía había aproximadamente 700 serbios de Croacia sobre quienes sus familias habían solicitado a las autoridades croatas información respecto de su paradero, porque se creía que habían quedado en situación de desaparición tras las Operaciones Centella y Tormenta. Si bien es posible que de algunos nada se sepa porque fueron víctima de actuaciones legítimas derivadas del conflicto armado, o porque se desconoce si las autoridades tuvieron alguna responsabilidad sobre su paradero, sí se sabe que muchos fueron vistos por última vez en manos de las autoridades. Se cree que a muchos de los «desaparecidos» se les dio muerte de forma deliberada. A otros que también figuran en las listas de personas sobre las que nada se sabe es posible que también las hayan matado, pero es muy difícil, por no decir imposible, recuperar las pruebas de ello, por ejemplo si no pudieron huir de sus casas en llamas cuando les prendieron fuego deliberadamente.

Amnistía Internacional no ha dejado de trabajar en favor de las personas «desaparecidas» en Croacia en 1995. Por ejemplo, el 5 de agosto de ese año, aproximadamente a las 10 de la mañana, dos soldados se llevaron a los cuñados Nenad Dujkoviƒ y Dragan Mirkoviƒ del apartamento en que se encontraban refugiados con otros familiares durante el bombardeo de la ciudad de Knin. Los soldados dijeron a la esposa de Nenad Dujkoviƒ que tenían que llevarse a los hombres para interrogarlos, y esa fue la última vez que los vio. Las autoridades no han proporcionado ninguna información específica a las cartas que miembros de Amnistía Internacional les remitieron solicitando una aclaración sobre el paradero de Nenad Dujkoviƒ y Dragan Mirkoviƒ. También el 5 de agosto, soldados del Ejército Croata se llevaron de su casa en Knin a Vukašin Vujansinoviƒ (nacido en 1927). Los soldados no dieron explicación alguna a su esposa sobre dónde se lo llevaban.

La organización no gubernamental Comité Croata de Helsinki por los Derechos Humanos ha publicado recientemente un documento con información sobre los casos de 141 personas sobre las que aún nada se sabe. Algunas de ellas fueron vistas por última vez en manos de las autoridades. Por ejemplo, Milorad Milosavljeviƒ (nacido en 1968) se encontraba en mayo de 1995 en servicio activo con el ejército de facto de la «República Srpska de la Krajina» en torno a las fechas en que se emprendió la Operación Centella en el Sector Oeste. Su familia cree que fue capturado y que era a él a quien el 3 de mayo de 1995 un periodista de la televisión croata entrevistó en el noticiario Slika na Sliku. Otros serbios de Croacia que aseguran haber estado detenidos con él afirman que estuvo recluido en el polideportivo de Varañdin.

Otras violaciones de derechos humanos

Si bien este documento se centra principalmente en la falta de actuación en relación con los homicidios que tuvieron lugar después de la Operación Tormenta, no deja de ser importante dejar constancia también de otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en aquellas fechas. Casi todos los serbios de Croacia con los que Amnistía Internacional ha hablado y que permanecieron en la región de la Krajina después de la Operación Tormenta describen el periodo que siguió a la ofensiva croata como una época marcada por el miedo y la intimidación generalizados. El hostigamiento era una práctica común, así como lo fueron los malos tratos o las torturas que se describen al comienzo de este documento.

Algunas de las mujeres que quedaron atrás, entre ellas ancianas, fueron violadas por soldados y policías croatas, así como por civiles croatas incontrolados. El estigma asociado a la violación supone que muchas mujeres no denuncien ese delito. Sin embargo, Amnistía Internacional tiene constancia de varios casos en los que las víctimas tuvieron el valor de denunciar el crimen y permitir que se emprendieran actuaciones judiciales, como por ejemplo en el caso de la violación de una mujer de 70 años de edad en las proximidades de Obrovac. Otro caso que llegó a juicio fue el del intento de violación de una mujer en la inmediaciones de la localidad de Korenica; en ese caso no se logró una codena definitiva hasta que se ganó el recurso contra la resolución del tribunal de primera instancia, según la cual los actos de sodomía no constituyen violación. En otro caso no se ha tomado medida efectiva alguna desde hace más de dos años y medio para procesar a dos ex soldados acusados de la violación de una mujer de mediana edad en Knin el 6 de septiembre de 1995. En diciembre de ese año, el fiscal del condado de Zadar cursó acta de procesamiento sobre ese caso, pero los acusados no están en detención preventiva.

La destrucción generalizada y deliberada de viviendas y otros edificios por toda la región de la Krajina es la prueba más evidente que queda de las gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la Operación Tormenta. Según la ONU, tras esa operación se incendiaron en lo que fueron los Sectores Norte y Sur más de 5.000 edificios. En el Sector Sur, en torno al 73 por ciento de las casas quedaron completa o parcialmente destruidas por el fuego, y la mayoría de las que quedaban en pie fueron objeto de actos de vandalismo, saqueos y pillaje. Amnistía Internacional no tiene constancia de que a nadie que haya presentado denuncia ante las autoridades croatas por esos hechos se le haya dado alguna compensación por los daños que se le ocasionaron. Las casas de los pueblos croatas, o que estaban en zonas de población croata dispersa, tenían muestras de daños, ya fuera por bombardeo o incendio deliberado, producidos en la guerra de 1991 o con posterioridad. Sin embargo, en 1995, en pocas se apreciaban signos de daños recientes. La destrucción de viviendas es un medio efectivo de asegurarse de que una población que ha huido no volverá, porque no tiene adónde. En efecto, la destrucción deliberada de propiedades sigue siendo un medio efectivo para hacer cambiar de idea a los serbios de Croacia que deseen regresar a la República Croata. La casa de Mirko Mrkalj y de su familia en Donji Sjeni…ak quedó completamente destruida por las llamas de un incendio deliberadamente provocado a principios de abril de 1998, justo un mes después de la visita que la familia había realizado al lugar para planificar su regreso. Este es uno de los 29 casos de destrucción de viviendas que la organización no gubernamental Comité Croata de Helsinki por los Derechos Humanos ha documentado en el primer trimestre de 1998. Más de 10 de esos casos parecen estar directamente relacionados con el regreso, o inminente regreso, de los propietarios originales la vivienda de antes de la guerra. El Comité Croata de Helsinki ha documentado también más de 70 casos distintos a los anteriores sobre el incendio deliberado de otras instalaciones (como graneros y almacenes), muchos de ellos se cree que también relacionados directamente con el regreso de los propietarios serbios de Croacia al lugar del suceso.

Fomentar la impunidad

Los crímenes cometidos en Croacia se perpetraron ante la atenta mirada de la comunidad internacional. En las fechas en que se llevaron a cabo las Operaciones Centella y Tormenta, la ONU y la Unión Europea tenían ambas en Croacia una presencia significativa, al igual que organizaciones humanitarias como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras muchas organizaciones no gubernamentales. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en agosto y noviembre de 1995, respectivamente, sendas resoluciones específicamente referidas a la violación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos en Croacia, en las que exigía, entre otras cosas, que las autoridades croatas respetasen plenamente los derechos de los serbios de Croacia e informasen de las medidas adoptadas para investigar las violaciones que se habían cometido.(7)

Amnistía Internacional también llamó en numerosas ocasiones a lo largo de 1995 la atención de las autoridades croatas en relación con las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la región de la Krajina. Por ejemplo, desde el 15 de septiembre de 1995, los miembros de la Red de Acción Urgente de la organización estuvieron enviando multitud de cartas a las autoridades recordándoles el caso de una mujer de ochenta años hallada muerta en su casa de Kistanje el 29 de agosto, pocas horas después de haber sido vista entrando en ella con tres soldados croatas vestidos de uniforme que habían llegado al pueblo. Según la información disponible, miembros de la defensa civil croata retiraron el cadáver y los observadores internacionales que pudieron visitar el lugar de los hechos descubrieron agujeros de bala en las paredes de una habitación de la casa, así como manchas de sangre en el suelo. Los miembros de Amnistía Internacional escribieron a diversas autoridades croatas, entre ellas a los ministros de Interior y Defensa, pidiéndoles que cursaran órdenes estrictas a los soldados y a la policía para que se abstuvieran de cometer actos de violencia o intimidación, solicitándoles que emprendieran investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes, y que a los presuntos responsables de perpetrar tales violaciones se los procesase. Con posterioridad ese mismo año, y tras la notoriedad que adquirió el homicidio de nueve ancianos serbios de Croacia en el pueblo de Varivode el 28 de septiembre, los miembros de Amnistía Internacional volvieron a escribir a las autoridades para pedirles que adoptasen medidas urgentes con objeto de mejorar la situación de seguridad para la población serbia de Croacia que quedaba en su territorio, y solicitando de nuevo que se investigasen estas nuevas violaciones de derechos humanos.

La reacción inicial de las autoridades croatas a los informes que salían a la luz sobre homicidios, torturas, destrucción de viviendas y otras violaciones de derechos humanos y actos de violencia, fue el negarlos rotundamente o decir que las víctimas estaban implicadas en actividades militares. No obstante, a medida que iban surgiendo más y más casos, la reacción pasó a ser de admisión parcial: sí, se habían cometido algunos crímenes, pero se trataba de actos de individuos incontrolados, o que habían sido cometidos por civiles que vestían uniforme militar. Las autoridades croatas trataron de que no se las relacionara oficialmente con ninguna de las violaciones hasta el punto de que, en algunos casos, pareció haberse desmovilizado retroactivamente del ejército a algunos soldados (esta fue al menos la conclusión de uno de los magistrados del proceso «Varivode» cuando analizó la documentación que se le había presentado). Se desconoce si se tomó alguna medida para procesar a los responsables de esas órdenes retroactivas.

Ivan Jarnjak, el entonces ministro de Interior, escribió, con fecha de 23 de agosto de 1995, una carta a la Sección Neozelandesa de Amnistía Internacional. Pero también se remitieron cartas idénticas a más de 70 miembros de la organización en las que se afirmaba lo siguiente (el original es inglés):

En relación con los casos que usted menciona, me gustaría ponerle de manifiesto que, tras la liberación, la policía acudió a esas zonas y emprendió su labor habitual de mantenimiento de la paz y el orden público. Asimismo, comenzó a proporcionar las condiciones necesarias para el regreso de la población que se había marchado de esas áreas. A la policía desplegada sobre el terreno se le cursaron órdenes especiales para la protección de todos los ciudadanos con que se encontraran, de los que regresasen y de sus propiedades, así como de las propiedades abandonadas. En las circunstancias mencionadas, inmediatamente después de las operaciones militares y policiales, se produjeron unos pocos casos de comportamiento criminal. La policía adoptó medidas operativas y criminológicas para identificar a los delincuentes. En todos los casos en que han sido descubiertos los infractores, la policía los ha puesto a disposición del tribunal de instrucción competente tras haber sido cumplimentados los pertinentes expedientes criminales para adoptar las medidas penales apropiadas.

Sin embargo, un ex agente de policía que testificó en el juicio por el homicidio de Andja y Draginja Dragaš (véase supra), y que claramente había desempeñado un cargo de autoridad, al menos de facto, aseguró que no había informado al oficial de guardia, a su comandante ni a las organizaciones humanitarias sobre el hecho de que, estando de patrulla a fines de agosto de 1995, él y sus colegas habían descubierto a dos ancianas solas en una aldea aislada, vivas pero en un estado extremadamente débil, y confinadas en sus camas. Decepcionado por la respuesta, el fiscal le preguntó que cuál había sido su deber, como policía, hacia la población civil de la zona. El ex agente contestó que su cometido era proteger la iglesia (presumiblemente contra los saqueos y el vandalismo). Otro agente de la policía que testificó en el juicio, al responder a la pregunta de por qué había disparado su arma en una ocasión en que estaba de patrulla, explicó que tenían «orden informal» de disparar contra todo lo que se moviera.

La estrategia de las estadísticas: cegadles con las cifras

La carta citada anteriormente es un ejemplo típico de cómo las autoridades croatas no proporcionaron a los miembros de Amnistía Internacional información sobre las medidas que habían adoptado en relación con casos específicos que se les habían puesto a su atención. Así, independientemente del caso a que se hubieran referido los miembros de AI requiriendo información, la respuesta que recibían era una de los varios tipos de carta estándar que las autoridades tenían preparadas. Por ejemplo, el Vice Primer Ministro del gobierno de Croacia respondió lo siguiente a varios miembros de Amnistía Internacional (el original es inglés):

La República de Croacia ha declarado ya en varias ocasiones que todos los presuntos incidentes, cuyos autores fueron individuos y grupos, entre ellos algunos miembros de unidades del ejército que actuaban contrariamente a sus superiores o a la ley, han sido públicamente condenados por el Presidente y el Gobierno de la República de Croacia. A este fin, se han adoptado medidas policiales y judiciales. Hasta la fecha, hay en curso procesos penales ante tribunales civiles y miliares contra 1.005 personas, contra quienes pesan cargos de comisión de crímenes durante y después de la Operación Tormenta.

Esta respuesta es también típica en la medida en que hace una vaga referencia a un enorme número de procesos penales, sin indicación alguna de cómo el motivo específico de preocupación al que originalmente se hacía referencia desde la organización se relacionaba con esas cifras, si es que acaso algo tenía que ver con ellas. Dependiendo de cuándo se remitieron las cartas y de quién fuera su remitente, las estadísticas variaban. En su correspondencia con Amnistía Internacional, y en otros foros internacionales, las autoridades intentaron claramente transmitir la idea de que estas investigaciones y procesos penales bastaban para atajar la situación de violación de los derechos humanos en el país y otros actos de violencia cometidos después de la Operación Tormenta.

Multitud de miembros de Amnistía Internacional recibieron una carta del general de división Ivan Tolj, portavoz del Ministerio de Defensa, en la que, tras informar genéricamente de que se estaban investigando sucesos concretos y se estaba procesando a personas concretas por ellos, se manifestaba que «durante las operaciones militares y policiales 'Centella' y 'Tormenta', la República de Croacia aplicó estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra y todas las demás normas sobre la protección de los civiles en los conflictos armados».

En las cartas también se hacía frecuente referencia al hecho de que las autoridades croatas estaban adoptando medidas para cumplir las Resoluciones 1009 (agosto de 1995) y 1019 (noviembre de 1995) del Consejo de Seguridad. Como ya se ha indicado anteriormente, estas resoluciones del Consejo de Seguridad requerían a las autoridades de Croacia que informasen sobre las medidas que habían adoptado contra quienes habían cometido violaciones de los derechos humanos o actos de violencia en la región de la Krajina. Al examinar las respuestas de las autoridades croatas con las que pretendían cumplir esos requerimientos se aprecia más de un contrasentido en los datos estadísticos. Las autoridades presentaron al menos dos informes oficiales a la ONU en relación con las medidas que habían adoptado, el primero de ellos en enero de 1996, en el que se incluía, entre otras cosas, la información errónea que ya se ha indicado con anterioridad en este documento sobre la investigación de los homicidios de la aldea de Grubori.

El segundo informe (2nd report by the Government of the Republic of Croatia on the implementation of Security Council resolution 1019 /1995) (Segundo Informe), fechado el 10 de junio de 1996, trataba sobre las medidas que las autoridades aseguraban haber tomado desde el 30 de enero al 1 de junio de 1996. En ese documento se afirma que la policía había adoptado medidas para arrestar y detener a todo individuo que hubiera infringido la ley. Las autoridades manifestaban además que los crímenes graves habían sido «esporádicos» desde la «normalización de la situación en las áreas liberadas», y añadían que la policía ya había resuelto la mayoría de ellos. El secretario general de la ONU cuestionó estas aseveraciones en un informe de respuesta a este Segundo Informe; en él se señalaba que las autoridades croatas no habían arrestado a personas sospechosas de haber cometido actos de saqueo y amenazas a pesar de habérseles proporcionado en algunos casos nombres y números de matrícula de automóviles.(8)

En relación con los crímenes que se habían cometido durante y después de la Operación Tormenta, las autoridades afirmaron que «el ministro de Justicia de la República de Croacia había cursado una recomendación a los magistrados presidentes de los tribunales competentes para que se diera prioridad sobre otros a los juicios por los crímenes perpetrados en relación con la Operación Tormenta» (párrafo 22). En un anexo al Segundo Informe en el que se proporcionaba información sobre las diligencias penales en curso se aseguraba que la cifra ascendía a un total de 2.849 personas procesadas.

De estas 2.849 causas que las autoridades aseguraban estar en curso ante los tribunales en junio de 1996, menos del dos por ciento se referían a casos de homicidio. Por el acto criminal de asesinato (tipificado entonces en el artículo 34 del Código Penal de Croacia), las autoridades aseguraron que 22 personas estaban siendo investigadas, que se habían abierto diligencias procesales contra 30 personas, y que ya se había dictado sentencia firme contra una persona. Al entrevistarse Amnistía Internacional con los fiscales en mayo de 1998 y preguntarles por qué, habiendo estado en algunos casos los perpetradores en servicio activo en el ejército o la policía, no los habían acusado de «crímenes de guerra contra la población civil» (artículo 120 del Código Penal de Croacia, y acto criminal tipificado en la legislación croata que normalmente se aplicó a los soldados que habían servido en el ejército de la «República Srpska de la Krajina» si el acto suponía el homicidio de un civil), los fiscales fueron incapaces de dar una respuesta. Amnistía Internacional teme que el motivo muy bien pudo haber sido político, dado el muy citado comentario del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Croacia, Milan Vukoviƒ, según el cual los croatas, por definición, no podían haber cometido crímenes de guerra, puesto que defendían la patria.

Posteriores informes de las autoridades reflejan un incremento en el número de procesos penales en curso, lo que normalmente cabría interpretar como que las autoridades habían ejercido cierto grado de diligencia y que el número mayor de causas era fruto de su esfuerzo adicional por resolver los casos relacionados con la Operación Tormenta. El Ministerio de Justicia solicita regularmente de sus tribunales en la región de la Krajina información trimestral sobre todas las investigaciones y procesos en curso. Estas estadísticas siguen siendo los datos que se suministran a las organizaciones internacionales que solicitan a las autoridades croatas información sobre sus esfuerzos para procesar a los responsables de actos criminales cometidos en esa región tras la Operación Tormenta. Ese tipo de información fue, por ejemplo, la que se citó en el informe para la Comisión de Derechos humanos elaborado por la Relatora Especial de la ONU en enero de 1998. En ese informe se decía que «en total se habían incoado 5.580 procesos civiles en relación con las operaciones militares desarrolladas en los antiguos sectores norte y sur, de los cuales 559 se hallan en la etapa de instrucción, 3.785 se están examinando ante un tribunal de primera instancia y 1.236 han concluido con el pronunciamiento de decisiones definitivas».(9) Sin embargo, en una reunión mantenida con Amnistía Internacional en mayo de 1998, los representantes del Ministerio de Justicia se negaron a proporcionar información específica sobre esas causas, como los nombres de las personas que estaban siendo objeto de investigación, los incidentes investigados, los cargos que se habían presentado, o la fecha en que se habían abierto los procesos. También se negaron a suministrar a los delegados de la organización información sobre cuál había sido concretamente el pronunciamiento de las decisiones definitivas (culpable, no culpable, absolución), sobre las sentencias impuestas, en su caso, y si se estaban cumpliendo. En efecto, durante esa reunión, si bien el Ministerio de Justicia efectivamente proporcionó a Amnistía Internacional un desglose de las estadísticas en el que se reflejaban el número de individuos acusados de delitos concretos ante tribunales específicos, los representantes del Ministerio advirtieron que, de hecho, esos datos no sólo se referían a actos criminales cometidos en 1995, sino que representaban las causas penales que en esos momentos se hallaban en curso ante los tribunales en las regiones pertinentes. Los representantes del Ministerio de Justicia confirmaron que no había modo de distinguir, en las estadísticas que se habían proporcionado, qué casos se referían a actos cometidos en 1995 y cuáles se referían a los cometidos en, por ejemplo, 1996 o 1997, como tampoco era posible inferir de esa información datos sobre quiénes pudieran haber sido las víctimas o los sospechosos de los crímenes.

Una última y preocupante novedad sobre todo este asunto ha sido la instrucción cursada por el presidente del Tribunal Supremo el 28 de mayo de 1998 a todos los tribunales inferiores de que «limiten su correspondencia con las organizaciones internacionales y se abstengan de mantener conversaciones sobre cuestiones importantes», especificando que en esas cuestiones se incluye el número de causas ante los tribunales y la duración media de los procedimientos.(10) Ello ha tenido como resultado el que, al menos en un caso, el presidente de un tribunal (Tribunal Supremo para Delitos Menores) haya cursado instrucciones a sus magistrados para que informen al Tribunal de «todo intento por parte de cualquier organización o individuo de tratar de obtener cualquier tipo de información».(11) Quedaba clara, como se ha hecho evidente en párrafos anteriores, la instrucción de que el canal adecuado para suministrar este tipo de información era el Ministerio de Justicia. Sin embargo, aunque ese Ministerio realmente proporcionase esa información cuando se le formulan solicitudes específicas de datos, este procedimiento no deja de ser ridículo y excesivamente burocrático para las organizaciones radicadas sobre el terreno cuando, por ejemplo, tratan de supervisar un juicio concreto y desean saber la fecha de la próxima vista del proceso.

La verdad tras la retórica: la verdad que ocultan las cifras

Al analizar la información proporcionada por las autoridades sobre las causas que aseguraban encontrarse en curso ante los tribunales, según las estadísticas proporcionadas por el propio Ministerio de Justicia en 1996, queda claro que la mayoría de los procesos se habían entablado por actos de saqueo, vandalismo y destrucción de viviendas. Sin embargo, no se aprecia dato alguno en esos informes que aclare cuántas de esas causas han acabado realmente en juicio, qué sentencias se ha impuesto a los presuntos delincuentes y si realmente las han cumplido o están cumpliendo. En la información estadística del gobierno se incluían también datos sobre las causas seguidas contra más de dos centenares de personas en espera de juicio por rebelión armada, es decir, muy posiblemente contra serbios de Croacia que habían sido arrestados durante las Operaciones Centella y Tormenta.

Por su parte, las estadísticas sobre homicidios eran, como poco, engañosas. Las autoridades sólo han podido proporcionar detalles sobre varios casos en los que los procesamientos efectivamente terminaron en juicio y condena, pero se desconoce si tomaron alguna medida para resolver los casos en que los acusados habían resultado absueltos de los cargos. Los fiscales de muchos tribunales importantes fueron reacios a reunirse con los delegados de Amnistía Internacional que en mayo de 1998 visitaron Croacia, o sencillamente se negaron a ello, si no contaban con el permiso expreso del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la organización sí pudo reunirse con los fiscales que se ocupaban de buena parte de las causas por homicidios cometidos en el Sector Sur, los tribunales de los condados de Zadar y Šibenik.(12)

La información que se proporcionó en el Anexo al Segundo Informe de junio de 1996 indicaba que en el Tribunal del Condado de Zadar (responsable en aquellas fechas de la mayoría de los procesos en el Sector Sur, incluida el área de Knin), había causas en fase de instrucción contra dos personas y que contra otras 14 el proceso penal se encontraba en curso. En esa información se afirmaba que se había pronunciado un veredicto final en la causa seguida contra una persona, muy posiblemente el proceso contra un acusado a quien se había juzgado y condenado por el homicidio de Janko „akiƒ; a ese procesado se le conmutó en mayo de 1997 el resto de la pena que aún no había cumplido. Muchos de los más notables sucesos, especialmente el de Grubori, no habían sido objeto de investigación ni procesamiento contra las otras 16 personas. De hecho, al menos dos de los individuos que se enfrentaban a procesos penales por homicidio parece que eran serbios de Croacia, concretamente en un caso un hombre que había matado a su esposa y después había intentado suicidarse, y en el otro, según los informes, un homicidio por venganza entre dos serbios de Croacia.

Con respecto a otros casos que se estaban viendo ante el Tribunal del Condado de Zadar, ocho personas habían sido juzgadas en relación con varias causas que se habían agrupado en un solo proceso, conocido como el juicio «Varivode». Este juicio se refería al homicidio de 18 civiles serbios de Croacia residentes en Varivode, Gosiƒi y otras dos aldeas de lo que fue el Sector Sur. El juicio se saldó con la condena de una persona por un homicidio, con una pena de seis años de cárcel, la condena de otra por «conducta violenta», saqueo e intento de asesinato, con una pena de 18 meses de prisión, y la absolución de los restantes seis inculpados. Los observadores internacionales, las organizaciones no gubernamentales que asistieron al juicio y otras personas interesadas calificaron de forma generalizada este proceso como un intento de aplacar a la comunidad internacional para tratar de hacer ver que las autoridades croatas estaban efectivamente tomando medidas contra quienes quebrantaban la ley.(13) Se ha recurrido el veredicto pronunciado en primera instancia.

Otra de las escasas causas vistas ante los tribunales de Zadar fue la de un soldado croata que resultó absuelto en febrero de 1996 en primera instancia del cargo del asesinato de Manda Tišma. El soldado había declarado, testimonio que corroboraron otros soldados croatas testigos presenciales de los hechos, que había matado a la anciana con fuego de metralleta. La absolución se fundamentó en la explicación de que los soldados habían creído que la anciana ocultaba un arma bajo sus ropas. El Tribunal Supremo, tras admitir a trámite el recurso del fiscal, ordenó que el caso fuera visto de nuevo en segunda instancia. Sin embargo, aún no se ha fijado una fecha para la celebración del nuevo juicio (el acusado no se encuentra en detención preventiva).

A pesar de la afirmación de las autoridades croatas de que se habían cursado las instrucciones precisas a los tribunales pertinentes para que instruyeran con carácter prioritario causas sobre los sucesos relacionados con la Operación Tormenta (véase supra), Amnistía Internacional no ha podido encontrar indicación alguna de que así se haya procedido. Algunas causas sobre las que se había dictado acta formal de procesamiento en 1995 o principios de 1996 se transfirieron al Tribunal del Condado de Šibenik sin que después se fijara ninguna fecha para el juicio. Ejemplo de ello es el caso de los dos ex soldados acusados de violación que se ha citado anteriormente (la orden de procesamiento se dictó en diciembre de 1995). Otro ejemplo es el juicio por el homicidio de Andja y Draginja Dragaš (citado también en párrafos anteriores), que comenzó en Šibenik en mayo de 1998 a pesar de que el fiscal del Tribunal del Condado de Zadar había dictado la orden de procesamiento en septiembre de 1996: este sería uno de los dos casos sobre el que las autoridades proporcionaron información según la cual había un individuo bajo investigación en junio de 1996.

Investigaciones inadecuadas y desprotección de pruebas

Muchas personas han sido las que han expresado su frustración al pretender sacar adelante procesamientos, especialmente empleados públicos y quienes trabajan en el sistema de justicia, dada la naturaleza de las investigaciones en las fechas posteriores a la Operación Tormenta. Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales formularon reiterados llamamientos a las autoridades para que proporcionasen los adecuados servicios de policía e indagación con objeto de que pudieran investigarse adecuadamente los homicidios que se habían cometido. A pesar de ello, de los informes que las organizaciones internacionales elaboraron en esos momentos y de la información que posteriormente salió a la luz durante los juicios relativos a los escasos procesos que lograron llegar hasta los tribunales, se desprende que las deficiencias en las investigaciones fueron muchas y muy graves. No se preservaron pruebas, no se protegieron lugares en los que se habían cometido los crímenes o no se documentaron bien, y no está del todo claro si se realizó autopsia alguna a las personas que razonablemente se sospechaba que no habían muerto por causas naturales. Por ejemplo, el cadáver de Mirko „anak (nacido en 1933), que cuando vivía tenía el lado izquierdo del cuerpo paralizado a causa de un colapso, fue hallado por sus familiares en Potkom, localidad situada en el valle de Zrmanje, tras haber sido enterrado por un vecino que, a su vez, murió después ejecutado extrajudicialmente. Las autoridades exhumaron el cuerpo el 13 de septiembre de 1995. Según ha informado un familiar que estuvo presente en el acto y vio el cadáver antes de que se lo llevaran las autoridades, a Mirko „anak lo habían degollado. Cuando la policía fotografiaba el cuerpo, un familiar les señaló que a su pariente lo habían matado y les pidió que tomaran medidas sobre lo sucedido. Contrariamente a los deseos de los familiares, que querían que el cadáver fuera inhumado en el cementerio del pueblo, las autoridades enterraron el cuerpo en un cementerio de Gra…ac, además, bajo un nombre equivocado (Mirko „orak). Aunque a la familia se le entregó un certificado de defunción, en ningún momento se les proporcionó informe alguno de que se hubiera realizado una autopsia. Según el fiscal pertinente adscrito al caso, que actuaba por iniciativa de una denuncia presentada por los familiares, que deseaban que se hiciera justicia por el homicidio de Mirko „anak, la policía no dispone ya en sus expedientes de ninguna información relativa a su muerte, a pesar del hecho de que un familiar vio cómo se tomaban fotografías en la exhumación.

En otro caso, las autoridades han «perdido» toda la información relativa al caso de una mujer que se cree que está enterrada en el cementerio de Knin. La mujer en cuestión, JM (nacida en 1907)(14), había sido hallada muerta en el sótano de su casa, situada en las proximidades de Kistanj, el 27 de agosto de 1995. Las autoridades no pudieron llegar al lugar y levantar el cadáver hasta el día siguiente, momento en que estuvo presente la familia al completo (no se había informado sobre el caso a las organizaciones internacionales). Según los familiares, las autoridades documentaron y fotografiaron el lugar de los hechos, tomaron declaración al familiar que había hallado el cuerpo, declaración que luego firmó, y después les dijeron que se llevaban el cadáver al «departamento de patología» de Knin. Más tarde les dijeron que el cadáver sería enterrado en el cementerio de Knin y que no se les permitiría estar presentes en el acto, aunque se les entregaría una copia del informe de la autopsia en la que se determinaría la causa de la muerte. Se informó a los familiares que el cuerpo había sido inhumado en el cementerio de Knin bajo el número de identificación 543 y, efectivamente, en ese cementerio hay una cruz de madera que tiene inscrito el nombre de la mujer y ese número. Sin embargo, los familiares no han recibido ningún informe de autopsia. Los parientes deseaban que se desenterrara el cuerpo de JM para volver a inhumarlo en el panteón familiar y, para ello, solicitaron su exhumación el 6 de noviembre de 1996. En el acto estuvieron presentes un «inspector de sanidad» procedente de Zagreb, cuatro agentes de policía y tres enterradores. Al abrir la bolsa de nailon que contenía el cuerpo que había sido enterrado en el lugar marcado con la cruz citada, lo que encontraron fue el cadáver de un hombre. Los enterradores procedieron luego a exhumar otros tres cadáveres, los adyacentes al que habían encontrado bajo el número 543, y, si bien dos de ellos eran de mujer, y concretamente uno tenía una etiqueta con el número 543, los familiares aseguran que, obviamente, no se trataba de JM, entre otras cosas porque, dado que habían estado presentes cuando se encontró el cadáver, pudieron determinar que las ropas que vestía ese cuerpo no eran las mismas que las de JM, y porque, además, los cuerpos exhumados no encajaban en absoluto con su altura o color de pelo. A los familiares no se les dio explicación alguna sobre lo sucedido, y el Ministerio de Interior, según los informes, ha declinado toda responsabilidad para encontrar el cadáver de JM. Asimismo, ahora las autoridades aseguran que no disponen de ninguna información sobre la autopsia o la investigación de los hechos.

Las posibles objeciones que pudieran formularse en el sentido de que las apremiantes exigencias del momento impidieron que pudiera disponerse de los recursos apropiados para investigar los lugares en que se habían cometido crímenes no pueden explicar por qué tampoco fueron adecuadas las investigaciones en esos lugares cuando eran descubiertos los crímenes mucho después de haber concluido las operaciones militares. Por ejemplo, el cadáver que se cree que pertenece a Danica Dmitroviƒ fue sacado de un pozo en Donji Skrad en enero de 1996 (véase supra), y aún así parece que tampoco se practicó autopsia alguna y que, además, el cuerpo no fue adecuadamente identificado por quienes estaban capacitados para realizar es identificación positiva.

La voz de la conciencia: admisiones de complicidad y posibles intentos de mantener el silencio

A lo largo de los últimos doce meses se han presentado ante la opinión pública varias personas con información relativa a violaciones de derechos humanos que dicen haber presenciado o en las que aseguran haber tomado parte como miembros activos del ejército, las fuerzas paramilitares u otros organismos policiales. La motivación de algunas de ellas ha sido su conciencia o el síndrome de tensión postraumática, que impulsa a las personas a hablar sobre sus experiencias en tiempo de guerra. En otros casos, las «confesiones» son producto de insatisfacciones materiales de esos individuos, que se consideran económicamente perjudicados y socialmente rechazados a pesar de los presuntos riesgos que corrieron y las órdenes que cumplieron de otras personas que ahora acaparan poder político y amasan fortunas.

Los medios de comunicación y la clase política croata han calificado estas «confesiones» de mentiras, y de traidores a quienes las hacen. Con todo, son más preocupantes las agresiones y otros actos con los que posiblemente se pretende silenciar a estas personas que se han presentado ante la opinión pública con información sobre violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en marzo de 1998 se detonaron dispositivos explosivos en una casa de recreo perteneciente a un hombre que había informado a los medios de comunicación de que había proporcionado datos al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia que posiblemente le serían muy útiles en sus investigaciones sobre los abusos cometidos en Croacia. Un sospechoso que concedió una pormenorizada entrevista al semanario croata Feral Tribune, publicada el 1 de septiembre de 1997, sobre sus actividades como miembro de una organización paramilitar, principalmente a lo largo de 1991, fue encarcelado de inmediato. Él, por su parte, asegura que ha sido objeto de actos intimidatorios en la prisión y, recientemente, sufrió lesiones por las que ha tenido que ser hospitalizado. El fiscal del condado de Zagreb anunció hace pocas fechas que el juicio de ese hombre (y de otros acusados con él en la misma causa) estaba fijado para septiembre de 1998. Amnistía Internacional está recopilando también datos sobre la muerte de un ex agente especial de la policía en „akovac (localidad próxima a Zagreb) en mayo de 1998. Los disparos que le ocasionaron la muerte a las puertas del club nocturno en que trabajaba como portero, efectuados desde un automóvil en marcha, bien podrían parecer obra del crimen organizado; sin embargo, se da la circunstancia de que este individuo se había puesto con anterioridad en contacto con una organización de derechos humanos poco después de que le colocaran bajo su vehículo una bomba que no llegó a estallar.

El deber de reconocer, investigar y procesar, y los riesgos de la inacción

La impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas tras la Operación Tormenta es sólo una de las consecuencias de la inacción de las autoridades. Tres años después de haberse cometido esas violaciones aún hay serias dudas sobre si las autoridades están dispuestas a emprender actuaciones judiciales. La actitud de la comunidad internacional, y hasta cierto punto de algunos sectores sociales comprensivos de la propia Croacia, es dejar los procesamientos en manos del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Sin embargo, la jurisdicción de este tribunal es concurrente con la de los tribunales nacionales, y su fiscal ha dejado ya claro que no está dispuesta a emprender actuaciones judiciales por todos y cada uno de los casos existentes, sino que, más bien, espera que las autoridades nacionales sean también quienes lo hagan. Independientemente de quién tome la iniciativa al respecto, de lo que no cabe duda es de que el tiempo se está agotando para que puedan realizarse investigaciones y procesamientos efectivos.

Cuando Amnistía Internacional visitó a algunas de las víctimas o a sus supervivientes en mayo de 1998, los delegados de la organización se encontraron con que todas esas personas vivían aún inmersas en el miedo. Si bien todos consideran que la situación de seguridad ha mejorado muchísimo, sigue habiendo aún cierto nivel de hostigamiento soterrado a causa del cual todavía están demasiado asustados para hablar abiertamente del terror que experimentaron en 1995 y 1996. Sin la protección de las organizaciones internacionales, muchos incluso son aún más reacios ahora que en 1995 a denunciar las violaciones o las fosas comunes secretas en que están enterradas las víctimas. Por ejemplo, un testigo que había proporcionado un relato pormenorizado sobre el homicidio de su madre en 1995 no está ahora dispuesto a hablar sobre ese asunto y explica que hay soldados del Ejército Croata viviendo muy cerca de su casa, por lo que no quiere problemas.

La mayoría de las víctimas o de sus supervivientes jamás albergaron esperanzas de que algún día se les haría justicia. El evidente clima de impunidad y la persistencia del hostigamiento que sufren, por muy soterrado que sea, sólo contribuyen a aumentar su escepticismo. Amnistía Internacional considera que, aunque las autoridades han tratado de convencer a todos de que están intentando ganarse la confianza de la población serbia de Croacia, ello será imposible si no se aborda la patente impunidad que existe por las violaciones cometidas en 1995. Precisamente fue la impunidad por los abusos que cometieron las fuerzas comunistas partisanas durante la Segunda Guerra Mundial por lo que muchos en Croacia, y en ocasiones también las autoridades, han seguido justificando de uno u otro modo los actos que después se han perpetrado como venganza.(15) Con frecuencia las autoridades han respondido a los llamamientos para que se comprometan sinceramente con los derechos humanos preguntando a su vez qué se ha hecho para investigar las violaciones y abusos que contra esos derechos han cometido otras partes implicadas en el conflicto de la antigua Yugoslavia, sobre todo en los casos en que las víctimas fueron croatas.

La falta de confianza en las autoridades es un factor crítico para abordar el problema del regreso de los serbios de Croacia a ese país. Las autoridades, y hasta cierto punto las organizaciones internacionales que están facilitando el proceso de regreso a Croacia, han sugerido en ocasiones que los serbios exageran los actos de hostigamiento, que las autoridades califican de incidentes sin importancia. Cuando en mayo de 1998 Amnistía Internacional visitaba Croacia, dos hombres que vestían uniformes del Ejército Croata robaron dos corderos a un matrimonio de ancianos de la región de la Krajina. Tras el robo, el matrimonio prácticamente se atrincheró en su casa. Esta reacción es perfectamente comprensible si se sitúa en el contexto del crimen del que precisamente ese mismo matrimonio fue víctima en 1995 y que desde entonces está sin resolver: al exhaustivo incendio que destruyó completamente la aldea en que vivían al pie de las montañas le siguió el homicidio de sus dos vecinos más próximos y de al menos otras siete personas de aldeas cercanas, tras lo cual ellos y todos sus vecinos siguieron sufriendo constantes actos de violencia y

Fosa común secreta mostrada a los delegados de Amnistía Internacional en septiembre de 1995.
saqueo que, si bien fueron reduciéndose a lo largo de 1996 y 1997, está claro que aún no han terminado. Las organizaciones internacionales que actualmente trabajan en Croacia deberían tener en cuenta el efecto de acumulación que esa impunidad puede tener sobre la generación de confianza en la población serbia de Croacia.

Lo que muchos de los supervivientes sinceramente desean es que se devuelva la dignidad a las víctimas. Para los familiares de los «desaparecidos», ya lo fueran a manos de fuerzas gubernamentales o de entidades no gubernamentales, esto significa una tumba sobre la que poder llorar. Para los familiares de las víctimas enterradas en «fosas de jardín», esto significa una tumba debidamente identificada ante la que los descendientes puedan acudir y recordar a sus seres queridos muertos. Para los familiares de aquellos cuyos restos han sido inhumados bajo un hacinamiento de ristras de cruces de madera en cementerios municipales, esto significa un funeral en el panteón familiar con una lápida como es debido.

La mayoría de las aproximadamente 9.000 personas que se quedaron en la región de la Krajina tras la Operación Tormenta son ancianos. El contexto en que se cometieron los abusos, caracterizado por la dispersión y aislamiento de la población, significa que si quienes habitan ahora la región de la Krajina desaparecen, desaparecerá también la fuente de buena parte de la verdad sobre lo que allí ocurrió. En dos ocasiones, cuando los delegados de Amnistía Internacional trataron de recabar información sobre crímenes específicos cometidos en 1995, se encontraron con que los únicos testigos que había de los hechos habían fallecido recientemente. Esa clase de testigos no sólo disponen de información clave para la causa de la justicia, sino que posiblemente tienen también datos relativos a la ubicación de fosas comunes, reales o posibles. En este contexto, las demoras en sacar a la luz toda la verdad sobre los crímenes cometidos en la región de la Krajina exigen una respuesta aún más urgente.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Para acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de las Operaciones Centella y Tormenta en 1995, y para poner remedio a los que entonces fueron inapropiados procedimientos de investigación y procesamiento, Amnistía Internacional recomienda que se emprendan investigaciones y procesamientos sin dilación, de forma independiente, imparcial y exhaustiva. La organización recomienda también que se proporcione reparación a las víctimas y que se adopten, para evitar nuevas violaciones en el futuro, medidas que cumplan estrictamente las disposiciones del derecho y las normas internacionales.(16) Concretamente, Amnistía Internacional recomienda:

1) Para solucionar las deficiencias de pasados procedimientos, las autoridades deben investigar sin dilación, de forma independiente, imparcial y exhaustiva las violaciones de derechos humanos y otros actos de violencia cometidos durante y después de las Operaciones Centella y Tormenta. Asimismo, deben procesar a los que sean hallados responsables. Debe cesar la inacción, y estos casos deben recibir la prioridad que se les promietió en 1996. El gobierno debe solicitar al Ministerio de Justicia que emprenda una evaluación detallada y exhaustiva de los progresos realizados en las causas derivadas de las Operaciones Centella y Tormenta, sustituyendo los datos estadísticos insuficientes que, hasta la fecha, le ha suministrado. Esa evaluación, para que sea efectiva, debe incluir la siguiente información sobre cada causa: fecha y lugar del crimen, situación del proceso (vista disciplinaria, investigación penal, procesamiento), organismo instructor o procesal, cargos (si los hay), el tribunal, sentencias y penas, y si se están cumpliendo.

2) El gobierno debe considerar la posibilidad de adoptar otras medidas para cerciorarse de si ha habido intentos de encubrimiento de los crímenes cometidos durante y después de las Operaciones Centella y Tormenta. Si es cierto que las autoridades policiales no disponen de información relativa a homicidios que se sabe que se recopiló en el momento de su comisión, por ejemplo pruebas forenses tomadas por la policía en las fechas de la inhumación, debe establecerse una comisión de investigación independiente e imparcial con las atribuciones y recursos pertinentes para determinar lo sucedido con esas pruebas, dónde se encuentran, quién es el responsables de su «extravío», y los resultados a que llegue esa comisión deben conducir claramente a procesos jucidiales para que quienes sean hallados responsables de haberlos entorpecido sean procesados. En interés de la transparencia, los resultados a que llegue esa comisión deben hacerse públicos y las familias deben contar con representación letrada en todas las vistas que se celebren ante ella. Esa comisión deberá establecerse de conformidad con las normas existentes para la constitución de ese tipo de organismos, entre ellas los Principios de la ONU relativos al estatuto de las instituciones nacionales, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos el 3 de marzo de 1998 mediante la resolución 1992/54.

3) Al ocuparse de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 1995, así como las cometidas en otros momentos del conflicto, las autoridades deben aplicar las disposiciones de los Principios de la ONU relativos la eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989. En particular, independientemente de la antigüedad del caso de que se trate, deben realizarse investigaciones exhaustivas, imparciales y sin más dilación sobre todos los casos de presunta ejecución extralegal, arbitraria y sumaria, incluidos los casos en que las denuncias de los familiares u otros informes fidedignos sugieran que se produjo una muerte por causas no naturales en las circunstancias descritas anteriormente. Las autoridades croatas deben establecer y mantener oficinas de investigación y procedimientos para realizar esas indagaciones. Las investigaciones deben incluir una autposia realizada adecuadamente, recopilación y análisis de todas las pruebas físicas y documentales, y declaraciones de testigos. La investigación debe distinguir entre la muerte natural, la muerte accidental, el suicidio y el homicidio.

4) La autoridad encargada de las investigaciones debe estar facultada para recabar toda la información necesaria para su actividad. Las personas que realicen las investigaciones deben tener a su disposición todos los recursos presupuestarios y técnicos para desempeñar efectivamente su labor. Los fiscales de Croacia deben servirse de la amplia documentación recopilada por las organizaciones internacionales con presencia sobre el terreno en el país a la hora de emprender sus diligencias procesales. Las organizaciones cuyas misiones sobre el terreno en Croacia hayan concluido deben asegurarse de que se establecen los apropiados canales de comunicación para que las pruebas que recopilaron se ponga a disposición de los fiscales, no sólo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, sino también para los juicios que se celebren ante tribunales nacionales.

5) En los casos en que aún no se hayan practicado autopsias adecuadas y no se hayan puesto sus resultados a disposición de las autoridades encargadas de la investigación y procesamiento, no debe desecharse el cadáver del fallecido hasta que un médico realice una autopsia adecuada, médico que debe ser experto en patología forense. Quienes practiquen la autopsia deben tener derecho de acceso a todos los datos de la investigación, al lugar en que fue hallado el cadáver y al lugar en que se cree que realmente ocurrió el deceso. Si el cuerpo ha sido enterrado y posteriormente se considera que sería necesaria una investigación ulterior, el cadáver debe exhumarse sin demora y de forma completa para que se le practique la autopsia. Si se descubren restos óseos, deben exhumarse cuidadosamente y estudiarse según técnicas antropológicas sistemáticas.

6) Los cadáveres de los fallecidos deben dejarse a disposición de quienes realizan las autopsias durante el tiempo que sea necesario para que puedan realizar una investigación exhaustiva y eficaz. Las autopsias deben, como mínimo, tratar de establecer la identidad del fallecido y la causa y el modo de la muerte. El momento y el lugar de la muerte se determinarán también en la medida de lo posible. En el informe de la autopsia se incluirán fotografías en color y detalladas de los cadáveres para documentar y respaldar las conclusiones de la investigación. El informe de la autopsia debe describir todas y cada una de las lesiones del fallecido, incluidas las posibles pruebas de tortura. Para que se logren resultados objetivos, quienes realicen las autopsias deben poder trabajar con imparcialidad e independencia frente a potenciales personas implicadas, organizaciones o entidades.

7) Quienes estén potencialmente implicados en ejecuciones extrajudiciales deben ser destituidos de todo cargo de control o poder, directo o indirecto, sobre los denunciantes, testigos y sus familias, así como sobre quienes realicen las investigaciones.

8) Debe informarse a las familias de los fallecidos y a sus representantes legales de todas las vistas y de todo otro dato pertinente a la investigación, y permitírseles tener acceso a ello, y deben tener también derecho a presentar otras pruebas. La familia del fallecido debe tener derecho a insistir en que esté presente en la autopsia un médico u otro representante cualificado al efecto.

9) Debe redactarse un informe en un plazo razonable sobre los métodos y conclusiones de esas investigaciones. El informe debe hacerse público inmediatamente y en él deberá incluirse el ámbito de actuación de la investigación, los procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, además de conclusiones y recomendacones basadas en hallazgos de hecho y en la legislación aplicable. El informe debe también describir en detalle sucesos específicos que se haya concluido que ocurrieron, y las pruebas sobre las que esas conclusiones se basan, así como listas de los nombres de los testigos que declararon, con la excepción de aquellos cuyas indentidades se mantengan en secreto para su protecicón. El gobierno debe, en un plazo razonable, responder al informe de la investigación o indicar qué medidas se están tomando para hacerlo.

10) Las víctimas de ejecución extrajudicial y de presunta ejecución extrajudicial, así como sus familiares, deben recibir la dignidad que se merecen. Las autoridades deben hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para exhumar las fosas comunes secretas y presuntas fosas comunes cuando se les informe de su posible existencia. Los cadáveres de los fallecidos deben entregarse a los familiares tras la conclusión de las investigaciones. Los gastos de la exhumación y nuevo enterramiento en el cementerio de la elección de los familiares deben correr a cargo de las autoridades si la inhumación original no se realizó en el lugar solicitado por los familiares. Dada la falta de confianza en las autoridades croatas, debe invitarse a observadores internacionales y al fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia a supervisar esas exhumaciones, y debe notificárseles con la antelación pertinente para que su asistencia pueda ser una posibilidad real.

11) Deben realizarse investigaciones exhaustivas, imparciales y sin dilación sobre todos los casos de «desaparición» cumpliendo estrictamente las disposiciones de la Declaración de la ONU sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y en especial de sus artículos 9 y 13.

12) Las víctimas y sus familiares deben recibir reparación, en la que se incluyen la restitución, la compensación y la rehabilitación, según se establece en la Declaración de la ONU sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.

13) Debe prestarse toda la ayuda que sea posible a las organizaciones de derechos humanos y otros orgnanismos que traten de documentar plenamente la magintud de las violaciones de derechos humanos cometidas en la región de la Krajina. Las autoridades deben reconocer que el escrutinio independiente de sus actividades es un componente esencial de una sociedad democrática y, como medida prioritaria, debe ponerse fin a los actos de violencia, de intimidación y a las amenzas contra los defensores de los derechos humanos. Las organizaciones internacionales que dispongan de documetación sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 1995 deben prestar toda la asistencia que puedan a las organizaciones no gubernamentales que aún siguen esforzándose por documentar públicamente estas violaciones, en particular las organizaciones que ya no tienen una presencia sobre el terreno en Croacia y que, por consiguiente, ya no pueden hacer que se emprendan actuaciones judiciales por su cuenta.

14) Debe acabarse con los actos de violencia e intimidación contra quienes salen ante la opinión pública para informar sobre posibles violaciones de derechos humanos. Las autoridades deben garantizar que se proporciona en la práctica, y si fuera necesario en la legislación, la adecuada protección a los testigos.

15) Deben adoptarse las medidas efectivas que sean precisas para prevenir que se repitan estos crímenes, entre ellas una formación exhaustiva en materia de derechos humanos y en legislación humanitaria en colaboración con expertos de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Sólo para miembros de AI Índice AI: EUR 64/04/98/s
Distr : SC/CO/GR
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CROACIA
Homicidios impunes tras la Operación Tormenta

ACCIONES RECOMENDADAS

Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copia de este documento, y de que se archiva debidamente para futuras consultas. Asimismo, adviertan que la Acción de Sección relacionada con este documento está previsto que comience el 28 de septiembre y se prolongue hasta fines de diciembre de 1998 (se enviará por separado una Circular de Acción Interna sobre este documento).

DISTRIBUCIÓN POR EL SECRETARIADO INTERNCAIONAL

El SI ha enviado este documento directamente a:

Coordinadores de país (ex Yugoslavia),
Coordinadores de la Red de Acción Regional de Europa Oriental (EERAN),
Todos los Grupos que trabajan con Expedientes de Acción sobre la antigua Yugoslavia.

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(1) Serbia, sin embargo, niega el derecho a la autodeterminación a la población de etnia albanesa de la provincia de Kosovo, al sur de Serbia; véase República Federativa de Yugoslavia: Crisis de derechos humanos en la provincia de Kosovo. Documentos, seria A: Acontecimientos hasta junio de 1998, 1: Información general. Una crisis anunciada, junio de 1998 (Índice AI: EUR 70/32/98/s).
(2) Los informes que publicaron las organizaciones internacionales en ese momento son demasiados para enumerarlos. No obstante, para un relato pormenorizado de algunas de las violaciones documentadas por ellas en esas fechas puede consultarse el apartado dedicado a Croacia en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la ex Yugoslavia presentado por la Sra. Elisabeth Rehn, Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos, remitido a la Asamblea General de la ONU, al Consejo de Seguridad y a la Conferencia Internacional sobre la antigua Yugoslavia el 7 de noviembre de 1995, A/50/727, S/1995/933.
(3) Prilog uz Odgovor MUP-a na prvo izvješ…e posebne izvještiteljice Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacije, (Apéndice a la respuesta al Informe de la Relatora Especial del 5 de noviembre de 1995), Ministerio de Interior, 30 de noviembre de 1995.
(4) Los „etniks eran los fascistas serbios durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunas tropas paramilitares serbias han empleado esa palabra como denominación propia en los recientes conflictos, en general el término tiene sentido peyorativo.
(5) Servicio vía satélite de la Televisión Croata, Zagreb, 17:30 gmt, 27 de agosto de 1995, según los datos proporcionados por el Servicio de Supervisión de la BBC, EE/2394, 29 de agosto de 1995.
(6) Los datos sobre el Sector Sur indican que se habían documentado 180 cadáveres, de los cuales 129 eran de civiles, 17 de militares (de los cuales a cuatro se había dado muerte de forma claramente ilegítima), 46 eran mujeres y 68 pertenecían a personas de 60 años o más (de la «Lista de cadáveres presentada a la atención del personal de la ONU tras la Operación ‘Tormenta’ del 4 de agosto de 1995», 29 de noviembre de 1995). Los datos sobre el Sector Norte indican que se habían documentado 51 cadáveres, aunque la inmensa mayoría de casos de esa lista no incluía información sobre los cuerpos hallados sin vida. Al menos nueve, sin embargo, eran de ancianos y, cinco, de mujeres (de «Casos del Sector Norte - por municipios y casos (Informe Núm. 3)», 1 de diciembre de 1995).
(7) La resolución 1009 (1995) del Consejo de Seguridad de la ONU, de 10 de agosto de 1995, pedía a las autoridades croatas que: a) respetasen plenamente los derechos de la población serbia local incluidos los derechos permanecer, marcharse o regresar con garantías de seguridad; b) permitiesen a las organizaciones humanitarias internacionales el acceso a esta población; y c) creasen las condiciones propicias al regreso de los que habían abandonado sus hogares. (S/RES/1009 [1995]