Turquía
¡No más violencia sexual contra las mujeres detenidas!
Introducción
Todos los días, por toda Turquía, hay mujeres que sufren violencia sexual y otras formas de violencia física. Mujeres de todos los estratos sociales y culturales han sufrido abusos, agresiones, torturas y violaciones a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de personas conocidas, de familiares e incluso de sus propias parejas. A veces se utiliza una versión distorsionada y paradójica del concepto de «honor» para intentar silenciar a las mujeres agredidas sexualmente, lo que contribuye a que prospere la violencia sexual y a que los responsables actúen con impunidad. En el informe que presentó en 1997 a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, declaró:
Capítulo 1: Antecedentes
La promoción y protección de los derechos de la mujer tuvieron un comienzo precoz y prometedor en Turquía. Las mujeres turcas obtuvieron derecho al sufragio en 1930, menos de diez años después de la constitución de la República y antes que muchas europeas. Entre los cambios recientes importantes cabe mencionar la aprobación de la «Ley de Protección de la Familia» de 1998, lograda merced a la presión constante e incansable de las mujeres que habían reclamado durante decenios medidas de protección de sus derechos en sus hogares y comunidades. Por ejemplo, con respecto a los hombres violentos, la ley contempla la prohibición judicial de acercarse al domicilio familiar; y también deja de reconocer al hombre como «cabeza de familia». No obstante, a pesar de estos cambios importantes, a Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno turco no haya cumplido plenamente en la práctica con sus obligaciones de respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las mujeres. Las mujeres turcas, como las de otras partes del mundo, corren el riesgo de ser víctimas de la violencia. La mayoría de estas mujeres son objeto de violencia física y psicológica, como agresiones, golpes y humillaciones. La mayor parte de las veces son sus parejas quienes las someten a estos tipos de violencia, aunque muchas mujeres también declaran que son víctimas de abusos de otros miembros de sus familias o familias políticas, y la mayoría de ellas recibe este trato de forma frecuente o continua. Según las encuestas, la mayoría de los profesionales de la salud y de otros ramos consideran la violencia doméstica un asunto privado entre los cónyuges y expresan claramente su intención de no intervenir cuando ésta se produce. En la mayoría de los casos denunciados, las mujeres golpeadas por sus maridos son obligadas a continuación a mantener relaciones sexuales con ellos.(3) Según un estudio, más de la mitad de las mujeres encuestadas han sufrido violación conyugal.(4) A pesar de que los actos de violencia sexual en el matrimonio se producen de forma generalizada, no están castigados por la ley; por ejemplo, el Código Penal turco no considera delito la violación conyugal. En Turquía, a algunas mujeres se las obliga a casarse contra su voluntad. A una mujer que ha sido violada, por ejemplo, se la puede obligar a contraer matrimonio con su violador o con un tercero, precisamente porque ha sido violada. Un defensor de los derechos humanos ha calificado sarcásticamente de «final feliz al estilo Hollywood» la disposición legal turca que permite que un hombre que viola a una mujer reciba una sentencia condicional si se casa con la víctima. La discriminación basada en el sexo está muy extendida. Distintos estudios han puesto de manifiesto que los muchachos tienen más probabilidades que las muchachas de proseguir con su formación académica después de la escuela primaria,(5) y que los libros de texto refuerzan los estereotipos sexistas al mostrar a los hombres en funciones de liderazgo y a las mujeres ocupándose de las tareas domésticas.(6) Las mujeres son víctimas de discriminación social (por ejemplo, no pueden elegir al cónyuge),(7) discriminación económica, como lo demuestra el hecho de que los hombres tengan mejores salarios, sean propietarios del 92 por ciento de todos los bienes y de aproximadamente el 90 por ciento del PIB, y discriminación política, ya que carecen de adecuada representación: tras las elecciones de noviembre del 2002 obtuvieron escaño en la Asamblea 24 mujeres (4,3 por ciento).
