Violencia contra las mujeres en el ámbito familiar
Sin nadie a quien recurrir
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar está extendida por toda la Federación Rusa. Esta forma de violencia de género se cobra víctimas entre las mujeres de todas las capas sociales y de cualquier grupo étnico. Amnistía Internacional ve con preocupación que las autoridades federales, regionales y locales hayan tomado tan pocas medidas para evitar esta violencia, proteger a las víctimas y castigar a las personas responsables de los actos de violencia en el ámbito familiar. En este informe, Amnistía Internacional insta a las autoridades de la Federación Rusa a dar cumplimiento a las obligaciones que han contraído en virtud de las normas internacionales de derechos humanos de proteger a las mujeres de la violencia, lo que incluye la violencia en el ámbito familiar.
Según el Ministerio del Interior de la Federación Rusa, en el año 2003 perecieron 9.000 mujeres a manos de sus parejas o de sus familiares. Sin embargo, la verdadera magnitud del problema no se conoce, porque las autoridades no mantienen ni proporcionan estadísticas centralizadas y desglosadas sobre la violencia en el ámbito familiar. Un estudio independiente realizado en el año 2003 reveló que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar era generalizada y que incluía violencia física, sexual y psicológica.
Algunas de las personas con las que se entrevistó la delegación de Amnistía Internacional –policías, jueces, personal de los servicios sociales e incluso algunas mujeres– trataron de "justificar" la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar con argumentos que se basaban en roles estereotipados de los sexos, problemas económicos y alcoholismo. Estos argumentos no reconocen que la violencia contra las mujeres es un abuso contra los derechos humanos, un abuso que no admite justificación. Con estas actitudes se elude el reconocimiento de la violencia en el ámbito familiar como un crimen del que las mujeres son víctimas con mucha mayor frecuencia que los hombres.
Algunas de las mujeres que contaron a Amnistía Internacional sus experiencias de violencia en el ámbito familiar habían acudido a la policía o a la fiscalía. Algunas desconocían que tenían derecho a vivir sin violencia, otras no confiaban en que las autoridades fueran capaces o estuvieran dispuestas a ayudarlas y a protegerlas si decidían perseguir al maltratador por la vía judicial. Otras mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron sus repetidos intentos de obtener protección de la policía y otras autoridades, y la inadecuada respuesta o inacción total con que se habían encontrado pese a existir pruebas de que se había producido tal violencia. Fiscales, jueces y policía habían culpado con frecuencia a las propias mujeres por el hecho de haber sido sometidas a violencia.
La delegación de Amnistía Internacional escuchó con harta frecuencia de las bocas de estas mujeres que, en su experiencia, era mejor evitar el enfrentamiento y guardar silencio sobre la violencia que sufrían, pues involucrando a la policía o a la fiscalía la situación no iba a mejorar y posiblemente empeorara.
Aunque la legislación rusa en materia penal castiga los actos de violencia contra la persona, como las palizas o el hecho de causar distintos grados de daño a la salud, el país no posee ninguna ley que aborde específicamente la violencia en el hogar. Las circunstancias concretas en que se encuentra una mujer que ha sido víctima de la violencia en el ámbito familiar no se tienen en cuenta. Sin albergues, sin órdenes de alejamiento, y sin una asistencia jurídica adecuada, muchas mujeres que a menudo ya llevan muchos años inmersas en una relación violenta consideran que es demasiado peligroso y requiere demasiado esfuerzo entablar juicio contra su agresor. Muchas mujeres, pues, no dan seguimiento a sus denuncias iniciales. Los estereotipos generalizados sobre los sexos que culpan a la mujer del fracaso del matrimonio, y el temor al ostracismo que puede imponerles la sociedad por llevar a juicio al padre de su progenie contribuyen a que las mujeres se muestren reacias a emprender acciones judiciales contra una pareja violenta.
En la Federación Rusa, tanto la policía como los centros de crisis para mujeres estiman que el porcentaje de denuncias sobre violencia contra las mujeres en el ámbito familiar que recibe la policía y que se retiran posteriormente sin que se haya tomado ninguna medida, es del orden de entre el 75 y el 90 por ciento. A Amnistía Internacional le preocupa que con frecuencia las mujeres no obtienen el apoyo necesario cuando presentan una denuncia contra un agresor. Algunos policías comentaron a la organización que el alto porcentaje de denuncias que retiran las mujeres hace que la policía no se las tome en serio.
Estas actitudes perpetúan el círculo vicioso de la violencia y mantienen la violencia en el ámbito familiar como una cuestión "privada" en lugar de como una cuestión sobre la que el Estado debe actuar. Durante sus investigaciones en determinadas regiones de la Federación Rusa, Amnistía Internacional descubrió iniciativas positivas para combatir la violencia en el ámbito familiar llevadas a cabo tanto por organizaciones no gubernamentales (ONG) como por la policía y las autoridades locales. Sin embargo, incluso cuando existía suficiente voluntad política y una cooperación efectiva entre las ONG y las autoridades locales, Amnistía Internacional vio con preocupación que, sin el apoyo de las autoridades federales, no se disponía de suficientes recursos para asegurar a todas las víctimas acceso a protección y acceso a la justicia.
Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a que respeten el derecho de las mujeres a la vida y a la integridad física y mental, y hace una serie de recomendaciones para resaltar las medidas concretas que deben tomarse a fin de proteger a las mujeres de una violencia continua en el ámbito familiar. Estas medidas incluyen: promulgar leyes concretas que tipifiquen como delito la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar; proporcionar formación adecuada sobre la violencia en el ámbito familiar al personal encargado de hacer cumplir la ley y a la judicatura; asignar presupuesto estatal para refugios y otras medidas de protección, y sensibilizar al público para que entienda que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un abuso contra los derechos humanos y no una cuestión "privada", y que no admite justificación en ninguna circunstancia.
Este texto resume el documento titulado Federación Rusa: Sin nadie a quien recurrir. Violencia contra las mujeres en el ámbito familiar (Índice AI: EUR 46/056/2005), publicado por Amnistía Internacional el 14 de diciembre de 2005. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html
Cada hora, en la Federación Rusa, muere una mujer a manos de su pareja actual o anterior. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar(1) está presente en las 89 regiones de la Federación Rusa. Se produce en familias de diferentes capas sociales y de distintas etnias; no es un asunto privado sino que afecta a la sociedad en su conjunto. Amnistía Internacional ve con preocupación que se esté haciendo muy poco en toda la Federación para prevenir la violencia en el ámbito familiar, proteger a sus víctimas y hacer rendir cuentas a los que cometen tales actos de violencia. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es una violación de derechos humanos, una forma de discriminación que los Estados están obligados a eliminar en virtud del derecho internacional. La Federación Rusa es Estado Parte en diversos tratados que obligan al Estado a proteger a las personas bajo su jurisdicción de los abusos contra los derechos humanos, incluida la violencia en el ámbito familiar. Esto incluye la obligación de tomar medidas para prevenir actos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y de proporcionar protección a las víctimas de tales abusos. Estas medidas deben comprender, entre otras, la sensibilización del público y la capacitación de los encargados del orden, la promulgación de legislación específica y la financiación de albergues, líneas directas de asistencia telefónica y otros servicios para las víctimas de violencia en el ámbito familiar.
Este informe se basa en la investigación realizada en varias regiones –Karelia, San Petersburgo, Moscú y Altái– en las que Amnistía Internacional observó que se habían tomado algunas medidas positivas para mejorar la protección y los mecanismos de apoyo para las víctimas de la violencia en el ámbito familiar. Varias organizaciones ayudaron a Amnistía Internacional en su labor de investigación, entre ellas: Alianza de Mujeres (en Barnaul); el Centro de Crisis para Mujeres, el Observatorio Ciudadano y Aleksandra (en San Petersburgo); ANNA (en Moscú); Fémina (en Naberezhnie Chelnyi); el Centro de Estudios de Género (Karelia), así como la policía de San Petersburgo, Petrozavodsk y las autoridades de la Región de Altái. Las organizaciones locales y nacionales de defensa de los derechos de las mujeres proporcionaron información a Amnistía Internacional, como algunos buenos ejemplos de la labor que han realizado para lograr cambios en ciertas áreas. Sin embargo, Amnistía Internacional sigue viendo con preocupación que no exista un enfoque sistemático adecuado en el plano federal, regional y local para hacer frente al problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Parece haber falta de voluntad política para poner fin a la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Con harta frecuencia la inauguración de un albergue, el establecimiento de una línea directa de asistencia telefónica o la cooperación entre los centros de crisis para mujeres y la policía, se han debido únicamente al esfuerzo de determinadas personas dedicadas a proporcionar apoyo y protección a las mujeres que se han convertido en víctimas de la violencia en el ámbito familiar. Amnistía Internacional teme que muchos centros de apoyo y organizaciones de mujeres estén en peligro de clausura tras la retirada de fondos y apoyo del gobierno.(2)
Este informe se basa principalmente en la investigación realizada por Amnistía Internacional en diciembre del 2004 y principios del 2005, y forma parte de su Campaña mundial para Combatir la Violencia contra las Mujeres. Además de entrevistar a mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar y a organizaciones de mujeres, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con agentes de policía, y miembros de la judicatura, fiscalía y ciencias forenses, funcionarios locales, personal de los servicios sociales, abogados y personal de los centros de crisis para mujeres, activistas de derechos humanos y periodistas. El informe se centra en las formas físicas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar; sin embargo, la mayoría de las mujeres entrevistadas por la delegación de la organización habían experimentado también otras formas de violencia de género, como violencia sexual, psicológica o emocional, y dependencia o privación económica, formas tan nocivas para la capacidad de las mujeres de disfrutar plenamente de sus derechos como es la violencia física.
Aunque todas las víctimas citadas en este informe son mujeres, no son las únicas víctimas de esta forma de violencia. Los menores de ambos sexos son frecuentemente objeto de abuso a manos de sus progenitores, y también los hombres pueden ser víctimas de violencia en el ámbito familiar. Pese a esto, la violencia doméstica o violencia en el ámbito familiar se considera una forma de "violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada".(3) No está confinada a ningún sistema político o económico, sino que está presente en todas las sociedades del mundo y cruza todas las fronteras de riqueza, raza y cultura. Como ha declarado la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias:
22. Considerada desde el punto de vista del mito de la familia como santuario de tranquilidad y armonía, la violencia es una verdadera incongruencia, una contradicción. La violencia destruye la imagen pacífica del hogar y la seguridad que brinda la familia. A pesar de ello, el carácter insidioso de la violencia en el hogar se ha comprobado en todas las naciones y culturas del mundo: se trata de un fenómeno universal.
23. La violencia en el hogar es la que se produce en el ámbito privado,
generalmente entre personas relacionadas por vínculos de intimidad, de sangre o legales. A pesar de la aparente neutralidad del término, la violencia en el hogar es casi siempre un delito contra uno de los sexos, el cometido por los hombres contra las mujeres. Cuando sucede lo contrario y son las mujeres las que agreden a sus compañeros, esos incidentes no tienen prácticamente ningún efecto en las estadísticas sobre la especificidad sexual de la violencia en el hogar. De todas maneras, en la mayoría de los casos esos incidentes se producen cuando las mujeres intentan defenderse físicamente de los compañeros que las maltratan.(4)
Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional no han dado permiso para que se impriman sus nombres. Se sentían avergonzadas de estar viviendo en el seno de una relación violenta y pensaban que la opinión pública las culparía a ellas de la situación en que se encontraban además de por darla a conocer al público. Varias mujeres continúan viviendo con la pareja que las agrede y se arriesgan a sufrir represalias simplemente por hablar con una organización de derechos humanos. Las mujeres que prestaron declaración a Amnistía Internacional lo hicieron para ayudar a otras mujeres y contribuir a establecer mecanismos eficaces para combatir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Todos los casos mencionados en este informe son de años recientes.
"Usted está tratando de resolver los problemas de su familia a costa nuestra".
La primera vez que le pegó, el esposo de Anna se disculpó. La pareja contrajo matrimonio en 1986 y tiene dos hijos varones, de 12 y 19 años. Pero después de esa primera vez, el esposo se acostumbró a golpearla e insultarla, y azotaba a los niños por infracciones de poca importancia. En varias ocasiones, la cara amoratada de Anna le impidió ir a trabajar, de la vergüenza que sentía. Durante años, Anna trató de asumir esta vida, ordenándole a los niños que guardaran silencio en presencia de su padre, y tratando de evitar cualquier conflicto. Pero en el año 2003, después de perder su empleo por alcoholismo, el esposo de Anna comenzó a beber más y más, y su agresión aumentó.
En diciembre del 2003, cuando su esposo la amenazó con prenderle fuego, Anna decidió finalmente divorciarse. Esto lo enfureció a él de tal manera que destruyó todo lo que poseía la familia, incluso los platos y la ropa.
En marzo del 2004, una semana después del divorcio, Anna regresó al apartamento con su hijo mayor, pues no tenía ningún otro sitio adonde ir. Su ex esposo le dijo que no reconocía el divorcio y que seguiría acostándose con ella. Durante la riña que se produjo seguidamente, roció a Anna con un líquido inflamable y trató de prenderle fuego. Pese a que Anna contaba con testigos que podían confirmar lo que había ocurrido, la policía le dijo que no se podía hacer nada porque su ex esposo "no ha cometido ningún delito". Según cuenta Anna, la policía no prestó atención al hecho de que él tenía un encendedor ni comprobó que el abrigo de Anna estaba empapado en líquido inflamable.
Anna cree que su decisión de divorciarse de él exacerbó la violencia de su conducta. "Durante todo el tiempo que vivimos juntos, no fuimos sino marionetas para él –cuenta Anna–. Hacíamos lo que nos pedía. En cambio ahora estábamos escapando a su control, y él no podía aceptarlo."
Anna y su hijo mayor continuaron viviendo en una habitación del pequeño apartamento, mientras que el ex esposo vivía en la otra habitación. El 29 de marzo del 2004, Anna regresó del trabajo y parece que se encontró a su ex esposo y al hermano de éste en la cocina, bebiendo. Anna pidió a los dos hombres que salieran de la cocina para poder preparar la cena. Esa petición hizo que su ex-esposo la atacara con una vara de punta metálica.
Esta vez la policía trató el incidente como un intento de homicidio contra Anna. Se alegó que el ex esposo había llevado la vara al apartamento con la intención de agredirla con ella. Se abrió causa penal contra él en virtud del artículo 119 del Código Penal ruso (amenazar con asesinar o infligir lesiones graves). En julio, el ex esposo de Anna recibió una pena condicional de un año de prisión.
Sin embargo, una noche del verano del 2004, después de haber sido condenado, el ex esposo de Anna intentó atacarla. La policía se limitó a llevárselo a la calle, al automóvil policial, y a hablarle durante un rato. A la mañana siguiente él entró en la habitación de ella cuando se disponía a marchar al trabajo. Llevaba un cuchillo en la mano y le dijo que la mataría. Anna intentó escapar pero él la agarró e intentó arrojarla por la ventana. Cuando la policía acudió le dijeron que no podían hacer nada. Por lo que parece desconocían que había sido condenado.
Anna preguntó a la Dirección Central de Ejecución de Penas (GUIN, por su sigla en ruso) del Ministerio de Justicia cómo era posible que no se hubiera tomado ninguna medida contra su ex esposo cuando éste continuó recurriendo a la violencia pese a haber recibido una condena condicional. Le dijeron que la GUIN no había recibido esa decisión judicial sobre su ex esposo, y que no podía por tanto tomar ninguna medida contra él sin este documento. Según parece el tribunal no había transmitido esta información como estipulan las reglas de procedimiento pertinentes.(6)
El 29 de octubre del 2004, el ex esposo de Anna la agredió e hirió a una de sus amigas. Las dos mujeres corrieron a la habitación de Anna y atrincheraron la puerta, pero el hombre vertió combustible frente a la puerta y le prendió fuego. Según parece estaba muy borracho y las dos mujeres consiguieron escapar de la habitación. Intentaron apagar las llamas y avisaron a los vecinos, los cuales llamaron a la policía. La policía tuvo que esposar al hombre a la barandilla del corredor mientras tomaba declaración a las dos mujeres y a los vecinos. Se abrió causa penal sobre la paliza sufrida por la amiga de Anna. Según los informes, al desestimar el intento de prender fuego al apartamento, la juez le dijo "Usted está tratando de resolver los problemas de su familia a costa nuestra".
El 11 de febrero del 2005, el ex esposo de Anna fue finalmente condenado a un año de prisión. Al tomar su decisión, la juez tomó en cuenta los numerosos actos de violencia cometidos por el ex esposo de Anna.
Pero muchas personas siguen simpatizando con él. Su hermana le dijo al parecer a Anna: "Él ha tenido una vida tan difícil; no tiene empleo y es alcohólico; en cambio tú, tú eres una mujer activa, tienes trabajo y continúas con tus estudios. Tienes que cuidarlo mejor, para que todo vuelva a ser como antes."
Anna dice que otras víctimas de violencia en el ámbito familiar le dijeron: "Es nuestro destino. Si él es agresivo, tú vete de compras hasta que se calme." Anna cuenta que "las mujeres no muestran solidaridad, ni siquiera las que son jueces. Les parece que debo resolver mis problemas por mí misma. En el 2004 la policía y los jueces de paz se negaron en cuatro ocasiones a abrir una causa penal."
Antecedentes
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar no es un fenómeno nuevo en la Federación Rusa. Existía no sólo en la ex Unión Soviética, sino también en la época de los zares. Hoy algunas personas consideran que esta forma de violencia tiene sus raíces en el siglo XVI, cuando se escribió el llamado Domostroi, un manual sobre cómo disciplinar a la familia y a los sirvientes. La práctica legal y los códigos de conducta existentes en la sociedad reconocían el derecho de los hombres a golpear a sus esposas. En el siglo XIX, varios escritores mostraron preocupación por los efectos que la violencia en el ámbito familiar tenía en la vida de las mujeres en el Imperio Ruso. Pero el debate no pasó del plano teórico.(7)
Algunas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional manifestaron que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar no existía en la época soviética, alegando que esta violencia es producto de la inestabilidad política, las privaciones económicas y la falta de control estatal sobre las vidas de la población. La mayoría, sin embargo, admitía que no era algo "nuevo". Durante los primeros años de la Unión Soviética, se pensaba que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar sería erradicada en una sociedad en la que los hombres y las mujeres fueran iguales. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se consideró intrínsecamente burguesa y no se reconoció como un problema que las autoridades debían resolver.(8)
En 1999, Larisa Boichenko, del Centro de Estudios de Género de Karelia, organizó uno de los primeros seminarios de información sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Asistieron mujeres que trabajaban en la administración local o regional o en los servicios sociales. Según Larisa Boichenko, varias mujeres se echaron a llorar durante el seminario y explicaron que ellas mismas estaban inmersas en una relación violenta y no se habían dado cuenta de que tenían derecho a vivir sin violencia. Una mujer manifestó que no sabía cómo continuar con su vida, sabiendo ahora que la violencia que vivía no tenía por qué ser la norma.
Ese mismo año, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, observó que en la Federación Rusa:
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar no es un asunto privado sino una violación de derechos humanos. En los lugares donde se produce, los derechos humanos no están plenamente protegidos. El respeto de los derechos humanos y el acceso al goce de todos los derechos y libertades fundamentales sólo existe allí donde las mujeres pueden encontrar protección contra la violencia en el ámbito familiar.
Las obligaciones de la Federación Rusa en virtud del derecho internacional
La Federación Rusa es Estado Parte en tratados internacionales y regionales. Todos ellos requieren que el gobierno de la Federación Rusa proteja, respete y haga efectivos los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. La Constitución de la Federación Rusa, que entró en vigor en 1993, garantiza a las personas bajo su jurisdicción derechos y libertades "de conformidad con los principios y normas del derecho internacional que gozan de amplio respeto" (artículo 17). Los tratados que se mencionan seguidamente, que no constituyen una lista exhaustiva de los ratificados por la Federación Rusa, son relevantes para el presente análisis:
· El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); · El primer Protocolo Facultativo del PIDCP, que autoriza al Comité de Derechos Humanos a recibir y considerar comunicaciones presentadas por individuos; · La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y su Protocolo Facultativo, que reconoce la competencia del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para recibir y considerar comunicaciones presentadas por individuos o grupos de individuos; · El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos, o Convenio Europeo) y sus protocolos. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención sobre la Mujer) exige que los Estados Partes se comprometan a "[a]doptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer" (artículo 2(b)). Como la Recomendación General Nº 19 del CEDAW hace hincapié en que la definición de "discriminación contra la mujer" contenida en el artículo 1 de la Convención sobre la Mujer incluye "violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada", los Estados Partes tienen la obligación legal de proporcionar protección a las víctimas de la violencia contra las mujeres y de no permitir que se cometan actos de violencia con impunidad, independientemente de si los cometen autoridades estatales o particulares. La Federación Rusa es Estado Parte en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre la Mujer y su Protocolo Facultativo. La Federación Rusa es asimismo Estado miembro del Consejo de Europa y Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estas obligaciones derivadas de tratados imponen a la Federación Rusa el deber de respetar, proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Debe proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra las mujeres, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares.(10)
Según la Convención sobre la Mujer, la legislación no debe discriminar contra las mujeres,(11) y las mujeres y los hombres deben gozar de igualdad ante la ley.(12) Esto significa que incluso cuando las leyes de la Federación Rusa son neutras en cuanto al género, si discriminan contra las mujeres en la práctica y si facilitan que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar quede impune, la Federación Rusa debe promulgar la legislación apropiada para eliminar tal discriminación. La promulgación de una ley específicamente para prohibir la violencia en el ámbito familiar sería mucho más eficaz para impedir la violencia contra las mujeres que el actual ordenamiento jurídico, neutro en cuanto al género pero en el que no se reconoce esta forma de violencia como un delito específico ni como una violación de derechos humanos. El artículo 5 de la Convención exige que el Estado tome todas las medidas apropiadas para:
La obligación de la Federación Rusa de prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, de investigar estas violaciones de los derechos humanos y de proporcionar resarcimiento, se extienden a la provisión de albergues,(13) a la contratación de personal para servicios de asistencia telefónica, y a la formación de agentes y funcionarios públicos.(14) También incluye provisión de medidas civiles como las órdenes de alejamiento, que protejan a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar de nuevos actos de violencia.
Los organismos internacionales
Los Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, visitó la Federación Rusa en diciembre del 2004. Durante el curso de su visita se reunió con representantes del gobierno, con organizaciones de mujeres y con víctimas de la violencia contra las mujeres. Aun antes de publicarse el informe sobre esta visita, la relatora especial ya manifestó en sus observaciones iniciales que la violencia contra las mujeres y la discriminación sexual todavía no se consideran asuntos prioritarios en la agenda gubernamental, y recomendaba, entre otras cosas, que se priorizaran los derechos de las mujeres en las políticas, programas y mecanismos tanto judiciales como no judiciales, que se enmendara la legislación conforme a las normas internacionales, que se promulgaran leyes específicamente para tipificar como delito la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, y que se procuraran albergues para las personas que los necesitaban.(15)
El Consejo de Europa
El Consejo de Europa lanzará una campaña en el 2006 para combatir la violencia doméstica contra las mujeres en sus 46 Estados miembros, entre los que figura la Federación Rusa. En octubre del 2004, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) hizo notar una preocupante escalada de la violencia doméstica por toda Europa, y se comprometió a realizar esta campaña paneuropea para combatirla.(16) Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se había producido una violación del derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 3 del Convenio) en varios casos en los que el perpetrador era un familiar de la víctima. El Tribunal también consideró que se habían producido violaciones del derecho a un proceso equitativo (artículo 6.1) cuando el Estado no había respondido con la debida diligencia a los actos de violencia cometidos contra una persona por un particular.(17) El Tribunal observó que:
Aunque la legislación de la Federación Rusa permite penar a una persona por ciertos actos de violencia que puedan producirse dentro de una relación íntima, el país no dispone de una ley que se ocupe específicamente de la violencia en el ámbito familiar.(19) Durante la década de 1990, aproximadamente 40 versiones distintas de un proyecto de ley sobre violencia en el ámbito familiar fueron debatidas por activistas de los derechos de las mujeres y el Parlamento ruso, pero ninguna de ellas logró superar el primer debate. En el 2003, en una carta remitida a AI Reino Unido –la Sección británica de Amnistía Internacional–, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso manifestaba que la Duma (el Parlamento ruso), así como una gran parte de la población, consideraría una ley sobre violencia en el ámbito familiar como una injerencia en asuntos privados de familia. Se había decidido, por tanto, no proseguir ya con la promulgación de tal ley. Amnistía Internacional cree firmemente que el Estado tiene el deber de actuar cuando se violan los derechos fundamentales de las personas bajo su jurisdicción, incluso cuando los abusos se cometen en el seno de la familia.
El Código Penal de la Federación Rusa no contiene ninguna definición específica de violencia doméstica o violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. El Código Penal hace pocas referencias a la relación entre el perpetrador y la víctima de un delito. A menudo, los agentes del orden consideran los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar como parte de la "violencia en la esfera privada" (bytovoe nasilie).(20) Las organizaciones de mujeres y otras personas utilizan la expresión "violencia doméstica" (domashnee nasilie), pero esta expresión no ha ingresado todavía en los códigos jurídicos de la Federación Rusa. Las dos expresiones se usan a veces de forma intercambiable.
Una de las muchas versiones redactadas para el proyecto de ley sobre violencia en el ámbito familiar en la Federación Rusa ofrece la siguiente definición:
Hoy, los actos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, al igual que cualquier otro delito de violencia contra una persona, son punibles en virtud de la Parte VII del Código Penal ruso (Delitos contra la persona). El personal de los centros de crisis para mujeres dijo a Amnistía Internacional que con frecuencia se ocupan de casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar procesables en virtud de los siguientes artículos:
· Artículo 112 (inflicción deliberada de un daño a la salud de mediana gravedad); · Artículo 115 (inflicción deliberada de un daño leve a la salud); · Artículo 116 (palizas); · Artículo 119 (amenaza de muerte o de causar un daño grave a la salud).(22) Ninguno de los artículos supra toma en cuenta la relación entre el perpetrador y la víctima. Peor aún, la legislación rusa tampoco sanciona específicamente los actos de violencia reiterados que cometa el perpetrador contra la misma persona. El artículo 18 del Código Penal ruso dispone que para la consideración de la reincidencia criminal se excluyan los "antecedentes de condenas por delitos intencionales de poca gravedad" o las condenas condicionales. La ley no reconoce, por tanto, la gravedad de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, ámbito en el que los actos individuales de violencia causan sólo un daño menor a la salud de la víctima pero en el que el efecto acumulativo de un abuso reiterado puede tener repercusiones graves a largo plazo en la salud mental de la víctima. Únicamente el artículo 117 del Código Penal ruso (torturar, causar sufrimiento físico o mental mediante palizas sistemáticas u otros actos de fuerza) considera como circunstancias agravantes: que la víctima sea menor de edad, o aparentemente desvalida, "o [...] dependa, materialmente o de otra forma, de la persona culpable". Este artículo, sin embargo, rara vez se invoca. Un policía de Barnaul, en la región de Altái, contó a Amnistía Internacional que en tres años sólo había conocido un caso en el que se hubiera acusado a un hombre en virtud del artículo 117; y la organización no gubernamental ANNA –Centro Nacional para la Prevención de la Violencia–, sólo había registrado tres casos de este tipo en el año 2004.
El perpetrador de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar puede ser procesado también en virtud de los siguientes artículos del Código Penal ruso:
· Artículo 105 (homicidio);(23) · Artículo 108 (homicidio en transgresión de los límites de legítima defensa); · Artículo 110 (incitación al suicidio); · Artículo 111 (inflicción deliberada de un daño grave a la salud); · Artículo 127 (privación ilegal de la libertad); · Artículo 231 (vandalismo).(24) Faltando una ley específica sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, la violación conyugal no está reconocida como delito en la legislación rusa. Los artículos 131 a 133 del Código Penal ruso tipifican como delito la violación o el abuso sexual. La relación entre víctima y perpetrador no se menciona, por lo que en teoría puede procesarse en virtud de estos artículos en casos de violación conyugal. Pero Amnistía Internacional no ha podido encontrar ejemplos de procesamientos por violación en el ámbito del matrimonio o de una relación íntima.(25)
Los sondeos de opinión muestran que la mayoría de la población no considera que la relación sexual forzada en el seno del matrimonio sea un crimen.(26) Además, según un sondeo realizado en el año 2002, el 60 por ciento de los hombres rusos y el 50 por ciento de las mujeres rusas consideraban que "violación conyugal" era una expresión inapropiada.(27) Al entrevistar a mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar en Rusia, Amnistía Internacional descubrió que las que habían sido violadas por su pareja consideraban la violencia sexual como una de las peores experiencias de violencia en sus relaciones íntimas. Según el sondeo de opinión mencionado supra, el seis por ciento de las mujeres entrevistadas habían sido forzadas repetidamente a tener sexo con su pareja después de haber sido agredidas por ésta.
Los artículos 107 y 113 del Código Penal ruso (homicidio o "inflicción de daños graves o de mediana gravedad a la salud durante un estado temporal de demencia [...] causado por el uso de fuerza, burla o insulto grave por parte de la víctima u otra acción ilegítima o inmoral (o falta de acción) de la víctima, y una situación prolongada de estrés mental debida a la conducta ilegítima o inmoral sistemática de la víctima"), pueden esgrimirse como defensa en casos de violencia en el ámbito familiar. Estos artículos no se refieren a la defensa propia, que se aborda separadamente en la legislación penal rusa. Una organización de mujeres de Tatarstán informó a Amnistía Internacional sobre el caso de un hombre que había sido condenado en virtud del artículo 107(1) a tres años de prisión por matar a su mujer. El juez admitió como circunstancias atenuantes los celos del esposo y sus dudas sobre la paternidad de su segundo vástago. Al parecer, la víctima ya había buscado anteriormente protección y asistencia médica para las lesiones causadas por las palizas de su esposo. Amnistía Internacional no pudo descubrir el caso de ninguna mujer que, habiendo sido víctima de violencia en el ámbito familiar y matado al perpetrador, hubiese sido acusada en virtud de este artículo.(28)
Aunque la legislación rusa en vigor permite que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia en el ámbito familiar busquen justicia, en la práctica difícilmente la obtienen. Para algunos expertos, el hecho de que las leyes rusas sean por lo general no discriminatorias constituye un problema, pues en su opinión habría que tomar medidas especiales, destinadas a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en la práctica, lo que no infringe la Convención sobre la Mujer (véase el artículo 4 de la Convención).
Svetlana Polenina, de la Academia de las Ciencias rusa, opina que "el peor defecto de la legislación de la Federación Rusa es sin duda su neutralidad en cuestión de género; la falta de normas que aseguren que se igualan las oportunidades entre hombres y mujeres en la realización de los derechos y libertades proclamados en la Constitución de la Federación (Parte 3, artículo 19)".(29)
En el 2002, el CEDAW instó al gobierno de la Federación Rusa a que actuara para reforzar la protección de las mujeres sometidas a violencia en el ámbito familiar:
La magnitud del problema
Las estadísticas del gobierno
En su Quinto Informe Periódico al CEDAW, el gobierno ruso manifestaba que 14.000 mujeres morían cada año a manos de su pareja o de un miembro de su familia.(33) En el 2003, murieron al parecer 9.000 mujeres como consecuencia de la violencia de su pareja, pasada o presente.(34) De ser correctas, estas cifras indicarían que en Rusia muere una mujer cada 40 ó 60 minutos a manos de una persona íntimamente relacionada con ella.
No obstante, hasta la fecha no se dispone de estadísticas gubernamentales sistemáticas a nivel federal sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y el impacto que ésta tiene en las vidas de las personas afectadas. La Oficina Federal de Estadística y el Ministerio del Interior publican estadísticas sobre delincuencia e investigación criminal en sus respectivas páginas de Internet, pero estas estadísticas no incluyen información sobre la víctima del delito ni sobre su posible relación con la persona que lo perpetró. En las reuniones que Amnistía Internacional mantuvo con funcionarios de orden público, ONG de mujeres y expertos médicos, salió a relucir que la mayoría de los organismos que se ocupan de la violencia en la esfera privada y de cuestiones de salud, recaban información sobre su labor y la transmiten al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, entre otros. Por ejemplo, los datos recabados por el personal del servicio de ambulancias contienen información sobre el lugar en el que se produjo una lesión, como en un lugar público, en un accidente de tráfico, en el lugar de trabajo o en un domicilio privado. También se hace constar la influencia del alcohol, y la edad y el sexo de las personas lesionadas. Los institutos forenses proporcionan datos similares. Sin embargo, ninguno de los profesionales con los que habló la organización había recibido de su respectivo ministerio un análisis de los datos proporcionados.
"La violencia impone la redistribución de recursos y poder".
Investigación estadística de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar
El Instituto Forense de la Universidad Estatal de Medicina de Barnaul fue una de las primeras instituciones de este tipo que fomentó la investigación sobre la violencia en el ámbito familiar. Entre los meses de julio y agosto del 2004, la Oficina de Investigación Forense en Seres Vivos recibió 1.410 casos, de los cuales 230 fueron identificados como casos de violencia familiar. En éstos, las mujeres constituían el 96,4 por ciento de las víctimas.(35) Entre las víctimas de violencia en el ámbito familiar, el 71,4 por ciento habían sido agredidas por una persona íntimamente relacionada con ellas (hombres o mujeres). Entre las víctimas mayores de 50 años de edad, un número considerable había sufrido violencia a manos de sus hijos, nietos o sus respectivas parejas.
La reciente investigación sobre violencia conyugal realizada por el Consejo para la Mujer, de la Universidad Estatal de Moscú, mostraba que la violencia en el ámbito familiar en la Rusia de hoy es de gran magnitud.(36) El estudio se realizó en ciudades y pueblos de siete regiones de la Federación Rusa. En total tomaron parte en él aproximadamente 2.200 personas que llevaban casadas un año como mínimo, en 50 ciudades y zonas rurales.
El estudio reveló que un número abrumador de las mujeres entrevistadas eran víctimas de violencia y como consecuencia de ello vivían atemorizadas y en un estado de desesperación.
· 70 por ciento de las mujeres dijeron que habían sido sometidas a algún tipo de violencia (psicológica, sexual, física y económica) por su esposo · 36 por ciento de las mujeres sufrían violencia física y psicológica · 7 por ciento de las mujeres padecían todos los tipos de violencia (física, económica, sexual y psicológica) simultáneamente · más del 70 por ciento de las mujeres dijeron padecer alguna forma de malestar psicológico en relación con su esposo, como estrés, ansiedad, falta de confianza, impotencia, dependencia, desesperación, sentido de culpa, temor o sentimiento de incompetencia · 51 por ciento de las mujeres padecían restricciones de algún tipo o habían sido amenazadas. Al 22 por ciento se las había amenazado con daños físicos; al 15 por ciento, con abandono. · 90 por ciento de todas las personas que respondieron habían bien presenciado escenas de violencia psicológica entre sus progenitores, o habían sufrido tal violencia en su relación actual. Las mujeres entrevistadas describieron los distintos tipos de violencia que habían sufrido y que, a menudo, se habían producido en momentos de mayor vulnerabilidad física.
· 58 por ciento de las mujeres habían sido agredidas por algún varón íntimamente relacionado con ellas (el esposo actual o el anterior, el novio o el amante) · 18 por ciento de las mujeres sufrían maltrato físico o grave o regular a manos de sus esposos · 48 por ciento de las mujeres golpeadas habían sido agredidas estando encintas, durante la lactancia del bebé, cuando sus hijos eran pequeños, estando enfermas, tras perder su empleo o cuando tenían dificultades laborales, o cuando estaban sufriendo física o mentalmente y se encontraban en estado de impotencia o indefensión · Más del 60 por ciento de las mujeres golpeadas por el esposo habían sufrido trauma en cierto grado a consecuencia de ello; el 3 por ciento de todas las entrevistadas habían precisado asistencia médica. Los hombres solían negar que el uso de la violencia contra sus esposas hubiese cambiado la relación, mientras que las mujeres eran conscientes de que la violencia usada por sus esposos había llevado a una nueva distribución de recursos y de poder a favor de los hombres.(37)
Los hombres entrevistados tenían una probabilidad cinco veces mayor de culpar a la esposa que a sí mismos por iniciar la disputa que causó la paliza, y tres veces mayor de señalar como razón para la disputa el "mal" comportamiento de ella, más que el propio. Las respuestas de los hombres con frecuencia subestimaban o restaban importancia al grado de violencia y a su frecuencia.
· 41 por ciento de las mujeres habían sido golpeadas al menos una vez por sus esposos actuales, mientras que sólo uno de cada 10 hombres admitía haber tratado de pegarle a su esposa · 55 por ciento de las mujeres decían haber sido amenazadas o expuestas a violencia física; el 48,7 por ciento de los hombres admitía haber expuesto a sus esposas a amenazas o a violencia · 50 por ciento de las mujeres habían sufrido fuerza física en sólo una ocasión; 40,8 por ciento de los hombres decía haber utilizado la violencia en más de una ocasión. La mayoría de las mujeres no buscó ayuda la primera vez que fueron golpeadas por su esposo, prefiriendo mantener esa experiencia privada. Casi la mitad de ellas sintieron que necesitaban ayuda médica o legal, pero no la buscaron.
· 35 por ciento de las mujeres golpeadas (el 17 por ciento de todas las personas que respondieron) acudió a un profesional de la medicina o a la policía · 57 por ciento de las mujeres agredidas por sus esposos le contaron lo sucedido a alguna persona íntima · 83 por ciento de las mujeres que habían sido agredidas por el esposo creían que la violencia continuaría en el futuro. La violencia sexual, pese a ser corriente, no era reconocida como un problema por la mayoría de las personas que respondieron. Más de la mitad de las entrevistadas partían de la base de que la violación en el seno del matrimonio era imposible.
· 23 por ciento de las mujeres habían sido sometidas a violencia sexual por sus esposos o parejas, lo que incluía tener sexo sin desearlo "para mantener la paz" · 43 por ciento de todas las personas que respondieron sentían que era mejor para la mujer no negarse a tener sexo con el esposo, incluso si ella no lo deseaba · más del 70 por ciento de las personas que respondieron consideraban que no era absolutamente necesario tener en cuenta los deseos o las necesidades de la esposa en la relación sexual conyugal. "Justificación" de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar nunca puede justificarse. Las mujeres tienen derecho a vivir sin esta violencia, independientemente de sus circunstancias personales. A las que se somete a violencia en el ámbito familiar se les niegan derechos fundamentales: el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, y el derecho a la libertad de expresión. A las que se da muerte, se las priva del derecho a la vida. Las personas que cometen actos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar deben rendir cuentas de estos actos, así como el Estado que tolera tal violencia. La Federación Rusa tiene la obligación no sólo de proteger a las personas bajo su jurisdicción de los abusos contra esos derechos sino también de proporcionar acceso a condiciones que permitan a cada persona gozar plenamente de esos derechos sin discriminación. Las "justificaciones" de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar que se mencionan seguidamente no atenúan en modo alguno la responsabilidad de los que han usado violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. No obstante, para resolver esta violencia, el gobierno sí debe tener en cuenta los estereotipos que existen sobre los sexos, los problemas económicos y otros factores que pueden contribuir a perpetuar la violencia.
El problema de la vivienda
Pese al creciente descenso en el número de "komunalki"–amplios apartamentos compartidos entre personas que no pueden elegir con quién viven–, la escasez de viviendas sigue siendo un gran problema para muchos rusos. Pocas personas pueden permitirse el lujo de comprar un apartamento en el mercado libre.(38) Por tanto, cuando una pareja se separa, suele recurrir a la práctica de cambiar un apartamento grande por dos pequeños. Encontrar una alternativa adecuada resulta pues difícil para las personas que desean cambiar de vivienda.(39) Muchas parejas jóvenes viven con sus padres. Y es frecuente que una familia entera viva en una habitación de un hostal, cuando ese alojamiento se les ofrece como parte del contrato de trabajo. Tampoco es raro que las parejas divorciadas continúen viviendo juntas en el mismo apartamento o casa, o incluso en una sola habitación. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer manifestaba en su informe del año 2000 a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que:
inherente en una vivienda inadecuada debido a la violencia que soportan dentro de su hogar.(41)
El compañero de Nina P. empezó a volverse violento tres años atrás. Desde hace meses, Nina P y su hijo sólo regresan al apartamento para dormir, mientras buscan otro lugar donde ir a vivir. Comen con la madre de Nina P. y hacen su vida en distintos lugares. "Es cuestión de tiempo y, mientras tanto, trato de que no se disguste. Hago lo posible para evitar cualquier conflicto –dice.– Lo conozco desde hace ya 20 años y sé lo que tengo que hacer."
En el caso de Anna, ésta continuó viviendo con su ex esposo en el mismo apartamento de dos habitaciones, incluso después de que la policía hubiese aceptado finalmente su denuncia de violencia. Llevaba gas lacrimógeno consigo, para defenderse, y cada noche se atrincheraba en su habitación. Pasaba todo el tiempo que podía con sus amistades y evitaba el apartamento cuando él estaba en él.
Aunque la policía tiene obligación de intervenir si se ha cometido un crimen, existen restricciones a su derecho a entrar en un apartamento sin orden judicial y desalojar a una persona de su propio domicilio. El Estado, por ejemplo, no puede dejar a alguien innecesariamente sin techo. El desalojo sólo es posible si un inquilino destruye la propiedad de otras personas o del Estado, y si representa un peligro grave para la seguridad del vecindario.
El alcohol
Policías, fiscales, médicos(42) y jueces de la Federación Rusa consideran que el alcohol es una de las principales causas de violencia. El alcoholismo se utiliza para explicar, cuando no justificar, el comportamiento del agresor. Muchas mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus esposos se volvían violentos porque no perdían el control cuando estaban ebrios. Sin embargo, en sólo unos pocos casos dijeron estas mujeres que sus esposos habían sido también violentos con otras personas de fuera de la familia. Las entrevistas mostraban que aunque los primeros actos de violencia pudieron haber ocurrido cuando los hombres estaban ebrios, en las relaciones prolongadas los hombres se habían vuelto a menudo violentos incluso estando sobrios.
"Soy su igual y eso no le gusta a él" – La historia de Liuba
Liuba es profesora de literatura y subdirectora de un colegio. Tiene 37 años y es madre de tres hijos de 16, 14 y 4 años de edad. Se casó con Oleg, un boxeador amateur, cuando eran ambos estudiantes. Al principio pensó que cuando se controlaba era una señal de su amor por ella. La primera vez que le pegó, Liuba estaba encinta.
Afortunadamente, la paliza no le provocó un aborto, pero sí tuvo problemas con la vista temporalmente. Oleg, que estaba ebrio cuando le pegó, afirmó después que no sabía lo que había hecho. "Cuando se lo cuento hoy, me mira como si estuviera loca y dice que es imposible." Oleg se disculpó cuando recobró la sobriedad y dijo que no había sido su intención hacerle daño. Pero su alcoholismo se hizo serio y, según dice Liuba, siempre se vuelve agresivo cuando bebe.
Durante los primeros cinco o seis años de matrimonio, Liuba trató de acostumbrarse a la violencia adoptando una forma de vida que no provocara la ira de Oleg. "Un día, sin embargo, él estaba sobrio y tuvimos una riña, aunque yo pensé que no había razón para que me pegara. Pero lo hizo y me estampó contra la pared –cuenta Liuba.– Los niños lo vieron y comenzaron a gritar. Después de ese incidente, mi hijo pequeño, que entonces tenía dos años, comenzó a tartamudear. Entonces fue cuando empecé a pensar que quizá no estaba bien eso de recibir golpes una y otra vez."
Liuba piensa que Oleg está enfermo y que es hipersensible al alcohol. "Es distinto de otros hombres rusos: con sólo un poco de vodka... basta para que pierda el control sobre su cuerpo." Pero recientemente Liuba ha comprendido que puede estar usando el alcoholismo como excusa de la violencia.
"Soy una mujer que ha tenido éxito profesionalmente. Soy profesora y subdirectora de un colegio –dice Liuba.– Tengo una buena educación y más conocimientos que Oleg. También soy una buena madre... Cumplo todos los criterios para que se me considere una buena mujer que debe ser protegida y apreciada por su esposo. Mi esposo se da cuenta de soy su igual y eso no le gusta. Incluso cuando me dice que soy muy bella hay algo agresivo en la forma en que lo dice. Puede que esté muy acomplejado. A los hombres de este país no les gustan las mujeres que tienen éxito."
Tanto los centros de crisis para mujeres como otros especialistas han señalado que las personas que usan violencia contra sus parejas o sus hijos e hijas lo hacen tanto cuando están ebrios como sobrios. Y, por el contrario, no todas las personas que abusan del alcohol recurren a la violencia.(43)
Varias mujeres dijeron que su agresor no tocaba el alcohol en absoluto o que nunca había recurrido a la violencia cuando estaba ebrio.
Varias de las expertas sobre violencia contra las mujeres en el ámbito familiar con las que habló Amnistía Internacional, veían con preocupación el elevado grado de aceptación de esta violencia como parte inherente de la vida, y el hecho de que muchas personas, incluso las mismas víctimas, no reconocieran esta violencia como un crimen punible. Un funcionario del gobierno de la región de Altái dijo a Amnistía Internacional que en su experiencia muchas mujeres sólo recurren a la policía cuando sus hijos son las víctimas de la violencia de algún familiar, pero soportan esa violencia cuando va dirigida contra ellas. Reconocía también que el Estado debía actuar para cambiar las actitudes guiadas por estereotipos sexuales que son la causa raíz de este comportamiento.
Oksana tiene 54 años y dos hijos de un matrimonio anterior. Es una mujer elegante y culta, que tenía un empleo bien remunerado y era capaz de mantenerse hasta que contrajo matrimonio con su esposo actual, hace 15 años. Oksana admite ahora que sabía que era violento antes de casarse con él. De hecho, no se atrevió a acudir a la ceremonia de su boda en dos ocasiones, y fue su esposo quien la llevó a la fuerza al Registro Civil. Oksana le contó a Amnistía Internacional que pese a que había sido capaz de cuidar de sus dos hijos por sí sola después de su divorcio, se sentía presionada para casarse de nuevo. Según dijo, se sentía menos respetada por ser una mujer sola y con hijos y consideraba que para realizarse en la vida necesitaba contraer matrimonio de nuevo.
Después de su boda, el esposo de Oksana destruyó lentamente su independencia. La obligó a renunciar a su empleo y a trabajar en la empresa de él. Le pagaba sólo dinero suficiente para comprar la comida. Creó tal ambiente en su casa que la familia y amistades de Oksana dejaron de visitarla. Le prometido una vida más fácil si iba a trabajar para él, pero a menudo Oksana acababa trabajando hasta muy tarde en la noche, haciendo lo que él le pidiera. Y él no la ayudaba con los deberes caseros.
Cuando no cumplía lo que él le pedía, la golpeaba. Pero Oksana no acudió nunca a la policía. Hace 12 años, su esposo la arrojó contra un mueble y continuó dándole patadas mientras estaba en el suelo. Le dañó la espalda de tal manera que no podía caminar y tuvo que guardar cama durante dos semanas. Oksana pensó que le había roto las costillas. Su esposo llamó a un médico que él conocía para que la examinara y no tuviera que ir al hospital, donde el personal médico podría haberle preguntado cómo se habían producido las lesiones.
"A veces me golpeaba sin que yo supiera siquiera por qué. No se me ocurre ninguna razón," dice Oksana. Tiene que pedirle permiso a su esposo si desea invitar a sus familiares o a sus amistades. Tiene algunas a quienes acudir cuando su esposo le ha dado una paliza, pero se niegan a visitarla a ella y no hacen más que decirle que abandone a su esposo. Una vez, hace cuatro años, fue a visitar a una de sus amistades, que vivía cerca. Aunque su esposo sabía adónde había ido, la recibió a patadas y puñetazos en cuanto regresó a casa. Le dijo que había estado muy preocupado por ella cuando se hizo de noche.
Oksana cree que hay demasiados obstáculos para pedir el divorcio. En vez de ello trata de evitar cualquier enfrentamiento. Su esposo no tiene más que levantar la mano para recordarle todas las veces en que casi la ha matado. "Todo lo que quiere, se lo doy; no vale la pena discutir con él –dice.– No le interesa la opinión de los demás. Para él no existen. No sé cómo me metí en esto. ¿Realmente le creí? ¿Cómo he acabado en esta jaula, encadenada?"
Marina tiene 36 años. Su pareja, con la que lleva ya tres años, la arrojó por la ventana del apartamento que está situado en un tercer piso. Su vecina llamó a la policía y a instancia suya se abrió causa penal contra el compañero de Marina. Marina ya había estado antes en el hospital a causa de la violencia de su pareja, y el hospital la había remitido a la policía. Pero cuando llegaba allí, siempre le decía a la policía que había sido agredida en la calle, por un desconocido. "Sentía lástima por él."
Nina P. sólo llegó una vez a pedir un certificado médico de las lesiones sufridas a manos de su pareja. Necesitaba el certificado para poder darse de baja por enfermedad en el trabajo ya que se sentía incómoda yendo a trabajar con el rostro todo amoratado. "La gente piensa que es culpa tuya; que ya que vives con él es que te gustan así las cosas."
Liuba recuerda que una noche su esposo llegó a casa borracho y se encolerizó tanto al ver que sólo le servía patatas para cenar, que arrojó el plato en el corredor, gritando "¡Gano bastante dinero para merecer mejor comida!" Después se puso a pegarle y cuando los hijos trataron de intervenir, los golpeó también. "La pequeña estaba entre él y yo y creí que la mataba –dice.– Tratamos de atrincherarnos en una de las habitaciones, pero él echó la puerta abajo. Los niños no paraban de gritar. No sé ni cómo pero salimos del apartamento y fuimos a casa de mi suegro. A la mañana siguiente, mi suegro fue a ver a Oleg y cuando regresó simplemente me dijo ‘No serviste bien a tu esposo; no me metáis en vuestros problemas conyugales’."
Liuba le dijo a Amnistía Internacional que le llevó varios años dejar de creer que en cierta manera ella era responsable de la violencia a la que la sometía: "Mi esposo cree que le pertenezco, que es mi dueño y que tengo que aguantarlo todo porque soy su mujer. Una vez me gritó ‘¡Ya llevas 17 años viviendo conmigo y todavía no lo entiendes!’ Yo no sé qué es lo que hay que entender. No puedo aceptar su conducta. Me fui a un centro de crisis para mujeres porque quería saber si algo en mí no funciona porque no puedo aceptar esa conducta tan violenta, y me dijeron que mis sentimientos sobre esa violencia eran normales."
Tamara tiene 28 años y se casó cuando apenas tenía 18. Su esposo comenzó a pegarle al poco tiempo pero ella no se lo dijo a nadie, de avergonzada que estaba. Tras un ataque particularmente violento, Tamara se fue del apartamento y estuvo viviendo sola durante algún tiempo. Su familia la descubrió y la convenció de que regresara. Al poco tiempo, la violencia retornó. Ni siquiera una vez llamó a la policía. Un día de invierno él hizo que se desnudara y que se pusiera un bañador y la empujó fuera de la casa. Tamara acudió a los vecinos, que la acogieron y llamaron a la policía. Su esposo la siguió y se disculpó por el comportamiento tan "loco" que había tenido con su esposa. Después de este incidente, Tamara se marchó definitivamente.
La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, en su informe de 1996 a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comparaba la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar con la tortura, incluido en su uso como instrumento de control y de castigo.
Los primeros siete años de matrimonio transcurrieron sin violencia. Pero cuando Anastasia empezó a ganar más dinero que su esposo, éste la extorsionó y trató de humillarla pegándole. La forzó a que le comprara ropas costosas y una casa en el campo para los fines de semana, a la vez que trataba de impedir que ella gastara dinero consigo misma o con la hija de ambos. Anastasia comprobó que cuanto más ascendía él en su posición, más obediencia y servilismo esperaba de ella, y más dinero reclamaba.
El esposo de Anastasia nunca estaba ebrio cuando usaba la violencia. Hasta hace poco la golpeaba sólo en las partes del cuerpo donde las señales serían menos visibles o podían cubrirse.(45) Le tiraba de los cabellos, le daba patadas en el estómago, en los brazos, en las piernas. Cuando la pareja decidió tener cuentas bancarias separadas, comenzó a pegarle también en el rostro. Con un ojo amoratado no podría ir a trabajar, con lo que ganaría menos dinero. Anastasia le contó a Amnistía Internacional: "A veces creo que mi esposo me está utilizando para algún tipo de experimento psicológico... Me dice que no puedo hacer nada contra él; que nadie me creerá, porque él es un profesor con buena reputación y al que la gente respeta".
En Rusia pueden a veces admitirse como pruebas en una causa las referencias personales sobre el carácter de un sospechoso que escriba alguien que lo conozca bien. Varias mujeres que habían sido objeto de actos de violencia a manos de sus parejas, contaron a Amnistía Internacional que los hombres habían conseguido buenas referencias personales sobre su carácter de sus jefes. Al parecer, estas referencias personales habían influido en la decisión judicial durante el juicio. Especialistas en sociología y centros de crisis han indicado reiteradamente que los autores de actos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar recurren a esta violencia únicamente en el hogar y sólo la dirigen contra determinadas personas; en otros sentidos pueden considerarse en general personas muy bien adaptadas a la sociedad.(46) Consecuentemente los sociólogos han pedido que en causas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar no se admitan como pruebas las referencias personales favorables al agresor.
La prevalencia de la violencia en la sociedad
El sondeo de opinión realizado en 2002-2003 sobre la violencia en los hogares rusos actuales(47) también se ocupó de la aceptabilidad de la violencia física en la opinión pública. La mayoría condenaba la violencia contra las mujeres como un "mal social" y consideraba que golpear a las mujeres era un crimen que el gobierno debía combatir. Pero también había un número significativo de personas que estaban dispuestas a disculpar al esposo que golpeaba a su mujer –entre el 32 y el 47 por ciento de las respuestas–, según las razones que se alegaran para la violencia. Casi el 80 por ciento consideraba que el gobierno debía proteger a las mujeres que habían sido víctimas de violencia en el ámbito familiar.
Tras la desintegración de la Unión Soviética, algunas de las violaciones de derechos humanos más graves que se asociaban con ella han sido resueltas y erradicadas, pero los abusos contra los derechos humanos, incluidos los perpetrados por agentes del orden y fuerzas de seguridad, persisten. Una gran proporción de la población masculina de Rusia ha servido en el ejército, y un número relativamente alto, ha estado en prisión.(48) En ambos casos, los hombres han sido sometidos con toda probabilidad a tratos crueles, inhumanos y degradantes o a violaciones graves de los derechos humanos, incluida tortura y malos tratos. A esto hay que añadir que muchos soldados, así como miembros de las fuerzas especiales y agentes de policía rusos, han participado en los conflictos armados de Chechenia. A algunos de ellos probablemente les ha resultado difícil adaptarse de nuevo a un entorno sin conflicto.
Una abogada que trabaja con la organización Madres de Soldados de San Petersburgo, contó a Amnistía Internacional que los familiares de varios hombres que habían servido como soldados en Chechenia habían acudido a la organización en busca de asesoramiento debido al cambio tan notable de comportamiento –incluso violencia– que mostraban esos hombres desde su regreso. Una mujer admitió que la violencia de su hijo hacia ella y otros miembros de la familia se había convertido en un problema tan grave que hasta había deseado que su hijo hubiera muerto.
Una mujer joven que había contraído matrimonio justo antes de que su esposo partiera para Chechenia se puso en contracto con Madres de Soldados de San Petersburgo al poco de regresar éste de la guerra. El esposo tenía ataques y se volvía agresivo sin ninguna razón aparente. Le decía que quería protegerla de lo que había presenciado. No podía dormir, estaba irritable, pero no quería decirle por qué. La esposa estaba asustada pues sabía que él poseía todavía un arma. Él se quejaba de que no se hubiera materializado ninguna de las oportunidades de rehabilitación prometidas, y se sentía menospreciado por la gente. Después de una riña en la que la había empujado contra la pared y la había esposado para que no pudiera salir de la casa, la mujer lo abandonó definitivamente. El hombre se apuntó para servir de nuevo en Chechenia.(49)
En los años de 1970, cuando era joven, el esposo de Olga T. combatió en Afganistán. Le dijo que había sido el único sobreviviente de su unidad, compuesta por jóvenes reclutas. Ella cree que su trauma es la causa de sus problemas psicológicos.(50) Olga sospechaba que consumía drogas y que esto estaba contribuyendo a sus cambios de humor y a sus ataques de cólera. "Es un hombre muy fuerte, y mucha gente le tiene miedo –dice.– No entienden cómo puedo vivir con él. Es un tirano. A veces me pega sin ni siquiera haber tenido una discusión... Yo soy de pequeña estatura y no hay que hacer mucho para enviarme contra la pared."
El centro regional de crisis para hombres de Barnaul ha tratado de ofrecer apoyo psicológico y médico para los hombres –veteranos de guerra, hombres con hijos y sin esposa, drogadictos y aquéllos con problemas de familia o en sus relaciones. Se trata del primer proyecto de este tipo en la Federación Rusa, y, aunque este centro lleva funcionando unos 10 años, le resulta difícil atraer a los hombres que han mostrado violencia en el ámbito familiar. Con frecuencia es la esposa la que acude al centro en busca de ayuda y la que trata de averiguar qué puede hacer con un esposo o pareja que se ha vuelto agresivo. Hasta el momento no ha sido posible formar un grupo de hombres que deseen cambiar sus patrones de conducta violenta.
La directora del centro, que es también una de sus psicólogas, explicó a Amnistía Internacional que consideran a los hombres no sólo como agresores sino también como víctimas, por ejemplo, de un entorno familiar de violencia en su infancia, o de abuso en el ejército. El personal del centro asistía a conferencias y cursos de formación para aprender a conseguir la participación de los hombres en la erradicación de la violencia en el ámbito familiar y a trabajar con maltratadores. La experiencia de los países en los que los hombres violentos tienen que someterse a asesoramiento psicológico o tienen que tomar parte en programas para maltratadores se consideraba un ejemplo positivo.
Alianza de Mujeres, una ONG de Barnaul, en la región de Altái, de la que en el año 2004 fue surgiendo un centro de crisis para mujeres patrocinado por el Estado, ha preparado seminarios de formación para agentes de policía de la región de Altái que les explican las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y el círculo vicioso de violencia en el que pueden encontrarse atrapados hombres y mujeres.
Los esfuerzos de la organización han producido algunos éxitos. Tras una sesión de formación, un agente de policía admitió que le había pegado a su esposa y que el curso le había ayudado a comprender cómo había escalado la violencia.
Obstáculos a la justicia
Muchas más mujeres acudirían a las autoridades si verdaderamente sirviera de algo. Una noche llamé a la policía 16 veces, no vino nadie. Liliana (31)
La inacción policial
Alianza de Mujeres de Barnaul ofrece regularmente cursillos a agentes de policía locales y regionales para ayudarles a reconocer e impedir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. La organización invitó a un grupo de 126 policías con los que llevó a cabo un estudio de actitudes ante la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Cuando se les preguntó cuál era, en su opinión, la razón de que las mujeres acudieran tan rara vez a la policía cuando sufrían violencia a manos de su pareja anterior o actual, 28 agentes respondieron que el temor era un gran obstáculo mientras que 12 consideraban que se debía a la insuficiencia de leyes.(51) Cuando se les preguntó qué podían hacer ellos en su calidad de agentes de policía para ayudar a las mujeres que se convertían en víctimas de violencia en el ámbito familiar, 15 respondieron "nada". La mayoría de los agentes (70) consideraban que se necesitaba una ley sobre violencia en el ámbito familiar.(52)
Mejor no llamar a la policía; que después es peor – La historia de Nina P.
Nina P. se divorció hace siete años de su esposo, con el que llevaba 20 años casada, pero sigue viviendo con él.(53) Le contó a Amnistía Internacional que su esposo comenzó a pegarle hace tres años. "Cambió en cuestión de un par de días –dice.– Estaba previsto que se fuera al extranjero. Tenía un empleo. Pero entonces empezó a beber y probablemente también a drogarse. Desapareció durante varios días y cuando regresó, había cambiado por completo."
Pese a la violencia, Nina P. rara vez llamó a la policía. Los vecinos al parecer llamaron en una ocasión, pero la policía no vino. Una vez se llevaron a su ex esposo toda la noche, pero Nina P. tuvo que pagar la multa de 500 rublos que le impusieron. Hoy dice que no quiere gastarse el dinero con él.
Nina P. acudió a la policía para enterarse de cómo podía presentar una denuncia contra su esposo, pero después decidió no recurrir a la justicia. "Mejor no llamar a la policía; que después es peor –dice.– A lo mejor se lo llevan para pasar la noche, pero después vuelve a las seis de la mañana y está rabioso contigo porque llamaste a la policía. Por la noche quizá estaba borracho, pero por la mañana tiene resaca y se siente mucho peor. Eso simplemente crea demasiados problemas para la mayoría de las familias. Hables con quien hables –y mucha gente está pasando por lo mismo– todo el mundo te recomienda que no vayas a la policía. Mi hijo tiene un amigo que trabaja en la policía y hasta llegó a decirnos que ‘mejor que no nos llamen, que podría ser peor’. Mi esposo sabe que no puedo hacer nada en contra suya. Cree que tiene impunidad total para lo que haga."
Sin una orden judicial de registro, la policía está restringida en su derecho de entrada en un domicilio. Pueden entrar en un domicilio privado si alguna de las personas que viven allí les abre la puerta. Tienen entonces derecho a llevarse a alguien del domicilio y detener a esa persona. La detención ha de registrarse en un plazo de tres horas (artículo 92 del Código de Procedimiento Penal). El mismo artículo del Código de Procedimiento Penal estipula que los encargados de hacer cumplir la ley tienen que comunicar al fiscal la detención, por escrito, dentro de las 12 horas siguientes a ésta. Aunque estas reglas cumplen las normas internacionales sobre el trato de los reclusos, Amnistía Internacional teme que los agentes del orden utilicen con demasiada frecuencia las reglas que impone el Código de Procedimiento Penal como excusa para no actuar en casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.
Varios policías, así como mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, dijeron a Amnistía Internacional que la mayoría de los maltratadores no quedan detenidos más de las tres horas iniciales, incluso si implica tener que detener y liberar a la persona varias veces en una misma noche. Cuando Anna preguntó por qué no habían recluido a su esposo hasta que se le había pasado la embriaguez, la policía le dijo "No podemos tenerlo más tiempo. Después de tres horas tenemos que alimentarlo. Y no tenemos recursos para eso."
Liliana es profesora de arte y vive con su hijita en un hostal para trabajadores, en el que comparte un baño y una cocina con otras 30 personas. La comisaría de policía más cercana queda a unos 200 metros del hostal. Cuando su ex pareja vino a celebrar el cumpleaños de su hija, robó la llave de la habitación de Liliana y regresó de noche, borracho, y trató de violarla. Los vecinos y la propia Liliana llamaron a la policía 16 veces esa noche, pero no acudió nadie.
María vive con su esposo en un bloque de apartamentos típico de los barrios periféricos del norte de Moscú. Sus vecinos aseguran que él le pega por lo menos una vez al mes, paliza que han escuchado tanto en el piso de arriba como en el de abajo. Los vecinos han llamado repetidamente y esperado delante de la puerta de María a que llegara la policía. En una ocasión, mientras le contaban a los agentes que habían oído cómo rompían muebles, el esposo de María abrió la puerta y le dijo a la policía que todo estaba bien, y que simplemente estaban cambiando muebles de sitio. La policía le dijo a los vecinos que no podían hacer nada porque no podían forzar su entrada en el apartamento.
Varios de los agentes de policía y fiscales que hablaron con Amnistía Internacional consideraban la protección de la propiedad privada un obstáculo para la prevención de la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, uno de los agentes entrevistado por la organización explicó que como la ley dice que la policía puede entrar en un domicilio privado para impedir un crimen, existe una buena razón para entrar por la fuerza si las denuncias de los vecinos, o denuncias previas de que alguien ha sido víctima repetidamente de violencia a manos de su pareja o un familiar, permiten suponer que se está cometiendo un crimen, incluso si el supuesto autor declara a la policía que todo está en orden.
Si un agente derriba la puerta o destruye otras partes de la propiedad al forzar su entrada en un domicilio, tendrá que justificar luego sus acciones. Algunos de los policías que hablaron con Amnistía Internacional admitieron que temían que los hicieran responsables de entrada ilegal en un apartamento. Otros policías, sin embargo, con el respaldo del gobierno local o regional, como ocurre en la región de Karelia, sentían que no entrar en un apartamento por la fuerza existiendo indicios de violencia doméstica o de otro tipo constituía una violación de su deber de prevenir la comisión de un crimen.
No querrás crearte aún más problemas de los que ya tienes, ¿verdad, nenita?
La no admisión de denuncias
Si bien no se dispone de estadísticas exactas, la policía y las organizaciones de mujeres creen que entre el 75 y el 90 por ciento de las denuncias que presentan las mujeres contra sus parejas por incidentes de violencia dirigidos contra ellas, son retiradas posteriormente sin que se tome acción alguna. Como son tan pocos los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar que llegan a juicio, la policía parece creer en muchos casos que es mejor evitar que las mujeres presenten una demanda formal. Amnistía Internacional ve también con preocupación cierta renuencia por parte de la policía a registrar actos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar cometidos por la misma persona debido a que lleva menos tiempo hacer constar un incidente individual que acusar al perpetrador en virtud del artículo 117 del Código Penal ruso (causar daño físico o mental mediante inflicción sistemática de palizas u otros actos de violencia).
Una joven oriunda de Ucrania, que no estaba registrada en San Petersburgo, contó a Amnistía Internacional que cuando acudió a la comisaría de policía a presentar una denuncia contra el padre de su pareja, se le dijo que lo único que conseguiría es atraer atención sobre el hecho de que no tenía pasaporte ruso y no estaba registrada en San Petersburgo. El agente con el que habló le dijo: "No querrás crearte aún más problemas de los que ya tienes, ¿verdad, nenita?"
Un agente de un pequeño pueblo de Siberia también le dijo a Amnistía Internacional: "De todas formas, en cuanto pasan un par de días, esposo y esposa vuelven a hacer las paces, y entonces a los que nos echan la culpa por llevar a alguien a juicio es a nosotros." Mencionó el caso de una mujer que, habiendo conseguido llevar a juicio a su esposo, retiró la denuncia en la misma sala diciendo que la conducta de su esposo había cambiado desde que la presentó. Otro de sus colegas decía que muchas mujeres no estaban dispuestas a tomar ninguna acción que pudiera alterar seriamente la vida familiar. Según él, algunas de las mujeres sólo pretendían asustar o amenazar a sus esposos o parejas, con la esperanza de que les hiciera cambiar de conducta.
Un agente de la policía local de Barnaul afirmaba que "una vez que la mujer ha presentado la denuncia, nosotros hacemos nuestro trabajo e investigamos el caso, pero después viene corriendo y nos grita que su esposo es un buen hombre y que tenemos que dejar de molestarle". Aunque ésta sea una experiencia común para los agentes de policía de una localidad, la descripción no toma en cuenta la situación en que se encuentran muchas mujeres después de presentar una denuncia contra una persona con la que continúan viviendo. Una mujer puede verse atrapada entre el temor a una nueva o mayor violencia por una parte, y la esperanza apenas viva de que el Estado la ayudará a poner fin a la violencia que padece. Cuanto más experiencia de inacción policial tiene una mujer, mayor probabilidad hay de que opte por retirar su denuncia.
Amnistía Internacional ve con alarma la ausencia, casi total, de denuncias a la policía realizadas por mujeres migrantes o mujeres de determinada extracción étnica, entre ellas las de origen caucásico. Los agentes de policía y los fiscales que hablaron con la organización recordaban varios casos de homicidios de mujeres migrantes debidos a violencia en el ámbito familiar, pero ninguno de ellos tenía experiencia de algún caso en que la mujer hubiera acudido a la policía en busca de protección. La desconfianza y el temor pueden ser las principales razones de que las mujeres migrantes no exijan que se protejan sus derechos.
Casi todos los agentes de policía y fiscales que hablaron con Amnistía Internacional reconocían que para ellos la cuestión de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar tiene poca prioridad. Los agentes se quejaban de que aunque tienen que ocuparse de la violencia en la esfera privada, sus superiores no reconocían este trabajo como una parte importante del trabajo policial. La "guerra contra el terror", los robos y los atracos eran, según estos policías, más importantes.
Varios agentes eran muy conscientes de la imagen tan negativa que a veces tiene la policía en la Federación Rusa, particularmente en lo que se refiere a las alegaciones sobre la amplia corrupción y facilidad de soborno del cuerpo policial. Un fiscal de San Petersburgo que –como muchos de sus colegas– era policía antes de pasar a trabajar en la fiscalía, comentó a Amnistía Internacional que comprendía la falta de entusiasmo en el trabajo que se observa entre sus ex colegas. La corrupción, el elevado cambio de personal atraído por trabajos mucho mejor pagados en otras áreas, y las atroces condiciones de los que quedan, no alientan a los policías a interesarse por cuestiones como la prevención del crimen en la comunidad.
Dejando aparte estos problemas económicos, el Estado tiene la obligación de asegurarse de que el trabajo que realizan los órganos encargados de la aplicación de la ley se ajusta a las normas acordadas de conducta profesional mediante, entre otras cosas, la provisión del equipo apropiado para que la policía pueda cumplir su cometido. Las víctimas de abusos contra los derechos humanos, entre las que se cuentan las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, no pueden ser las que resulten castigadas por un sistema de administración de justicia que no funciona bien.
La falta de una acción apropiada
Las mujeres con frecuencia temen llamar a la policía debido a la reputación que tienen los agentes del orden de cometer ellos mismos actos de violencia. Amnistía Internacional entrevistó a un ex piloto civil que fue a hablar con su ex esposa y, según él mismo cuenta, se negó a marcharse de la casa cuando ella se lo pidió. Su ex esposa llamó a la policía, que acudió, se lo llevó y lo golpeó con porras con tal brutalidad que hoy se encuentra en silla de ruedas. Su ex esposa no lo había acusado de violencia.
Un agente admitió que ante un hombre que fuera violento, lo agarraría, lo sacaría a la calle y "le hablaría de hombre a hombre, para que entendiera que no debía tratar a su mujer tal mal". Otro agente dijo a Amnistía Internacional: "A veces nos llevamos al agresor a la calle y allí nos ocupamos de él un poco".(54) El agente reconoció que esto por lo general significa golpear al sospechoso con los puños o incluso con una porra.
Una mujer llamó a la policía varias veces cuando su esposo –que ahora es un ex policía– hizo uso de violencia contra ella. Aunque algunos de los colegas de él estaban preocupados por su conducta y sus superiores lo amonestaron, otros sin embargo, que fueron a por él cuando la esposa llamó pidiendo ayuda, simplemente se lo llevaron a una sauna y luego a tomar una copa.(55)
La falta de órdenes de alejamiento y otras medidas de protección inmediata
Aunque la dirección del albergue de San Petersburgo está protegida, no hay ninguna reglamentación especial que garantice la seguridad de las mujeres que salen del albergue todos los días para ir a trabajar.
Daría, de 30 años de edad, lleva más de dos meses viviendo con su hija y su madre en una pequeña habitación del albergue de San Petersburgo. Según le contó a Amnistía Internacional, la víspera, cuando volvía del trabajo, su ex pareja se le había acercado y la había insultado en la calle. Daría decía que aunque había tratado de salir del trabajo a distintas horas y usar distintos caminos, sólo tenía un número limitado de opciones.
Daría vivía en San Petersburgo con su pareja, un hombre casi 20 años mayor que ella. Tenían una hija de nueve años de edad. Daría dijo que durante el tiempo que vivieron juntos, tuvo que tomar tres trabajos distintos para poder sobrevivir, mientras que él trabajaba esporádicamente. Daría le contó a Amnistía Internacional que había tratado de humillarla porque trabajaba por tan poco dinero. También era muy celoso y la acusaba de verse con otros hombre en vez de ir a trabajar. Daría contó que a veces la golpeaba y la violaba para castigarla por su "infidelidad".
Cuando Daría lo abandonó por fin y se mudó a un apartamento de una sola habitación en la planta baja de un edificio de apartamentos, empezó a acecharla y perseguirla. La amenazó con matarla a cuchilladas. En una ocasión, la atacó en la calle, causándole una conmoción cerebral. Una transeúnte intentó ayudarla pero no quiso ser testigo en un juicio. En otra ocasión, su ex pareja arrojó una botella de vidrio contra Daría y su madre, Svetlana. Seguidamente trató de clavarle un cuchillo a Svetlana e hirió a Daría en la mano. Cuando ésta fue a la policía, le dijeron que no había forma de probar que no era ella la que había atacado a su pareja con el cuchillo y se había herido al hacerlo. En lo que respecta a la policía, no se había cometido ningún delito.
En el otoño del año 2004, el compañero de Daría se introdujo en el domicilio de ésta, quemó la mayor parte de su ropa y destruyó otras posesiones suyas. Esto ocurrió poco después de que se le hubiera impuesto una pena condicional de un año, por cometer actos de vandalismo en su komunalka. Nunca le han formulado cargos por atacar o amenazar a Daría.
Poco después de que Daría y su hija se hubieran mudado al albergue, su ex compañero aguardó a la puerta de la escuela de su hija y le dijo que pronto se iría a vivir con él, pues "tu madre ya no estará para hacerse cargo de ti". Después de este incidente, la madre de Daría dejó su empleo fuera de San Petersburgo y se mudó al albergue para dar clases a su nieta.
En el caso de Tamara, la familia de su ex esposo la hostigó cuando ella lo abandonó. Su ex suegro la acechaba y perseguía, y la insultaba en público. Incluso la llamó al trabajo para insultarla y acusarla de haber puesto fin al matrimonio. Su denuncia contra su ex suegro fue desestimada por el tribunal en vista de que no había sufrido ninguna agresión física.
La falta de apoyo para las mujeres que buscan resarcimiento
Muchos casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar son procesados en virtud de los artículos 112, 113, 115 y 116 del Código Penal ruso.(56) La pena que se impone por estos delitos oscila entre una multa y 15 años de prisión. Si se acusa a una persona en virtud del artículo 116 (palizas) del Código Penal y tiene que pagar una multa, el dinero saldrá principalmente del presupuesto familiar. Varias mujeres dijeron a Amnistía Internacional que consideraban esa multa un castigo para toda la familia o un pago por el servicio proporcionado por la policía.
El Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa prevé que la fiscalía investigue casos que por lo general sólo requieren un querellante particular.(57) Sin embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación que esta opción rara vez se escoge. En muchos casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar procesados en virtud de los artículos supra, se deja que sea la mujer la que tenga que hacer una denuncia contra su agresiva pareja ante un juez de paz. Así, es a ella a la que se considera responsable del encarcelamiento de su pareja o de que se le imponga una multa a él o a la familia.
Una psicóloga que trabaja en un centro de crisis para mujeres, dijo a Amnistía Internacional que la unidad y la seguridad de la familia se consideran por lo general responsabilidades de la mujer. Si una mujer destruye un hogar supuestamente seguro llevando a juicio a su compañero, el padre de sus hijos, es a ella a la que se culpa. Así, la presión de retirar los cargos contra una pareja violenta procede no sólo de la propia pareja, sino también de otros miembros de la familia y de las amistades.
Para establecer si una paliza u otro acto de violencia ha causado lesiones leves o graves, la víctima tiene que obtener un certificado de un médico forense. Por lo general la policía remite a una persona al instituto forense de la ciudad o región pertinente, en el que se examinan sus lesiones. El médico forense expide seguidamente un certificado para esa persona. El certificado es de vital importancia como prueba en el juicio. Se expide gratuitamente si la víctima ha acudido al médico forense a instancias de la policía. En tales casos, los certificados médicos se envían directamente al tribunal. No obstante, cualquier persona tiene derecho a pedir un certificado médico de este tipo si lo desea, en cuyo caso no es gratuito.
Las directrices para establecer qué es lesión grave o de mediana importancia las fija el Ministerio de Salud en cooperación con médicos forenses de todo el país. Surgen problemas cuando el acto violento se comete cuando el instituto está cerrado, por ejemplo, durante un fin de semana. Aunque las víctimas pueden acudir a cualquier clínica o médico para que se documenten sus lesiones, el personal puede no tener los conocimientos necesarios para documentar las lesiones de una forma que ayude a la víctima a llevar a juicio al agresor. Profesionales del derecho que representan a mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar y el personal de los centros de crisis para mujeres ven con preocupación que los propios profesionales forenses no examinan a veces con el debido cuidado a las víctimas y no les proporcionan la documentación apropiada sobre las lesiones que han sufrido. Esto hace difícil que una mujer pueda probar que ha sido sometida a violencia y que sus lesiones no se debieron a un accidente.
Después de que el ex esposo de Anna agrediera a la amiga de ésta, la policía las remitió al instituto de medicina forense. Anna le dijo a Amnistía Internacional que el experto miró brevemente a su amiga, que tenía un hematoma de 5 centímetros en el cuello, y dijo que no le pasaba nada. Sin embargo, posteriormente, el informe policial sobre el incidente respaldó la alegación de que el ex esposo de Anna había agredido a las dos mujeres.
Los jueces de paz
El sistema judicial ruso ha sufrido cambios importantes desde la desintegración de la Unión Soviética. Durante la década de los noventa, diversos grupos, entre ellos organizaciones de derechos humanos y humanitarias tanto nacionales como internacionales, presionaron para que se promulgaran leyes que protegieran mejor a las personas acusadas. En el año 2002 se promulgó un nuevo Código de Procedimiento Penal y se está introduciendo ahora un sistema de jurados. Algunas regiones han establecido también "jueces de paz", principalmente para resolver cuestiones de derecho civil y derecho de familia.
En el anterior sistema de justicia de la Federación Rusa se habían impuesto con mucha frecuencia penas desproporcionadamente severas para delitos menores. La tortura y el maltrato de detenidos antes del juicio eran prácticas generalizadas y los sospechosos tenían pocas posibilidades de continuar en libertad hasta el juicio. Amnistía Internacional, al igual que otras organizaciones de derechos humanos internacionales y rusas, hizo campaña para que se implementaran las normas de justicia procesal y en favor del acceso a la justicia en la Federación Rusa. Las personas injustamente detenidas no tenían posibilidad de interponer recurso en el sistema judicial ruso.(58) Cuando Rusia se incorporó al Consejo de Europa y ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1998), aceptó el compromiso de ajustar su sistema judicial a las disposiciones del Convenio.
La institución de los jueces de paz (mirovoi sud) fue uno de los cambios institucionales resultantes de la reforma del sistema de justicia. Además de procesar en virtud del código civil, administrativo o de familia de la Federación Rusa, los jueces de paz se ocupan de las querellas interpuestas por particulares en casos penales en los que la condena no exceda los tres años de prisión, o en casos relacionados con palizas, inflicción deliberada de lesiones leves a la salud, difamación o insultos (artículos 115, 116, 129 y 130 del Código Penal ruso).(59)
La víctima de un crimen violento puede acudir a la policía para presentar una denuncia contra el agresor. La policía debe entonces remitir esa información a la fiscalía, o a los jueces de paz (de haberlos) si el delito alegado conlleva una pena de menos de tres años de prisión. En los otros casos es la fiscalía la que toma la decisión de iniciar o no procedimiento penal, y realiza las investigaciones. Por lo general, las causas son vistas por un tribunal distrital. Si la persona ha sufrido lesiones, la policía remite a la víctima al médico forense, y el informe de este examen se añade al expediente del caso.
Si una persona desea interponer querella como particular (chastnyi obvinitel) ante un juez de paz, la policía remite directamente al tribunal las pruebas que haya recabado. El juez de paz ha de informar al querellante en el plazo de cinco días desde la recepción de la denuncia, si ésta es admisible o no.
Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la institución de los jueces de paz en sí, pero ve con preocupación que el sistema no proporcione la necesaria protección a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar. Existe muy poca concienciación entre los jueces de paz respecto a esta violencia y faltando mecanismos institucionales establecidos que protejan a las víctimas y eviten la violencia en el ámbito familiar, el acceso a resarcimiento es limitado.
Tanto la judicatura como la policía afirman que muchas denuncias se vuelven inadmisibles debido a que la persona que las presenta no ha rellenado correctamente la documentación necesaria. Las organizaciones de derechos humanos y la judicatura han publicado manuales para explicar cómo apelar a un juez de paz, pero reconocen que sin la asistencia jurídica apropiada una persona seguirá teniendo dificultades para presentar una denuncia. Pese a ello, en esta fase no existe asistencia letrada gratuita para querellantes.
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