Titulado Turquía: Las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar (Índice AI: EUR 44/013/2004), este informe forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional "No más violencia contra las mujeres", que divulga y condena las violaciones de derechos humanos que se cometen contra las mujeres en todo lo mundo por motivos de género, independientemente de su nivel económico, raza, sexualidad o cultura.
La violencia contra las mujeres constituye un abuso contra los derechos humanos de las mujeres y niñas, incluidos el derecho a la integridad física y mental; el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a la libertad de expresión, a la igualdad y a no sufrir discriminación, y el derecho a la elección en el matrimonio. La violencia puede degenerar en un trato equivalente a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en casos extremos incluso violar el derecho a la vida. La violencia contra las mujeres impide el pleno disfrute de derechos y libertades fundamentales, tales como el derecho a la salud y al empleo. Restringir el acceso de las niñas a la educación constituye, entre otras cosas, una forma de discriminación económica. Tienen menos posibilidades de conseguir un empleo acorde con su potencial en todas las actividades, incluida la política. La restricción del derecho de las mujeres a la educación supone asimismo limitar su acceso a la información sobre sus derechos, en concreto sobre su derecho a elegir cómo vivir, su derecho a verse libres de toda violencia y su acceso a la justicia.
Muchas activistas y organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos en Turquía han tenido el valor de poner de manifiesto la cultura de violencia en la que viven muchas mujeres, que suele pasar desapercibida para el mundo exterior. Ayudan a las víctimas a escapar de hombres violentos y a llevar a sus agresores ante la justicia. Se enfrentan a prejuicios según los cuales las protestas y quejas de las mujeres por malos tratos constituyen una afrenta a la familia. Intentan unir a comunidades profundamente divididas. Se enfrentan a diario a amenazas y agresiones de las familias de las mujeres a las que prestan su apoyo. Las mujeres a las que ayudan no son más que la punta del iceberg.
Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a estas dificultades sin apoyo. El Estado tiene el deber de protegerlas de la violencia cometida no sólo por agentes estatales sino también por particulares y grupos. Según el derecho internacional de derechos humanos, los Estados deben ejercer la diligencia debida para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la seguridad, y a verse libres de discriminación, tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Deben aplicar políticas y planes para hacer realidad estos derechos, proteger a las mujeres de los abusos contra ellos y ofrecer resarcimiento y reparación a las víctimas de tales abusos, proporcionándoles, entre otras cosas, centros de acogida.
A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno turco no se haya ocupado de forma adecuada de un fenómeno tan extendido como es la violencia contra las mujeres. No ha garantizado la aplicación efectiva de la legislación existente; y la organización teme que posteriores reformas se vean enfrentadas a la resistencia de los tribunales y de otras partes del sistema de justicia penal. En ninguno de los niveles de éste responden las autoridades con prontitud y rigor a las denuncias de palizas, agresión sexual, hostigamiento u otras formas de violencia en el ámbito familiar presentadas por mujeres. La policía y los fiscales no suelen investigar la violencia contra las mujeres ni formular cargos contra sus perpetradores. No se alienta a las mujeres a denunciar a sus agresores y prácticamente no reciben ninguna protección eficaz contra la venganza de sus maridos y familiares. A los responsables –entre los que figuran los jefes de los consejos de familia–, rara vez se los lleva ante la justicia. Se han producido escandalosas dejaciones a la hora de hacer cumplir la ley en tribunales que siguen culpando a las mujeres de las agresiones, las violaciones, e incluso los homicidios de que son víctimas y atribuyendo menor responsabilidad a sus agresores por motivos de "honor".
El informe de Amnistía Internacional Turquía: Las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar concluye con una serie de recomendaciones de la campaña "No más violencia contra las mujeres" en las que se insta a la comunidad internacional, el gobierno turco y los líderes comunitarios y religiosos a que expresen públicamente y siempre que tengan oportunidad su compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres. Las recomendaciones formuladas al gobierno turco se centran en las reformas necesarias para erradicar dicha violencia.
Este texto resume el documento titulado Turquía: Las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar (Índice AI: EUR 44/0013/2004), publicado por Amnistía Internacional el 2 de junio de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten http://web.amnesty.org/library/es1index.
Índice
Introducción 4
¿Qué es la violencia contra las mujeres? 4
Escala de la violencia 5
Discriminación y violencia contra las mujeres 7
Matrimonio forzado 8 Matrimonios precoces 9 Prostitución forzada 11
La cultura de la violencia 12
Violencia tolerada 13 "No seremos el honor de nadie" 15
Resarcimiento, no excusas 17
Ni se protege ni se procesa 17 Indulgencia con los delitos en nombre del "honor" 21
Retando a la violencia 22
Abriendo caminos 22 Violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres 23 Mejorar la seguridad de las mujeres en sí mismas 24
El deber de ofrecer protección y resarcimiento 25
Normas internacionales de derechos humanos 25 Legislación nacional 28 Obligaciones del Estado 31 Diligencia debida 31
Prevención de la violencia contra las mujeres 32
Recomendaciones a la comunidad internacional 32 Recomendaciones al gobierno turco 33 Recomendaciones a las autoridades religiosas y comunitarias 34
Introducción
Güldünya Tören llamó "Esperanza" a su hija recién nacida. Sabía que, probablemente, a ninguna de las dos les quedara mucho tiempo de vida. Al quedarse embarazada se había negado a casarse con su primo, por lo que fue enviada a casa de su tío, en Estambul. Allí, uno de sus hermanos le dio una cuerda y le dijo que se ahorcara. Se escapó y rogó que le dieran protección policial, pero le aseguraron que su tío y su hermano habían prometido no matarla. Según informes, en febrero de 2004, semanas después del nacimiento de la niña, sus hermanos dispararon contra ella en la calle, dejándola herida. Desde la cama del hospital rogó a la policía que la salvara. La dejaron sola para enfrentarse con sus asesinos, quienes, aprovechando la falta de vigilancia, entraron en el hospital a altas horas de la noche y le dispararon en la cabeza. Poco después, la máquina que la mantenía con vida fue apagada(1).
La pareja de "Zeynep"’ le asestó al menos 52 puñaladas delante de su hijo de siete años. El niño no fue el único testigo; al menos 10 agentes de policía presenciaron la agresión, que también fue fotografiada y grabada en video por periodistas. "Podrían haber intervenido, pero al parecer no tenían permiso –cuenta ‘Zeynep’–. ¡¿De qué permiso hablan?! Yo los considero culpables. Cuando vi que la policía había llegado me sentí aliviada; evidentemente venían a salvarme. Pero no hicieron nada". La familia del agresor, a saber que se habían formulado cargos contra él por intento de asesinato, amenazó con matar a "Zeynep" y a sus abogadas(2). Los 10 agentes de policía fueron inicialmente suspendidos, pero se reincorporaron luego al servicio activo al determinar el Ministerio del Interior que no había motivos para expedientarlos.(3)
Güldünya Tören y Umut. © Particular
Al igual que en muchos otros países del mundo, los derechos humanos de cientos de miles de mujeres se violan a diario en Turquía. Se calcula que entre un tercio y la mitad de las mujeres del país son víctimas de violencia física en el seno de sus familias. Son golpeadas y violadas, y en algunos casos incluso las matan o se ven obligadas a suicidarse. Se hacen trueques con niñas, a las que se obliga a contraer matrimonio a muy temprana edad.
La violencia contra las mujeres y las niñas constituye un abuso contra sus derechos humanos, incluidos el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la elección en el matrimonio. La violencia puede degenerar en un trato equivalente a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en casos extremos incluso violar el derecho a la vida. La violencia contra las mujeres impide el pleno disfrute de derechos y libertades fundamentales como el derecho a la sanidad y al empleo. Los Estados que no protegen los derechos de las mujeres pueden ser llevados ante la justicia por violaciones de derechos humanos por cuanto que no han impedido la violencia, no han garantizado sanciones penales adecuadas y no han proporcionado resarcimiento.
La mayor parte de estos abusos se producen a manos de maridos, hermanos, padres e hijos. Sus autores actúan a veces bajo las órdenes de consejos familiares, reuniones de la familia o de los jefes del clan que deciden cuál ha de ser el "castigo" para las mujeres consideradas culpables de infringir los códigos tradicionales de honor. Demasiado a menudo, la tradición sirve como pretexto para actos de brutalidad cometidos contra las mujeres por haberse atrevido a elegir cómo llevar su vida. La causa subyacente de la violencia es la discriminación, que niega a las mujeres la igualdad con los hombres en cada aspecto de la vida.
La violencia contra las mujeres es ampliamente tolerada e incluso aprobada por los líderes comunitarios, así como en los niveles más altos del gobierno y de la judicatura. Las autoridades rara vez realizan investigaciones a fondo de las denuncias de agresión, asesinato o presunto suicidio de mujeres. Los tribunales siguen reduciendo la condena a los violadores si éstos prometen casarse con la víctima, a pesar de las medidas que se han tomado recientemente para poner fin a esta práctica.
Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a estas dificultades sin apoyo. El Estado tiene el deber de protegerlas de la violencia cometida no sólo por agentes estatales sino también por particulares y grupos. Según el derecho internacional de derechos humanos, los Estados deben ejercer la diligencia debida para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la seguridad, y a verse libres de discriminación, tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Deben aplicar políticas y planes para hacer realidad estos derechos, proteger a las mujeres de los abusos contra ellos y ofrecer resarcimiento y reparación a las víctimas de tales abusos.
En Turquía, gracias a una fuerte labor de cabildeo y a las campañas realizadas por activistas de los derechos de las mujeres, las propuestas de protección jurídica de las mujeres se han ido fortaleciendo. En 2003 se entablaron importantes debates sobre reformas y se rechazaron por medio de un proyecto de Código Penal partes de éste que discriminan a las mujeres. El Parlamento aún tiene que aprobar el proyecto revisado de Código Penal, lo que hará al parecer en torno a julio de 2004. Entre las reformas propuestas están las de restringir la facultad de los tribunales para reducir la condena a los perpetradores de delitos en nombre del "honor", abolir la postergación de la condena a los hombres que se casan con las mujeres que secuestran o violan y no permitir como eximente el presunto "consentimiento" de una niña a la violación. Dos juicios recientes han concluido con condenas que reflejan una conciencia nueva dentro de la judicatura con respecto al horror de los delitos en nombre del "honor".(4)
A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno turco no haya garantizado la aplicación efectiva de la legislación existente y teme que posteriores reformas se vean enfrentadas también a la resistencia de los tribunales y de otras partes del sistema de justicia penal. La policía no suele investigar ni formular cargos contra los perpetradores de la violencia contra las mujeres. No se alienta a las mujeres a denunciar a sus agresores y prácticamente no reciben ninguna protección eficaz contra la venganza de sus maridos y familiares. A los responsables –entre los que figuran los cabezas de los consejos de familia– rara vez se los lleva ante la justicia. Se han producido escandalosas dejaciones a la hora de hacer cumplir la ley en tribunales que siguen culpando a las mujeres de las agresiones, las violaciones, e incluso los homicidios de que son víctimas y atribuyendo menor responsabilidad a sus agresores por motivos de "honor".
Este documento forma parte de una serie de informes publicados en el contexto de la campaña "No más violencia contra las mujeres", emprendida por Amnistía Internacional en marzo del 2004(5). Esta campaña, de ámbito mundial, resalta el hecho de que muchos países no previenen, investigan ni castigan la violencia contra las mujeres. A través de ella, Amnistía Internacional se une a las mujeres y a los hombres que luchan contra este tipo de violencia. Algunas de estas personas han logrado cambios muy importantes de leyes, políticas y prácticas. Amnistía Internacional espera demostrar cómo el enfoque de los derechos humanos puede galvanizar la participación del Estado, de la comunidad y de hombres y mujeres de todo el mundo en los esfuerzos por combatir y vencer la violencia contra las mujeres.
Al llamar la atención sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres en Turquía, Amnistía Internacional no sugiere en absoluto que la violencia contra las mujeres sea un fenómeno exclusivo de este país. Tampoco es su deseo centrarse en lo que la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer ha descrito como "la mirada arrogante desde fuera" sobre determinadas prácticas culturales de Turquía(6). La violencia contra las mujeres se produce en todo el mundo por motivos de amor, celos, pasión, honor o tradición. Amnistía Internacional considera que ninguno de estos motivos puede en ningún caso justificarla. Las investigaciones y acciones de Amnistía Internacional se basan en los motivos de preocupación determinados por quienes defienden los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular dentro de Turquía y en los cambios por los que abogan. En el presente informe se exponen casos individuales de mujeres que han sufrido violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, las recomendaciones formuladas en él se centran en las reformas que es necesario hacer en los sistemas y estructuras gubernamentales para proteger a todas las mujeres de la violencia y en el modo de ponerlas en práctica.
En este informe, Amnistía Internacional hace un llamamiento para que las mujeres que han padecido violencia puedan ejercer su derecho a recibir protección, reparación y resarcimiento. En las recomendaciones al gobierno, el informe insta a prevenir la violencia contra las mujeres y, en los casos en que sea imposible hacerlo, a llevar un registro y un seguimiento de ella. Se hace asimismo un llamamiento para que la policía, el poder judicial y demás funcionarios actúen con prontitud y eficacia ante las denuncias y las amenazas de violencia contra las mujeres. Son necesarias muchas más casas de acogida para mujeres que huyan de parejas o familias violentas. A tales mujeres se les debe proporcionar acceso con prontitud a los mecanismos judiciales y servicios de salud apropiados. Las autoridades deben cooperar con los grupos pro derechos de las mujeres y con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) en la tarea de poner fin a la restricción del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su vida –la elección de su pareja, cómo expresan su sexualidad, su movilidad y acceso a los derechos sociales y económicos, su participación en la vida política e incluso su derecho a marcharse de casa–.
Este informe se basa en investigaciones de estudiosos y en las propias investigaciones de Amnistía Internacional sobre Turquía, incluidas visitas realizadas al país en junio y julio de 2003, así como en información de ONG, abogados y medios de comunicación turcos. La Estructura de coordinación de Amnistía Internacional en Turquía también ha participado en la elaboración del informe. Existen considerables dificultades para la investigación en este campo, especialmente a la hora de contactar directamente con mujeres víctimas de abusos. Amnistía Internacional ha trabajado con mujeres a las que, por miedo a verse aisladas o acusadas de "deshonor" o porque consideraban que no tenían derecho a hablar de la violencia que habían padecido, les costaba protestar por los malos tratos. A pesar de los obstáculos, muchas sí encuentran el coraje para hablar. Su valentía merece el reconocimiento y el apoyo de su gobierno y de la comunidad internacional.
A menudo ha sido necesario cambiar los nombres de las supervivientes de violencia cuyos casos se exponen en el presente informe, por lo que figuran entrecomillados. Las excepciones son mujeres adultas que han dado su consentimiento a que se utilicen sus nombres. La cobertura morbosa y sensacionalista que dan los medios de comunicación de Turquía a los casos de violencia contra las mujeres a menudo humilla a las víctimas e incrementa su sufrimiento. Amnistía Internacional ha utilizado los nombres reales de las mujeres y niñas que han muerto.
¿Qué es la violencia contra las mujeres?
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(8) define la violencia contra las mujeres como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Interpretaciones recientes de esta definición también incluyen el concepto de "privación económica de la víctima".(9)
Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la violencia basada en la pertenencia al sexo femenino es una violencia "dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada".(10)
En su preámbulo, la Declaración describe la violencia contra las mujeres como "manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer" y como uno de los "mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre".
La Organización Mundial de la Salud ha definido la violencia a manos de la pareja como cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que cause daño físico, psicológico o sexual, incluyendo:
• Los actos de agresión física, como bofetadas, golpes, patadas y palizas
• Los abusos psicológicos, como la intimidación y el menosprecio y humillación constantes
• Las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coerción sexual
• Los comportamientos de control, como aislar a una persona de su familia y amigos, controlar sus movimientos y restringir su acceso a la información o ayuda(11).
En Turquía, la violencia contra las mujeres a manos de miembros de la familia cubre la totalidad de la gama, desde privar a las mujeres de elementos económicos indispensables hasta las palizas, la violencia sexual y el homicidio, pasando por la violencia verbal y psicológica Muchos actos de violencia implican prácticas tradicionales, como delitos en nombre del "honor", matrimonios forzados (incluido el matrimonio a edad temprana), trueques de mujeres para evitar el pago de dotes y otros gastos del matrimonio (berdel) y matrimonios preestablecidos en los que las familias hacen trueques con sus hijas recién nacidas, obligándolas a casarse tan pronto como son consideradas de edad suficiente para ello (besik kertmesi). Algunas mujeres que, aparentemente, se suicidan, en realidad son asesinadas u obligadas a matarse por miembros de la familia. Aunque los hombres también pueden verse sometidos a violencia en el ámbito familiar, la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres.
El hecho de centrarse en los abusos físicos puede ocultar las demás formas de violencia utilizadas contra las mujeres, de la misma manera que centrarse únicamente en los delitos en nombre del "honor" puede distraer la atención de la violencia habitual que padecen muchas mujeres a diario. Además, aunque muchas mujeres se adecuan a las expectativas de su familia y comunidad y no son sometidas a violencia física, viven permanentemente bajo amenaza. El ejemplo de otras mujeres a las que se ha aislado socialmente, golpeado o matado sirve como advertencia suficiente para restringir su comportamiento y limitar sus elecciones en la vida.
Escala de la violencia
La información estadística sobre el alcance de la violencia contra las mujeres en Turquía es limitada y poco fiable. Al igual que en muchos otros países, no se han realizado esfuerzos organizados por determinar su extensión. En 1994 se produjo un escándalo público ante los resultados de un estudio de la Oficina de la Condición de la Mujer, según los cuales más del 40 por ciento de los hombres consideraban aceptable "disciplinar" a mujeres y niños con métodos violentos. En el censo del año 2000 no se incluyeron preguntas sobre violencia contra las mujeres.
Amnistía Internacional considera que entre las primeras medidas que los gobiernos deben tomar para erradicar la violencia contra las mujeres han de figurar un registro exhaustivo y un seguimiento estadístico de su incidencia, independientemente de lo insoluble que parezca el problema.
En todo el mundo, se estima que una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a otros abusos a lo largo de su vida. El agresor suele ser un miembro de su propia familia o algún conocido. Entre el 40 y el 70 por ciento de las mujeres asesinadas mueren a manos de su pareja.(12) Una serie de estudios a pequeña escala realizados en Turquía sugieren que las tasas de violencia contra las mujeres pueden ser similares o incluso más altas en este país.
· En un estudio sobre mujeres que habían llamado a una línea de teléfono de emergencia se determinó que el 57 por ciento habían sufrido violencia física; el 46,9 por ciento, violencia sexual; el 14,6 por ciento, incesto, y el 8,6 por ciento, violación.(13)
· Una encuesta realizada en 1995 a mujeres que vivían en casas ocupadas de forma ilegal (gecekondu) en la capital, Ankara, reveló que el 97 por ciento habían sido agredidas por sus maridos.(14)
· Una encuesta a familias de ingresos medios y altos realizada en 1996 mostró que, al preguntarles por primera vez, el 23 por ciento de las mujeres decían que sus maridos habían sido violentos con ellas, pero que esta cifra ascendía al 71 por ciento al hacerles preguntas sobre formas específicas de violencia.(15)
· Otro estudio estimó que el 58 por ciento de las mujeres sufrían violencia en el ámbito familiar, no sólo manos de maridos, novios y hermanos, sino también a manos de miembros de la familia del marido, incluidas las mujeres.(16)
· En un estudio realizado con un grupo de mujeres de clase media y alta, se descubrió que el 63,5 por ciento habían sufrido algún tipo de agresión sexual.(17)
· En otro estudio, de 40 mujeres muertas violentamente, 34 habían muerto en casa, 20 habían aparecido ahorcadas o envenenadas, 20 mostraban claras señales de haber sido asesinadas y 10 habían sufrido violencia en el ámbito familiar antes de la muerte.(18)
· Una encuesta realizada en centros de salud de la ciudad de Bursa, en el noroeste de Turquía, reveló que el 59 por ciento de las mujeres eran víctimas de violencia.(19)
· Una encuesta realizada a 1.259 mujeres por la Fundación Tejado Púrpura (Mor Çati), entre 1990 y 1996 reveló que el 88,2 por ciento de ellas vivían en un ambiente de violencia y que el 68 por ciento eran golpeadas por sus maridos.(20)
· Según otro estudio realizado en Ankara, el 64 por ciento de las mujeres examinadas sufrían violencia a manos de sus maridos; el 12 por ciento, de maridos de los que se habían separado; el 8 por ciento, de compañeros con los que vivían, y el 2 por ciento, de familiares de su marido. El 16 por ciento declararon que sus maridos las habían violado.(21)
· Un estudio de 599 mujeres del sureste del país reveló que el 51 por ciento habían sido víctimas de violación conyugal, y el 57 por ciento, de violencia física.(22)
Atreverse a hablar
"Hace esto delante de todo lo mundo, de toda la comunidad. No aguanto verla sentada a la puerta de su casa, llorando, con sangre que le corre por la boca. Todos ven y oyen cómo la golpea y la maltrata […] Le apaga cigarrillos en las manos", explicó, en una reunión de mujeres en Izmit, una vecina de "Emine", haciendo un llamamiento para que se apoyara a ésta. "Emine" no miraba a los ojos a nadie. "No se fija en mí […] no sé qué hacer. He intentado cambiar mi forma de vestir, pero no parece que sirva de nada –dijo–. A mi marido le gustan las mujeres que cuidan más de su aspecto […] a veces me dice que no me ocupo lo suficiente de la casa".
El hecho de que la comunidad de "Emine" no actuara a pesar de abusos tan evidentes hacía que la mujer pasara, en efecto, desapercibida. Sin embargo, ella ha dado el primer paso. Se ha atrevido a hablar. Ahora compete a las autoridades hacer que su voz sea escuchada.(23)
Discriminación y violencia contra las mujeres
La discriminación contra las mujeres y la violencia están muy interrelacionadas. De hecho, la recomendación general 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirma que la violencia de género es una forma de discriminación que afecta gravemente al disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres.(24) La discriminación contra las mujeres empieza cuando nacen. En algunas zonas, las familias hacen trueques con sus hijas recién nacidas y obligan a las niñas a casarse a edades muy tempranas. En la etapa educativa, el número de niñas que van a la escuela o que cursan luego estudios superiores es menor que el de niños. Cuando son adultas, las mujeres se enfrentan a trato discriminatorio en el hogar, en la comunidad y en el empleo. La violencia física a la que se enfrentan en sus hogares y comunidades puede traumatizarlas, malherirlas o matarlas.
Aunque la violencia contra las mujeres es un fenómeno universal, en muchos casos va dirigida específicamente contra ellas debido a su origen étnico, clase, cultura, identidad sexual o condición de seropositivas. El Turquía, la cultura de la violencia puede colocar a las mujeres en una situación doblemente delicada, tanto como víctimas de violencia como porque se les niega el acceso efectivo a la justicia. Especialmente arriesgada es la situación de las mujeres de grupos vulnerables, como las familias con ingresos bajos o que huyen de conflictos o desastres naturales.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) ha determinado que entre los factores culturales asociados a los niveles más altos de violencia en el ámbito familiar y comunitario figuran la aplicación de un doble rasero sexual, la distribución rígida de papeles entre hombres y mujeres, la falta de acceso a la educación, el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo, las actitudes comunitarias que toleran el "castigo" físico de las mujeres y los niños y la aceptación de la violencia como forma apropiada de resolver conflictos.(25)
La cultura de la violencia contra las mujeres en Turquía tiene consecuencias indirectas en la educación de las niñas. Aunque todos los profesores tienen que trabajar en zonas rurales al inicio de sus carreras profesionales, en general las mujeres tienden menos a buscar puestos en escuelas de pueblo, en algunos casos por temor a la violencia. Esto priva al alumnado de las zonas rurales de modelos femeninos, cuya presencia en la educación también podría alentar a las familias a enviar a sus hijas a la escuela.
Privar a las niñas de educación constituye, entre otras cosas, una forma de discriminación económica. Tienen menos posibilidad de realizar completamente su potencial en todas las áreas de empleo, incluida la política. Los hombres perciben salarios más altos: los salarios de las mujeres equivalen a entre el 20 y el 50 por ciento de los salarios de los hombres. Los hombres tienen el 92 por ciento de toda la propiedad y aproximadamente el 84 por ciento del producto nacional bruto. Las mujeres están infra representadas en la vida política. Tras las elecciones de 2002, sólo 24 de los 550 diputados del Parlamento eran mujeres. Poca respuesta recibieron los llamamientos realizados por la organización de mujeres Asociación para el Apoyo y la Educación de Candidatas (Kadin Adaylari Destekleme ve Egitme Dernegi, KA-DER) con el fin de que los partidos presentaran a mujeres en sus candidaturas para las elecciones locales de 2004. Sólo el uno por ciento de los representantes locales elegidos en 2004 son mujeres, y sólo hay una ministra en el gobierno nacional. Entre otras razones, las altas tasas de inscripción requeridas para ser candidato político disuaden a muchas de las candidatas potenciales.
Sumados al empobrecimiento de las mujeres, que puede ser coincidente con la violencia o resultado de la misma (investigaciones al respecto realizadas en todo el mundo demuestran que es un factor importante a la hora de determinar si las mujeres toman la decisión de abandonar una relación violenta), los efectos de la violencia sobre la salud pueden ser desastrosos. El Consejo de Europa aprobó en 2002 una recomendación que declaraba que la violencia contra las mujeres es un problema público y político y una de las causas principales de muerte y discapacidad para las mujeres de entre 16 y 44 años de edad.(29) Las mujeres corren el riesgo de que las maten, de ser llevadas al suicidio o de sufrir lesiones o padecer depresiones, dolores crónicos, desórdenes psicosomáticos, problemas de salud reproductiva, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual u otras dolencias. Los efectos de la violencia pueden prolongarse mucho tiempo después de cesar los abusos, y pueden ser acumulativos.
Matrimonio forzado
El matrimonio forzado, en contraste con el matrimonio arreglado, ha sido descrito como "cualquier matrimonio realizado sin el consentimiento válido de ambas partes y que puede implicar coerción, abuso psicológico, chantaje emocional y una intensa presión familiar o social. En los casos más extremos, también puede implicar violencia física, abusos, secuestro, reclusión y asesinato de la persona en cuestión".(30)
Un estudio realizado en varias provincias del este y sudeste de Turquía, en donde el acceso de las mujeres a la educación y a los servicios es más restringido que en otras partes del país, reveló que el 45,7 por ciento de las mujeres no habían sido consultadas en la elección de su cónyuge y que al 50,8 por ciento las habían casado sin su consentimiento. En el mismo estudio, la proporción de mujeres no casadas que pensaban que sus familias determinarían su matrimonio iba desde el 57 por ciento, en el caso de las mujeres sin educación primaria o con la educación primaria inacabada, hasta el 9,3 por ciento, en el de las mujeres con educación secundaria o superior.(31)
Los hombres han utilizado el matrimonio forzado para evadir el castigo por agresión sexual, violación o secuestro. El gobierno ha propuesto eliminar del proyecto de nuevo Código Penal la disposición que permite suspender o reducir el castigo por estos delitos si el perpetrador se casa con su víctima. En su contribución al debate sobre la eliminación de esta laguna legal, el ministro del Interior, Abdulkadir Aksu, informó en noviembre de 2003 de que la ley había permitido reducir la condena a 546 hombres en 2002 y a otros 163 hombres en los primeros cuatro meses de 2003 tras ser declarados culpables de "tomar la virginidad de una persona con la promesa de casarse con ella".(32)
Sin consentimiento
En Samsun, en el norte de Turquía, se dejó en libertad, por aplazamiento de su condena de siete años de prisión, a un violador convicto por aceptar casarse con la niña de 14 años de edad a la que había violado. La muchacha declaró ante el tribunal que no podía pasear por su pueblo ni hablar con nadie porque sentía mucha vergüenza.(33)
Una mujer de Urfa que había sido golpeada durante los siete años de su matrimonio volvió con su familia, que vivía en otra ciudad. Su marido le había roto varias costillas y se encontraba recibiendo tratamiento médico. Al enterarse de que su padre pensaba devolverla a su marido cuando se recuperara, se ahogó, junto con sus tres hijos, en el río Éufrates.(34)
El matrimonio forzado viola el derecho de la mujer a elegir a su pareja, derecho proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos(35) y previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(36) y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tratados en los que Turquía es Estado Parte. Es más, las consecuencias pueden ser graves: negarse a ello puede significar la muerte. Puede ocurrir que las mujeres tengan que someterse a la violencia, porque, en muchos casos, cuanto regresan con su familia tratando de huir de la violencia de su pareja son obligas a volver con ésta.
En algunas provincias, continúa la práctica del berdel, consistente, como dijimos anteriormente, en intercambiar niñas – se casa a la niña con un hijo de otra familia (o del mismo clan), la cual entrega a cambio, en matrimonio, a una hija suya – para no tener que pagar las dotes.
Se dice que hay mujeres que han sido obligadas a casarse con miembros de otra familia a modo de indemnización por una "disputa de sangre", con lo que se evita que su familia tenga que dejar que maten a un hijo suyo. En otros casos, los hombres secuestran a la niña como venganza por una afrenta o un desaire cometidos por su familia o por la familia del hombre con el que se la pretende casar. Debido a ello, puede ocurrir que la niña ya no resulte "aceptable" para el matrimonio.
Matrimonios precoces
Según la legislación turca, la edad legal para el matrimonio es "cumplidos los 17 años". Una persona menor de 18 años no es adulta legalmente; en estos casos, su familia debe dar permiso para el matrimonio. En circunstancias extraordinarias, un hombre o una mujer también pueden casarse con el permiso de un juez cuando hayan "cumplido los 16 años de edad".(39) Según el derecho internacional de derechos humanos, los menores de 18 años son considerados niños. Los matrimonios forzados y precoces violan las normas internacionales y el derecho turco, pero la ley es ampliamente ignorada en algunas zonas de Turquía. Es frecuente celebrar bodas religiosas (imam nikahi), que no son reconocidas legalmente y que suelen realizarse además de la ceremonia civil, en los casos de matrimonio precoz o polígamo ilegal. Las mujeres que no están casadas legalmente pueden no tener derecho a solicitar la protección de la Ley de Protección de la Familia, de 1998, aunque uno de los fines de esta ley era disuadir de celebrar matrimonios precoces. Los matrimonios entre niños constituyen por definición matrimonios forzados, ya que se considera que un niño no puede dar su consentimiento libremente.(40)
El matrimonio forzado de niñas refuerza la posición de desigualdad de las mujeres en la sociedad, reduce su posibilidad de elegir en la vida y les pone en situación de vulnerabilidad ante la violencia. El embarazo precoz está asociado a efectos nocivos para la salud tanto de la madre como del niño. En la gran mayoría de los casos, la familia de la niña dispone el matrimonio precoz. Cuanto menores son los ingresos de la familia y menor su nivel de educación, mayores son las posibilidades de que se obligue a la niña a casarse a temprana edad. Garantizar el acceso de las niñas a la educación es una de las medidas más eficaces para poner fin a los matrimonios precoces.
La tentación, para las familias pobres, de ganar dinero a costa de sus hijas –cobrando el "precio de la novia" a un posible marido– es muy fuerte. En algunos casos la prostitución se ha convertido en otro medio de conseguir ingresos. También puede ocurrir que las familias, bien sea deliberadamente o por negligencia, no se aseguren de que la venta de su hija a un potencial marido no degenere en un caso de trata interna de niñas para la prostitución forzada. Otras veces, las familias sencillamente no protegen a las niñas de la explotación sexual.
Las niñas que tienen mayor riesgo corren de ser vendidas para ejercer la prostitución forzada proceden de familias con pocos ingresos, lo que demuestra que su valor económico es más importante que el llamado "honor" de la familia. Por otro lado, algunos clientes intentan preservar la virginidad de las niñas violándolas oral, anal o digitalmente. Esta práctica vergonzosa permite violar los cuerpos de las niñas mientras se mantiene intacto lo que la sociedad valora más, a saber, el himen.
¿De quién es la vergüenza?
Se dice que decenas de autoridades del gobierno, funcionarios y soldados pagaron a dos mujeres para tener relaciones sexuales con "Zehra", niña de 12 años de edad. En enero de 2003 las dos mujeres fueron detenidas, y posteriormente se detuvo a otras 28 personas contra las que se formularon cargos por "participar en el delito de […] violar y utilizar a una niña de 12 años con fines deshonestos a cambio de dinero, provocando y alentando la prostitución y la privación de libertad". Entre ellas había 18 funcionarios. En una de las audiencias, una muchedumbre compuesta de familiares de los acusados rodeó el tribunal, profiriendo amenazas contra el juez, los funcionarios judiciales, los abogados de "Zehra" y los observadores enviados por organizaciones locales de derechos humanos. El tribunal puso en libertad a seis de los acusados bajo fianza. En una audiencia posterior, celebrada en mayo de 2003, quedaron en libertad los restantes en la espera de juicio. Se permitió a los funcionarios que había entre ellos reincorporarse a sus puestos. No se han atendido las solicitudes presentadas por los abogados de "Zehra" para que el juicio se celebre en otro lugar debido al ambiente amenazador existente.
En la primera audiencia, "Zehra" tuvo que prestar testimonio en sesión pública, a plena vista de los hombres acusados de haberla violado. No se hizo previsión alguna para que pudiera declarar en privado, por medio de una grabación en video o detrás de una pantalla. A raíz de las protestas de varios colegios de abogados y miembros de la sociedad civil de Turquía, las siguientes actuaciones judiciales se celebraron a puerta cerrada para la prensa y el público en general, pero el daño ya había sido hecho. A "Zehra" no la protegieron contra la prensa sensacionalista y morbosa que informó del juicio –denominado por algunos sectores de los medios de comunicación el "caso de la vergüenza"– ni tampoco se le impidió dar entrevistas a periodistas. El caso conmocionó profundamente a la opinión pública turca, y un periódico informó de él con el titular "la humanidad a juicio".(42)
El Estado no reconoció su deber de proteger a "Zehra", y este hecho quedó patentemente demostrado cuando un periódico publicó una carta que ella le había escrito al ministro de Justicia. "¿Qué haría usted si su hija estuviera en mi lugar?", preguntaba la niña en la carta, a la vez que se quejaba del trato que recibía de las autoridades y pedía que los perpetradores fueran llevados ante la justicia con rapidez. "Zehra" fue convocada por el fiscal para prestar declaración, y se insinuó que quizá la acusaran de "insultar o burlarse de un funcionario del Estado". Tras el escándalo público consiguiente, se concluyó la investigación sin formular cargos.
Los abogados y activistas de derechos humanos consideran que el caso de "Zehra" sólo representa la punta del iceberg. Varias niñas de familias pobres de Turquía se han visto atrapadas en situaciones similares, enfrentándose a riesgos inaceptablemente altos de violencia y abusos contra los derechos humanos para verse luego victimizadas aún más por el sistema de justicia penal, los medios de comunicación y el gobierno.
La cultura de la violencia
Turquía acaba de salir de dos décadas de conflicto que ha enfrentado en el sudeste del país a las fuerzas armadas turcas y al grupo armado de oposición Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Se han perdido más de 30.000 vidas en el conflicto y ha habido aproximadamente un millón de desplazados. Las fuerzas de seguridad del Estado han destrozado pueblos y bienes por doquier. La población ha quedado profundamente traumatizada por miles de abusos cometidos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos y "desapariciones" sin resolver, tortura sistemática y graves restricciones de la libertad de expresión. El conflicto ha polarizado y fragmentado a comunidades enteras. La migración interna forzada ha destruido medios de vida, erosionado el sector agrícola y paralizado el desarrollo de la región.
El proceso de reforma cobró más fuerza en agosto de 2002, con la mejora del acceso de las personas bajo custodia judicial a la asistencia letrada, la abolición de la pena de muerte y la autorización de la enseñanza y de la radio y la televisión en lenguas minoritarias. Aunque la mayoría de los habitantes del oeste de Turquía se vieron afectados por el conflicto en un grado menor, se impusieron restricciones a la libertad de expresión y a la disidencia no violenta en todo el país. Los defensores de los derechos humanos siguen haciendo llamamientos para que los perpetradores de abusos contra dichos derechos sean llevados ante la justicia.
Los delitos perpetrados contra las mujeres en el sudeste del país generalmente han quedado impunes. Persisten las violaciones de derechos humanos, las restricciones de la libertad de expresión y la impunidad de las fuerzas de seguridad del Estado.(43) En un contexto en el que resultaba normal la violencia de los agentes del Estado y de los miembros de grupos de oposición armada, el acceso de las mujeres a la justicia por casos de violencia en el ámbito familiar quedaba gravemente limitado, y sigue estándolo.
Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia durante y después de conflictos. Los niveles de violencia doméstica también aumentan durante los periodos de conflicto. Los efectos del conflicto perduran largo tiempo después del fin formal de las hostilidades. Las mujeres que se han visto obligadas a marcharse de sus casas corren más riesgo de sufrir violencia a manos de las fuerzas de seguridad y de los civiles. Las cargas y tensiones propias de vivir en una sociedad post-conflicto, que está sufriendo los efectos de la migración interna forzada, la falta de confianza y la destrucción, recaen cada vez más en las mujeres. El temor a la gran ciudad –el anonimato en que se vive en ella y el hecho de encontrarse entre extraños– puede endurecer actitudes que eran menos intransigentes en el pueblo. Las mujeres jóvenes reclaman libertades previamente desconocidas para ellas, y eligen relaciones con hombres que hacen que el retorno a sus familias resulte imposible sin la amenaza de violencia. Su elección de relaciones también les puede hacer vulnerables a la violencia de hombres que explotan el hecho de que sus opciones sean tan limitadas.
Las personas que se han visto obligadas a marcharse del sudeste del país para encontrar trabajo se enfrentan a unas condiciones de vida precarias en los centros urbanos del oeste y del sur. Las ciudades no dan abasto a la hora de responder a las cargas suplementarias que supone la entrada de millones de desplazados y migrantes económicamente desfavorecidos. En tales condiciones, las mujeres son más vulnerables ante la violencia y tienen más probabilidades de verse expuestas a ella. Las autoridades no vigilan de forma sistemática en todo el país las tasas de violencia contra las mujeres ni se ocupan de que exista la infraestructura necesaria para proteger a las mujeres de la violencia. Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente fuera de las zonas urbanas, no cuentan con capacidad suficiente para encargarse de estas funciones. Se ha comprobado que las mujeres afectadas por la violencia ganan menos dinero, corren más riesgo de padecer largos periodos de desempleo y cambian de empleo con mayor frecuencia.
En la escuela, el 64 por ciento del alumnado es golpeado por los profesores o los directores de los centros.(44) En un estudio reciente con hombres que cumplían el servicio militar obligatorio se comprobó que más del 40 por ciento de ellos padecía violencia física.(45) Los estudios demuestran que las personas que utilizan la fuerza y armas de fuego en su trabajo tienen más probabilidades de utilizar la violencia contra sus parejas y sus hijos. Según información recibida por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos de las Mujeres del colegio de abogados de Ankara ha publicado investigaciones sobre esposas de funcionarios de seguridad que sufren violencia en sus hogares.(46) El siguiente relato es un ejemplo de los resultados de dichas investigaciones:
Incluso en las filas de quienes se supone que defienden los derechos humanos puede no haber ganas de tomar medidas preventivas para fortalecer los derechos de las mujeres. En junio de 2003, el Comité Ejecutivo del Colegio de Abogados de Esmirna, compuesto en su totalidad por hombres, clausuró el Centro de Derechos de las Mujeres del Colegio alegando que no era necesario.(48) Unas abogadas habían iniciado unos trabajos ciertamente novedosos en el Centro. Habían proporcionado formación a agentes de policía en materia de violencia contra las mujeres y habían realizado importantes avances en la tarea de conseguir unas buenas relaciones de trabajo con representantes de la policía y del poder judicial.
En los niveles más altos de la sociedad hay oposición a las propuestas de reforma del Código Penal que impedirán reducir la pena a los violadores que se casen con sus víctimas. Según información aparecida en la prensa, el profesor de derecho penal Dogan Soyaslan, miembro de la subcomisión redactora del proyecto de Código Penal del Ministerio de Justicia, ha manifestado: "Nadie se casa con alguien que no sea virgen. Si algo así ocurre en una familia, entonces quieren que la niña se case con el individuo en cuestión. Decir otra cosa es una hipocresía. Hay muchos hombres que dirían: ‘si alguien secuestra a mi hermana y no se casa con ella, lo mataría’ […] Si yo fuera una mujer violada, me casaría con el violador. La gente se acostumbra este tipo de cosas con el tiempo.(49)
En el año 2000, el 50 por ciento de un grupo de universitarios varones(50) afirmaba que, si se enteraran de que su futura mujer no era virgen, la abandonarían inmediatamente, la echarían a la calle, la devolverían a su familia, o incluso la matarían. Estas opiniones no eran casos aislados.(51)
Incluso cuando cambian las leyes, hay prácticas que persisten y que restringen las opciones de las mujeres. Tras la aprobación de una ley que prohibía las "pruebas de virginidad" forzadas, un estudio realizado en un hospital de Estambul reveló que 208 mujeres se habían sometido "voluntariamente" a pruebas de virginidad por "motivos sociales".(52)
Las consecuencias de la violencia en el hogar son de muy largo alcance. Las mujeres a menudo parecen interiorizar actitudes sociales que justifican la violencia que se ejerce contra ellas. Hay varios estudios en Turquía que ponen de manifiesto niveles muy bajos de autoestima entre las mujeres.
La mayoría de las mujeres creen que tienen menos autoridad que los hombres: un estudio reveló que en algunas zonas del país, casi el 90 por ciento de las personas encuestadas pensaban que el hombre era el cabeza de familia.(55)
Muchas se consideran menos inteligentes que los hombres: en otro estudio, realizado con mujeres de zonas rurales, más del 60 por ciento de ellas eran de esta opinión.(56)
Incluso creen que se merecen el "castigo" físico: más del 70 por ciento de las mujeres piensan así en las zonas rurales, según un estudio.(57)
Se tiene noticia de casos de mujeres que se han infligido ellas mismas un "castigo" –suicidándose por ejemplo– con el fin de eximir a sus familiares varones de la responsabilidad y de evitar sanciones legales.
Los niños que son testigos de la violencia o que la sufren en sus casas también corren riesgos. Un estudio realizado con alumnos de enseñanza secundaria en Turquía mostró que el 30 por ciento daban cuenta de un ambiente de violencia física en casa y que el 22 por ciento habían sido agredidos por miembros de su familia. Estos niños tenían más posibilidades que los demás de presentar síntomas de depresión, pensamientos suicidas y comportamientos de automutilación.(58)
"No seremos el honor de nadie"
Entre las excusas que se dan para golpear a las mujeres en casa destacan "mirar por la ventana durante largo tiempo", "saludar a amigos varones en la calle", "si suena el teléfono y no es nadie" y "pasar demasiado tiempo hablando con los tenderos".Activista de los derechos de la mujer, Diyarbakýr (60)
Nos ven como cruzadas bienintencionadas […] cuando participábamos en la investigación de uno de estos asesinatos, uno de mis colegas varones me dijo: "Eres muy joven. Con el tiempo dejarás pasar estos casos".Abogada investigadora de delitos en nombre del "honor"(61)
"Selda", niña casada de 13 años de edad, fue al cine con una pariente en Urfa el 28 de diciembre de 1996. Su marido la sacó a rastras de la sala, la acusó de ser una prostituta y la degolló en una plaza llena de gente. Cumplió una corta condena de prisión.(63)
En enero de 2004 se identificó el cuerpo calcinado de Naciye Atmaca en Kahramanmaras. Según informes, sus tres hermanos y otro hombre la habían matado cumpliendo órdenes de un consejo familiar, reunión de jefes del clan familiar que tradicionalmente deciden qué castigo se ha de infligir a las mujeres que se estima que han deshonrado a la familia. Los cuatro hombres fueron recluidos a la espera de que se formularan cargos en su contra.(64)
El entierro de Telya Zaman corrió a cargo del Centro de Apoyo y Solidaridad de Mujeres de Antalya. Al parecer se había suicidado con una escopeta el 16 de marzo de 2004, poco después de separarse de su marido. Su cadáver llevaba 20 días en la morgue. La familia había dicho al Centro que no la iba a enterrar por motivos de honor. El Centro ha renovado sus llamamientos para que creen casas de acogida para mujeres como Telya.(65)
La libertad de las mujeres suele ser cercenada con el propósito de controlar su sexualidad.
Según los códigos tradicionales de lo que se da en llamar "honor", que se aplican con múltiples variantes en distintas partes del mundo, el comportamiento de las mujeres es el que tiene el mayor potencial de traer el "deshonor" a la familia. Para hacer cumplir estos códigos dentro de la comunidad se recurre a las amenazas de muerte o a la violencia.
Los intentos de determinar el número de delitos cometidos en nombre del "honor" en Turquía no reflejan la verdadera dimensión del problema. Por ejemplo, el informe anual de la Asociación de Derechos Humanos estima que, de 77 mujeres que murieron a manos de familiares en 2003, 40 habían sido víctimas de homicidio en nombre del "honor". Sin embargo, en muchos casos no se denuncia la muerte, la familia encubre el asesinato y lo disfraza de suicidio o se obliga o induce a la mujer a suicidarse. La frecuencia con que las autoridades se abstienen de investigar exhaustivamente las muertes violentas de mujeres hace inútil cualquier intento de vigilar y registrar tales delitos.
Son muchas las palabras que significan "honor" en turco. Las más habituales son namus y seref. El namus, que presuntamente es atributo tanto de hombres como mujeres, se considera "limpio" o "mancillado" según el comportamiento –en la mayoría de los casos, el de las mujeres–. Los hombres que asesinan a mujeres de su familia hablan de "limpiar su honor". El namus de una mujer se determina principalmente por su sexualidad, su apariencia física y su comportamiento. Se dice que los hombres tienen namus a través de la "pureza" sexual de sus madres, esposas, hijas y hermanas. El seref, percibido como el estatus social y la notoriedad en la esfera pública, es atributo, por lo general, de los hombres. El "honor" de un hombre viene en gran medida determinado por su propio comportamiento y por el comportamiento de sus familiares.
¡Queremos refugio, no tumbas! © Particular
En un informe sobre la sexualidad de las mujeres en Turquía se explica lo siguiente:
En la práctica, el concepto de "honor" ha sido degradado hasta tal punto que se utiliza como justificación de un amplio espectro de delitos violentos contra las mujeres. Las mujeres son encerradas en sus casas, aisladas socialmente y asesinadas por ser victimas de violación.
En la actualidad, Mehmet Hanifi Halitogullari se encuentra encausado. Estranguló a su hija de 14 años en abril de 2004 porque había sido presuntamente violada por un hombre que la había secuestrado de camino al supermercado y la había tenido cautiva durante cuatro días en su casa. La policía puso en libertad a la niña y detuvo al hombre. Mehmet Hanifi Halitogullari dijo a la policía que no quería volver a ver su hija, a pesar de lo cual ésta fue entregada a la "custodia" de su familia. Explicó también a la policía que había acudido a los tribunales con la intención de asesinar al presunto secuestrador pero que, debido la protección policial, fue incapaz de hacerlo. Sin embargo, al parecer luego estranguló a su hija con un cable eléctrico y escondió el cadáver en el bosque. Ella le rogó que no la matara, cosa que también hizo su hermano, que estaba presente. Según informes, Mehmet Hanifi Halitogullari declaró ante la policía que, "posteriormente, con el fin de no entristecer a los niños, accedí a ir a enterrar el cadáver cerca de la casa de mi hermano. Así que cinco de nosotros fuimos a enterrarla allí y luego acudimos a la policía para denunciar su desaparición".(67) Un familiar dijo a los periodistas que "su padre quería que se casara con el hombre que la había violado. Pero ella se negó".
También se trata de esta manera a las mujeres por elegir ellas mismas a su marido, por hablar con hombres, si se sospecha que tienen aventuras extramaritales, por ir al cine o por dedicárseles canciones en la radio. Los delitos en nombre del "honor" son cualquier cosa menos honrosos. Simplemente se trata de actos de violencia que culminan injusticias ya perpetradas contra las mujeres.
Muerte por lapidación
En noviembre de 2002, Semse Allak sufrió lesiones mortales al ser lapidada como "castigo" por haber mantenido una relación con un hombre. Su vecino Hilal, casado, murió después de ser también lapidado, delante de su hijo. Semse estuvo en coma durante ocho meses hasta que falleció el 7 de junio de 2003. Su bebé nonato sobrevivió sólo seis semanas después de la lapidación. La organización de mujeres KA-MER cuidó y se ocupó de Semse en el hospital. Su familia no recogió el cadáver de la morgue, sino que fueron las organizaciones de mujeres de Diyarbakýr las que se encargaron del entierro. En 2003 el fiscal inició procedimientos contra cinco personas, una de ellas in absentia. Dos fueron puestas en libertad bajo fianza. No se tiene constancia de que ningún miembro del consejo de familia que presuntamente ordenó los homicidios haya sido objeto de investigación.
Resarcimiento, no excusas
En todos los niveles del sistema de justicia penal, las autoridades no responden con prontitud ni rigor a las denuncias de violación, agresión sexual u otro tipo de violencia en el ámbito familiar formuladas por mujeres. La policía es reacia a prevenir e investigar este tipo de violencia, incluidas las muertes violentas de mujeres; además, su propio historial de violaciones de derechos humanos hace que las mujeres víctimas de la violencia tengan miedo de solicitar su ayuda. Los fiscales se niegan a abrir investigaciones de casos de violencia doméstica u ordenar medidas de protección para mujeres en situación de riesgo a causa de su familia o comunidad. La policía y los tribunales no se cercioran de que los hombres contra los que se emiten órdenes judiciales, incluidas órdenes de alejamiento, las acaten. Por el contrario, se muestran excesivamente indulgentes con ellos a la hora de imponer las penas, alegando que hubo "provocación" por parte de la víctima o basándose en pruebas muy poco consistentes.
Ni se protege ni se procesa
Si fuera un accidente de tráfico [la policía] necesitaría realizar una valoración muy precisa, pero para la violencia en el ámbito familiar no es así […] es difícil conseguir un informe. Si estás de guardia en una urgencia, tienes que buscar un fiscal. La mayoría de los médicos están bastante ocupados, y no van a buscar a un fiscal. Si no hay denuncia de una mujer, no hacen nada […] la policía prefiere correr un tupido velo – la esposa debe de haberse suicidado–. Médico de una clínica hospitalaria universitaria(70)
La Asociación de Derechos Humanos informó de 25 suicidios de mujeres jóvenes, ocurridos en circunstancias poco claras principalmente en el este y sudeste del país durante la primera mitad de 2003. Aunque se sospecha que muchos de estos suicidios son en realidad asesinatos o suicidios forzados o inducidos, los fiscales y la policía a menudo no llevan a cabo investigaciones efectivas para determinarlo.
Si el presunto autor de una violación u otros abusos denunciados por una mujer niega haberlos cometido, los fiscales o la policía suelen abandonar el caso sin más investigación. A las mujeres que corren el riesgo de ser asesinadas por sus parejas o por otros familiares rara vez se les ofrece refugio en una casa de acogida o se las ayuda a solicitar una orden judicial de protección.
Son muchas las barreras a las que se enfrentan las mujeres que necesitan acceso a la justicia y protección contra la violencia. Los agentes de policía a menudo consideran que su deber consiste en alentar a las mujeres a volver a casa y "hacer las paces" y no suelen investigar sus denuncias. Muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, no pueden formular denuncias formalmente, porque el hecho de abandonar su vecindario las convierte en objeto de un intenso escrutinio, fuertes críticas y, en algunos casos, violencia. Las mujeres de las zonas de habla kurda y árabe del país pueden no saber comunicarse bien en turco y temer ser sometidas a más violencia aún a manos de las fuerzas de seguridad o de la policía.
Siempre que Perihan iba a la comisaría, la policía se reía: "¿Ya estas otra vez aquí?". Llevaba mucho tiempo sufriendo violencia doméstica y le dijo a su abogada que a menudo había sido sometida a palizas cuando dormía y se había visto obligada a salir a la calle en camisón. Luego su marido le asestó cinco puñaladas. El fiscal consideró esta agresión lo bastante grave como para abrir una investigación. El mismo día, el juez ordenó el alejamiento de su marido del domicilio familiar. Perihan esperó tres días. Al final, su abogada fue con ella a la comisaría y dijo a la policía: "Aquí tienen una decisión del juez. Se requiere que este hombre se aleje del domicilio familiar durante seis meses. Quiero que me den ustedes un número de registro que me asegure que tienen conocimiento de dicha orden y la van a ejecutar. Si algo le ocurre a esta mujer, ustedes serán los responsables". La policía actuó: según informes, un día propinó una paliza al marido de camino a casa.(71)
La discriminación contra las mujeres y la violencia contra las mujeres están interrelacionadas. Cuando los funcionarios expresan actitudes discriminatorias, no respetan los derechos de las mujeres e incrementan los riesgos a los que éstas se enfrentan, al hacer que la violencia contra ellas parezca menos significativa de lo que es. Unas investigaciones realizadas en Turquía revelaron que la policía tenía más probabilidades de tener conceptos erróneos sobre la violación que los demás profesionales que trabajaban con supervivientes de violación. En general, los agentes de policía consideraban que la apariencia de las mujeres y su comportamiento las predisponía a ser violadas, que no toda mujer podía ser violada, que la violación era menos grave si la cometía alguien con quien la mujer hubiera mantenido previamente relaciones sexuales y que las denuncias de violación presentadas por trabajadoras de la industria del sexo debían ser tratadas con cierto recelo.(72)
"La matasteis vosotros, pero ahora la enterraremos nosotras"
Kadriye Demirel tenía 18 años y estaba embarazada de seis meses cuando su hermano de 19 años la mató con un cuchillo de carnicero en noviembre de 2003. Su primo la había violado, y al comunicárselo ella a su familia, ésta tomó medidas para que el violador fuera procesado. Sin embargo, sobre la base de su declaración y de la negación de la violación por parte de su primo, el fiscal se negó a abrir una investigación. Tampoco la remitió a una autoridad estatal o una ONG para que ingresara en una casa de acogida. Al parecer, un consejo de familia ordenó que debía morir. Después del asesinato, su hermano fue detenido. Su familia insiste en que él tomó la decisión de matarla por sí solo. Asistieron al funeral cientos de mujeres, que, desafiando la costumbre, no dejaron que fueran los hombres quienes la enterraran y estuvieron rezando en el cementerio.
Estas actitudes han contribuido a que las mujeres tengan poca fe en que se tomen medidas efectivas contra los perpetradores de violencia doméstica. Es más, la falta generalizada de confianza pública en las fuerzas de seguridad debido a su historial en materia de derechos humanos disuade a las mujeres de buscar el apoyo y la protección del Estado o de sus agentes y contribuye a hacer que la violencia contra las mujeres sea un delito que pasa desapercibido. En un estudio realizado en Turquía, el 57 por ciento de las mujeres encuestadas habían sufrido violencia física, pero de este grupo solo un 1,2 por ciento se lo había notificado a la policía y sólo un 0,2 habían presentado denuncia.(73) El historial de abusos cometidos por la policía también hace que se tema por la seguridad de los maridos y familiares denunciados por actos de violencia.
Abogadas de Mersin especialistas en violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. © AI
"Estaba preparada para cualquier cosa, pero no para lo que hizo con mi hija."
El marido de "Reyhan" la golpeaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales. La trató así a lo largo de los 13 años que duró su matrimonio. "Llevo un tiempo trabajando, porque mi marido está en paro –cuenta "Reyhan"–. Un día, a principios de año, al volver a casa lo vi abusando de mi hija [de nueve años de edad]. Me quedé sin habla, del miedo que me dio. Tres días más tarde me marché de casa con mi hija. Tuve que dejar a los niños con él, aunque sabía que su familia se ocuparía de ellos. Estamos viviendo con mi padre, pero no sé qué hacer; está muy enfermo y no puede cuidar de mi hija, así que no puedo trabajar. Cuando llegó el día de la primera audiencia, tenía tanto miedo que me temblaban las piernas Pero el juez se portó bien: fue una audiencia secreta, y solicitó un informe médico [...] ¿Por qué tenía que descubrir mi honor para una inspección? La comunidad turca mira de forma muy crítica estas cosas. Ocurra lo que ocurra, la mujer sufre. Pero me dije que, alguien que había podido hacer esto [abusar de una niña] es capaz de cualquier cosa, así que de ahí saqué el coraje necesario".(75)
Las mujeres en Turquía necesitan casas de acogida. En un estudio en el que el 26 por ciento de las mujeres entrevistadas habían sido golpeadas por sus padres y el 33 por ciento por sus maridos, el 91 por ciento afirmó que les habría gustado encontrar refugio en algún centro social. También pensaban que esta función era responsabilidad del gobierno local o nacional(76).
Las organizaciones de mujeres de Turquía necesitan casas de acogida. Sostienen que, excepto en lo referente a las auditorias económicas, tales centros deberían ser gestionados con total independencia del gobierno. La Fundación Tejado Púrpura, organización de mujeres independiente, que presta apoyo a grupos de mujeres, edita un boletín de noticias y proporciona servicios de asesoramiento y apoyo por teléfono, informó a Amnistía Internacional de algunas dificultades con las que se tienen que enfrentar las activistas de los derechos de la mujer en Turquía. "Tenemos informes según los cuales las casas de acogida gestionadas por el gobierno rechazan a las mujeres que no llevan sus tarjetas de identidad consigo –dijo una representante de la organización–. Cuando escapas de un hogar violento, ¿te vas a acordar de tu tarjeta de identidad?".(77) Las casas de acogida gestionadas por el gobierno han sido criticadas por no aceptar a mujeres de ciertas categorías –como prostitutas, mujeres con problemas de salud y embarazadas–.
Fundación Tejado Púrpura (Mor Çati). © AI Además de para proteger a las víctimas de nuevos agresiones, la apertura de casas de acogida puede servir para poner de manifiesto la magnitud del problema de la violencia oculta contra las mujeres. Lo que ocurre dentro de la familia es privado. La existencia de casas de acogida puede representar una amenaza, porque da una dimensión pública al problema. Si una mujer muere en la calle, puede parecer que el gobierno queda exento por ello de importantes obligaciones. La muerte no es registrada ni incluida en las estadísticas del gobierno, y la mujer no necesita ya la ayuda de las autoridades para encontrar refugio ni protección contra el maltratador.
Sin embargo, los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de impedir la violencia contra las mujeres y de protegerlas. Las ONG señalan que hay una grave falta de casas de acogida gestionadas por gobierno y que son pocos los servicios de apoyo de los que se dispone en la actualidad: aproximadamente 14 "casas de huéspedes" y 19 servicios comunitarios para apoyar a las mujeres que sufren violencia en el hogar. En 1997 y 1999 fueron clausuradas, por falta de fondos, dos casas de acogida gestionadas independientemente y que realizaban servicios de gran valor para las mujeres que escapaban de la violencia y para educar a la comunidad, incluida una campaña para la educación efectiva de la policía. En la actualidad, el papel de las activistas de los derechos de las mujeres es crucial para garantizar que al menos un pequeño porcentaje de las mujeres afectadas recibe protección. Una trabajadora de una ONG le dijo Amnistía Internacional: "Todo el mundo nos envía mujeres que han sufrido violencia. Todo el mundo. El gobierno, la policía, todo el mundo. No tenemos las instalaciones necesarias para satisfacer la demanda".
Indulgencia con los delitos en nombre del "honor"
Informes procedentes de todo el mundo demuestran que las mujeres corren mayor riesgo de sufrir violencia en las comunidades en las que las sanciones contra dicha violencia son leves y la imposición de las sanciones existentes es ineficaz.(78)
Primeras condenas de cadena perpetua por homicidios en nombre del "honor"
Los tribunales han empezado a imponer condenas que reflejan la gravedad de los homicidios en nombre del "honor" y la responsabilidad de los jefes de clanes familiares que ordenan cometerlos. Elife Atlihan sólo tenía 15 años cuando su familia la obligó a suicidarse. Según informes, cuando ya no podía ocultar lo avanzado de su embarazo, les dijo que su primo la había violado. Al negar éste la acusación ante una reunión familiar, su madre le entregó una cuerda y le dijo que "limpiara su honor". Su hermano, a quien habían dicho que se ocupara de que lo hiciera bien, la encontró llorando; decía que la silla no era lo bastante alta y que no lo podía hacer. La ayudó a colocar la silla a la altura adecuada. Cuando volvió, ya estaba muerta. El 1 de marzo de 2003, el hermano y la madre fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua. Al día siguiente, la madre se suicidó en prisión. Al parecer, se había pasado el día llorando y negando que hubiera obligado a su hija a matarse.
El matrimonio no salvó a Emine Kizilkurt. Acusada de "ir con chicos", fue obligada a casarse. Sus familiares decidieron que, a pesar de ello, debía morir. Su hermano la estranguló el 12 de junio de 2002. En marzo de 2004, el Primer Tribunal de Delitos con Agravantes de Sanliurfa lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a cadena perpetua. Su padre, su tío y otros seis miembros varones de su familia fueron condenados cada uno a 16 años y 8 meses de prisión por instigar al asesino y por asociación en un delito. Fueron inhabilitados para cualquier función pública de por vida. La defensa no alegó provocación. La causa se encuentra en fase de apelación.
Estas cadenas perpetuas fueron las primeras impuestas por delitos en nombre del "honor" en Turquía. Si el Tribunal de Apelación confirma las condenas de los asesinos de Emine Kizilkurt, esta causa marcará un hito en el derecho turco. Estos casos son muestra de las medidas positivas que se han tomado y de los esfuerzos que se están realizando dentro del sistema judicial turco para tratar los homicidios en nombre del "honor" con la misma gravedad que cualquier otro asesinato. También han demostrado la complejidad de tratar este tipo de delito y la necesidad de que las familias y las comunidades busquen otras opciones para evitar tragedias tan innecesarias.
Sin embargo, aunque algunos tribunales parecen haber empezado a aplicar las reformas realizadas, las facultades discrecionales concedidas a los jueces siguen haciendo posible una indulgencia injustificada en estos casos. Sigue siendo habitual la reducción de la condena a discreción de los jueces, que todavía tienen en cuenta la "grave provocación" de la ofensa a las costumbres, la tradición o el honor, así como la juventud de los perpetradores, razón por la cual las familias suelen recurrir a hombres jóvenes para cometer estos delitos.
Un grado inaceptable de tolerancia
En enero de 2004, un hombre fue condenado a 24 años de prisión por matar a su pareja a puñaladas. Se habían casado en una ceremonia religiosa no oficial (imam nikahý) y habían tenido tres hijos. La condena de prisión fue reducida a dos años y seis meses después de que él entregara al tribunal fotografías de su pareja con otro hombre, que fueron admitidas como prueba de "grave provocación", y debido también a su "buena conducta" ante el tribunal.(79)
En la mayoría de los casos, las autoridades no se aseguran de que los perpetradores de la violencia en el hogar sean llevados ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. A Amnistía Internacional le preocupa además que las autoridades tampoco se cercioren de que las mujeres que han sufrido violencia tengan acceso a toda la gama de derechos de reparación, incluida indemnización por lesiones, rehabilitación y resarcimiento.
Emine Yaman, de 34 años, está paralizada desde la cintura hacia abajo desde agosto de 1999, cuando recibió un disparo de su marido. Éste fue declarado culpable de negligencia con resultado de amenaza a la vida y de tenencia ilícita de armas y estuvo recluido en prisión preventiva durante unos meses. Su único castigo, reducido visto su "buen comportamiento ante el tribunal", fue el pago de una multa de cerca de 1.200 dólares estadounidenses. Emine Yaman explicó a Amnistía Internacional que, cuando su marido le pidió el divorcio para poder casarse con otra mujer, ella estuvo de acuerdo. Un mes antes de que el tribunal decidiera sobre su pensión alimentaria, disparó contra ella en la calle. No pudo testificar en su juicio porque se encontraba hospitalizada. Aunque un tribunal ha ordenado al marido el pago de una indemnización, las autoridades no han tomado ninguna medida para ejecutar esta orden. Emine Yaman tiene aún que recibir un informe médico completo sobre su estado. "Si tienes a alguien que esté al tanto de todo esto, todo sale adelante –cuenta–, pero, en este país, ¿qué es la justicia? […] Quiero demandar a mi marido. Miren lo que me ha hecho. Tortura tras tortura".(80) Uno de sus tres hijos, que entonces vivían con la familia del padre, murió cuando Emine Yaman se encontraba en el hospital. "Lo estoy intentando todo para distraerme de ese dolor", dice.
Emine Yaman. © AI
Retando a la violencia
Numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de toda Turquía dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres o de otros derechos han realizado en los últimos años labores de cabildeo ante el gobierno central para reformar leyes que se han quedado desfasadas. Han creado centros especiales que trabajan con mujeres para que puedan acceder a todos sus derechos. En el marco de sus labores de defensa, realizan campañas para prevenir los homicidios en nombre del "honor" y ponerles fin, y se ocupan de casos de mujeres que necesitan la protección de la ley. También proporcionan refugio a mujeres expuestas a sufrir violencia en el ámbito familiar.
Abriendo caminos
KA-MER, organización de mujeres radicada en Diyarbakýr, empezó su andadura en 1997 con el fin de ayudar a las mujeres a conseguir una educación, incrementar su independencia económica y verse libres de la violencia. Su trabajo de prevención de los homicidios en nombre del "honor" ha ido incrementándose a lo largo de este periodo a la vez que las dimensiones del problema se han puesto de manifiesto y que su experiencia ha aumentado.
"No hay tal cosa como el derecho a golpear"
En 1997, ocho abogadas presentaron una reclamación contra un juez que se negaba a otorgar un divorcio por considerar que la mujer estaba embarazada y, por tanto, no podía haber sufrido violencia a manos de su marido. Además, el magistrado citó en la sala un proverbio que reza: "Que la espalda de la mujer nunca esté libre de golpes ni su vientre vacío". Tras la denuncia, 2.000 mujeres se manifestaron en las calles de Estambul con los lemas "la violencia se origina en la familia" y "no hay tal cosa como el derecho golpear".
Tras la trágica muerte por lapidación de Semse Allak (véase el apartado "Muerte por lapidación" supra), KA-MER ha iniciado una campaña para impedir que vuelva a producirse una tragedia similar. Destacar la necesidad de que todas las partes de la sociedad den prioridad con urgencia a poner fin a la violencia contra las mujeres es una característica de su trabajo.
"No pudimos salvar a Semse Allak , pero estamos aquí para intentar salvar a ‘Zozan’’’
La vida de "Zozan" estaba amenazada desde que un familiar empezó a hacerle llamadas telefónicas con amenazas e insinuaciones sexuales. Su marido le dijo que él ya no podía ir por el pueblo con la cabeza alta. Su familia decidió que debía morir, ya que su "nombre estaba en todos los comentarios". De 25 años de edad y con 10 hijos, "Zozan" se casó cuando tenía 14 años. Aunque su marido creía que era inocente y quería defenderla, la familia se vio socialmente aislada porque él no había "limpiado su honor". La gente apartaba la vista cuando se cruzaba con ellos en la calle. Sus hijos eran objeto de burlas y hostigamiento en la escuela. La presión sobre el marido de "Zozan" era muy fuerte. Dos años antes habían matado a su cuñada "por motivos de honor"; un familiar había sido declarado culpable de "agresión con agravantes" y había pasado dos años en prisión. "Todo el pueblo quiere que muera. Si él dice la palabra clave, ella morirá", explicó una representante de KA-MER a Amnistía Internacional.
En una medida sin precedentes, KA-MER organizó una reunión para hablar de la situación de "Zozan". Acudieron representantes de la oficina del gobernador y el departamento de salud provinciales, de la universidad de Diyarbakýr y de organizaciones de mujeres, así como abogados, psicólogos, psiquiatras e investigadores. KA-MER afirmó en la reunión: "Nosotras no podemos hacerlo solas, necesitamos que todos participen". Con la cooperación de elementos dispares de la comunidad y del gobierno, "Zozan" y su familia fueron realojados en otro pueblo. Ella sigue estando amenazada, pero el riesgo de que la maten es menor.(81)
Se puede medir el éxito del trabajo de KA-MER por la cantidad de gente que acude a ella en búsqueda de consejo. A menudo, los hombres también quieren verse rescatados de la presión sin tregua a que son sometidos por sus familias. Dos hombres a los que se había ordenado desde el otro extremo de Turquía que quitaran la viva a una joven de su familia acudieron a KA-MER para solicitar ayuda y no tener que matarla.(82)
Mujeres de la organización KA-MER, Diyarbakýr. © AI
Violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres
Una abogada contó lo siguiente a Amnistía Internacional: "Había una joven abogada que llamó al Centro de Derechos de las Mujeres desde una pequeña ciudad de Turquía. Estaba tremendamente nerviosa porque tenía que acudir a los tribunales para solicitar una orden de intervención familiar por primera vez. Llamó para pedir consejo. Le dijimos: ‘Tu actúa con seguridad. Diles que sabes todo lo que hay que saber sobre esta ley [la Ley de Protección de la Familia, de 1998], y que esperas que procedan inmediatamente a otorgar una orden de protección y a asegurarse de que se ejecuta’. Nos llamó más tarde para decirnos que todo había ido a la perfección".(84)
Sin embargo, la violencia en el ámbito familiar puede extenderse a las activistas que protegen los derechos de las mujeres y su capacidad de elegir.
Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan KA-MER y otras organizaciones de mujeres que intentan trabajar contra los delitos en nombre del "honor" son las respuestas dentro de la comunidad. Se ha amenazado a integrantes de KA-MER, al igual que a abogadas de mujeres sometidas a violencia. Los familiares de las mujeres les han advertido que se mantengan lejos de sus familias.
Bien sea directa o indirectamente, las familias y comunidades de muchas de las abogadas que hablaron con Amnistía Internacional intentaron disuadirlas de continuar con su trabajo.
Una abogada que trabaja para una organización de derechos de las mujeres relató a Amnistía Internacional que había recibido amenazas telefónicas de un hombre que estaba siendo procesado por torturar a su mujer. En febrero de 2002, el marido de "Aytun" empezó a creer que le estaba engañando con otro. Al parecer, cada noche le ataba las manos detrás de la cabeza, le apagaba cigarrillos en la piel, le introducía objetos en la vagina y la dejaba así, a veces durante horas, hasta que "confesaba". La llevó a comprar una pistola, le enseñó cómo utilizarla y, un día, salió con ella a dar un paseo en automóvil para ver si encontraban a su presunto amante. "Gracias a Dios que no tenía licencia para la pistola y se puso nervioso cuando vio a la policía –dijo la abogada de "Aytun"–. De lo contrario, es posible que ella estuviera ahora encarcelada por asesinato". La abogada tomó fotografías de quemaduras que su marido le había hecho en las piernas al arrojarle agua hirviendo. En abril de 2002, sus vecinos oyeron sus gritos de ayuda y avisaron a la policía. Obtuvo una orden de alejamiento contra su marido. Se le acusó de "malos tratos a un miembro de la familia" y de "agresión y palizas", pero el fiscal no solicitó su reclusión en espera de juicio. Cuando le otorgaron el divorcio, él llamó a la abogada de "Aytun" para decirle: "Esto no ha acabado todavía. Serás castigada por ser una abogada feminista. Estamos divorciados por tu culpa". (85)
Mejorar la seguridad de las mujeres en sí mismas
Las organizaciones de derechos de las mujeres proporcionan a éstas información sobre sus derechos y organizan programas de formación para que adquieran seguridad y una imagen positiva de sí mismas.
La organización Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres gestiona un programa de formación de monitoras de cursos sobre los derechos humanos de las mujeres que se imparten por toda Turquía. Estas monitoras comentaron a Amnistía Internacional que los vecinos y las parejas de las mujeres a veces intentaban impedirles asistir a los cursos. "A veces sí que hay reacciones –contó una de ellas–. Un hombre me dijo: ‘Deja en paz a mi mujer; no intentes influenciarla. Debe quedarse en casa, trabajando y cuidando de los niños’. También tenemos maridos a los que sí les importa y lo dicen, que muestran interés por sus esposas, por la educación de sus hijos, por la educación y los libros y que quieren que las mujeres también muestren este interés".
Caminando las unas hacia las otras
En julio de 2002, numerosas mujeres de Adana, Antakya, Ankara, Batman, Bursa, Estambul y Mersin caminaron las unas hacia las otras atravesando Turquía para reunirse en Konya. Durante su viaje visitaron pueblos y ciudades grandes y pequeñas. Conocieron a mujeres que no podían marcharse solas de sus casas, barrios o pueblos. Viajaron para conocer a mujeres hasta las que era difícil llegar. Hablaron con mujeres que no tenían a nadie a quien contar sus experiencias de violencia. Cada mujer con la que hablaron les dio algo, una bufanda, una carta, un trozo de tela o un tejido artesanal, con lo que se representaban a sí mismas. Al llegar a Konya, se confeccionó un edredón con todos estos regalos. "Miles de mujeres vertieron sus secretos en las cartas que nos confiaron –señaló una de las participantes en la marcha–. No podemos dejar de responder a una esperanza y a una confianza tan fuertes". La temática de las cartas fue publicada en un folleto de manera anónima. Las cartas expresan el modo en que las mujeres se conforman para no sufrir violencia.
Estamos sometidas a una fuerte presión, ejercida a veces de forma violenta, para que actuemos de forma acorde con los valores de la comunidad. Se nos obliga a conformarnos con las expectativas sociales. Desde el momento en que nacemos nuestro papel sexual es interiorizado, constantemente nos someten a examen sobre el papel que desempeñamos mientras vivimos en nuestras comunidades. Se nos obliga a mantener nuestros sentimientos en secreto. Se nos prohíbe reír y gritar "no, no quiero". No se nos permite molestar a nadie con nuestras peticiones y preocupaciones, ni hablar sobre problemas familiares fuera de la familia. Para que nadie diga "mira cómo se queja", debemos constantemente actuar como si estuviéramos encantadas con nuestra situación. Para no parecer frívolas, debemos ocultar nuestro entusiasmo.(86)
El deber de ofrecer protección y resarcimiento
Normas internacionales de derechos humanos
Los tratados y normas internacionales de derechos humanos definen la obligación de los Estados de garantizar los derechos humanos a las personas sujetas a su jurisdicción. Proporcionan garantías de libertades y derechos que las personas pueden reclamar en los ámbitos nacional, regional o internacional. Los Estados que ratifican un tratado acceden a promover los derechos previstos en él; a garantizar que son para todos y a traducirlos a leyes, estrategias y políticas; a impedir que se violen, y a proporcionar oportunidades de interponer recursos a las personas cuyos derechos son violados.
En las últimas décadas se han producido avances significativos en el compromiso de la comunidad internacional de investigar y combatir las violaciones de los derechos de las mujeres en general y del derecho a no sufrir violencia en particular. La Declaración Universal de Derechos Humanos(87) estipula que todas las personas deben disfrutar de los derechos humanos sin discriminación (artículo 2), que "[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" (artículo 3) y que " [n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" (artículo 5). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(88) tratado vinculante en el que Turquía es Estado Parte, establece que "[l]os Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto" (artículo 3). Entre estos derechos destacan el derecho a la vida (artículo 6) y la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos (artículo 7). Esta prohibición ha sido interpretada por el Comité de Derechos Humanos, que vigila el acatamiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados, de forma que abarca la obligación de los Estados de ejercer la diligencia debida (véase el recuadro) para impedir y castigar la violencia contra las mujeres en el hogar y en la comunidad".(89)
El derecho a no sufrir tortura está garantizado además por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (90) en la que Turquía es Estado Parte. Un significativo aspecto de este tratado es que no limita la definición de la tortura a los actos realizados por funcionarios del Estado, sino que también incluye los realizados por "un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia" (artículo 1.1). Así pues, todos los elementos de la tortura, tal y como se define en este artículo, pueden estar presentes en la violencia en el ámbito familiar: ésta puede ocasionar "dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales" a una persona, y puede infligirse intencionalmente a una persona con el fin de "castigarla" o "por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación". Un ejemplo de situación en la que un Estado puede estar violando la prohibición de la tortura infligida por particulares es la violación conyugal no tipificada como delito en la ley.(91)
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha manifestado:(93)
